El juez de Instrucción 1 de San Pedro, donde se tramita la causa por presuntos “apremios y privación ilegítima de la libertad”, Ariel Belda Palomar, recibirá hoy a los policías de 25 y 28 años detenidos tras la denuncia de un joven al que habrían interceptado en una situación irregular y lo habrían sometido a violencia extrema. Los acusados ya designaron defensor y se trata de una abogada particular por lo que se fijó para hoy a partir de las 8 las correspondientes audiencias indagatorias.
Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN que publicó el caso de manera exclusiva durante el fin de semana, indicaron que ayer estaba previsto que el muchacho de 23 años, víctima en el caso, ampliara su testimonial y ratificara todo lo expuesto en Gendarmería en sede judicial pero un problema de movilidad y traslado impidió que pudiera comparecer junto a un familiar ante el magistrado.
Los efectivos en la mira prestan servicio en el comando de Bernardo de Irigoyen y el 7 de agosto habrían realizado una detención irregular a un joven que transitaba por la avenida Juan José Junes de esa localidad y lo sometieron supuestamente a una tortura por lapso de unos noventa minutos. Que incluyó golpes de todo tipo, amenazas y hasta lo habrían rociado con combustible.
El caso salió a la luz casi 20 días después y el jueves pasado el juez ordenó la detención de los acusados con las primeras actuaciones de Gendarmería. Esa situación se mantiene de acuerdo a las mismas fuentes ya que los policías están privados de su libertad en carácter de incomunicados en una dependencia de la misma Unidad Regional XII.
Hasta el momento desde la Jefatura de Policía no se expidieron de manera oficial. Si bien generalmente aguardan la resolución o los avances judiciales, en casos como estos es probable que haya una investigación interna o algún tipo de sanción. Si fue el caso, no lo han comunicado.
Cabe señalar que el denunciante dio detalles exclusivos a este Diario de lo vivido aquella madrugada del 7 de agosto. “Me esposaron como si nada y en el monte (cerca del basurero municipal) me bajaron. Me pegaban patadas y con palos de todo tipo para que hiciera flexiones de brazos y abdominales. En un momento no daba más y les pedí que me maten nomás que ya no podía, solo se reían y me dejaban descansar cinco minutos”, detalló.
A la consulta de cómo y cuándo lo soltaron, relató: “Vieron que no daba más, yo les insistía que me maten ya y ahí me subieron al patrullero. Fuimos detrás de la terminal de colectivos y me bajaron. ‘Corré y no mires para atrás, si denunciás te matamos’, remarcaron”.
Comenzó a caminar lento y casi arrastrándose por los fuertes dolores. Aseguró que escuchó un estruendo como si fuera un disparo de arma de fuego. “Sentí que me pasó cerca de la pierna y ahí corrí, luego escuché un tiro más pero no sé dónde cayó”.
De no mediar modificaciones, el expediente gira en torno a la acusación por “apremios y privación ilegítima de la libertad”, delitos que se agravan por la condición de funcionarios públicos de los acusados quienes podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión.
