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El freno en la recaudación obliga a la Provincia a reducir gastos en algunas áreas

Hay algunos proveedores que están preocupados por el crecimiento de la deuda de la Provincia. En varios ministerios y organismos públicos, desfilan empresarios reclamando por los expedientes con sus pagos.

1 agosto, 2023

El Gobierno de Misiones puso un freno al gasto público desde mayo, aproximadamente, y ello ha generado un crecimiento de las deudas con proveedores, constructoras y prestadores de servicio que ha comenzado a generar preocupación. Todavía es leve, pero empieza a crecer como murmullo en una administración que hace muchos años se maneja casi sin demoras ni sobresaltos.

Los motivos principales son tres: el ajuste de la Nación a las transferencias no automáticas (hay fondos y obras presupuestadas que no están llegando), la disminución de la recaudación nacional -que repercute en la coparticipación provincial- y un freno en el crecimiento que venía trayendo la recaudación de Rentas de Misiones. De hecho, la Provincia dejó de publicar los datos de su recaudación en diciembre pasado.

A diferencia del año pasado que los ingresos siempre crecían en porcentajes superiores a la inflación, este año los fondos crecen menos. Quiere decir que, en términos reales, el Estado está sufriendo una disminución de sus recursos disponibles cada mes.

Dos proveedores del Estado misionero fueron consultados y confirmaron que ya pasaron varios meses sin cobrar y nunca tuvieron demoras tan largas. Uno es proveedor de insumos del IPS y el otro asiste con mercaderías y víveres al Ministerio de Desarrollo Social. En ambos casos, la suma asciende a más de 500 millones de pesos.

Otro empresario de la construcción, consultado por PRIMERA EDICIÓN, estuvo esta semana en la oficina del presidente de un organismo insistiendo para que le paguen alrededor de 880 millones de pesos por obras realizadas, pero no tuvo ninguna solución. “Son fondos que vienen de la Nación, pero de un día para otro se cortaron. Tengo tres meses sin recibir un peso y no frené las obras. Si en agosto no recibo el pago tengo que frenar o voy a poner en riesgo mi empresa”, explicó a la salida de la oficina gubernamental.

Ninguno de los empresarios quiso dar su identidad para que se publique porque desde el Gobierno le dijeron “que aguantemos” y que “va a ser un semestre difícil pero después mejorará”.

Las deudas no solamente se generan con proveedores grandes, que tienen cierta espalda para resistir, sino que hay demoras en el pago hasta a las cooperativas de trabajo.

CAÍDA. Misiones, la segunda provincia más perjudicada en el primer semestre en transferencias automáticas de la Nación.

Una de las cooperativas que tiene la tarea de barrer la ciudad de Posadas no recibe los pagos de sus asociados desde hace dos meses. En otro caso, donde realizan empedrado para el IPRODHA, señalaron que “se pusieron más exigentes con los requisitos, con el 322 y nos están demorando más que antes los pagos”.

En todos los organismos que manejan obras públicas, que son varios, hay caravanas de empresarios casi a diario que están pidiendo audiencia con los encargados para consultar sobre los expedientes de sus pagos. Ríos de lágrimas, lamentos, quejas se escuchan, pero nada ablanda a los que deben agilizar los trámites.

Ninguno de los consultados cree que la Provincia se quedó sin fondos porque trabajan hace años con el Estado y saben que la renovación tiene prolijidad y previsión en el manejo presupuestario. Lo que creen es que se viene un tiempo de ajustar en cinturón y hacer mucho con poco.

El viernes alrededor de las 11, un grupo de constructores se reunió con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, preocupados por la demora de los pagos.

Justamente Safrán fue quien blanqueó la situación en declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones cuando aseguró que la disminución de recursos está causando inconvenientes a la hora de cumplir los compromisos.

“La coparticipación, en lo que va de este año, vino complicado hasta abril, con un crecimiento por debajo de la inflación. De acuerdo a los análisis que hacíamos en la Comisión Federal de Impuestos, mucho tuvo que ver con el comportamiento del IVA aduanero. Cuando se importan bienes o servicios, se tributa IVA que se coparticipa. A partir de que hubo en los primeros meses del año importaciones bastante restringidas, hubo una caída de la recaudación del IVA aduanero, afectando seriamente a los recursos coparticipables”, explicó el titular de Hacienda de Misiones.

A su vez, “en los meses de mayo a lo que va de julio volvió ya a niveles normales, pero dejó un desfasaje de los meses anteriores”.

Sobre la reunión de constructores, PRIMERA EDICIÓN consultó a Nicolás Dei Castelli, quien señaló que “con estos niveles de inflación tan altos, se nos torna complejo a las empresas si ocurren atrasos en las cadenas de pagos. Hay muchas obras financiadas por Nación que fueron demorando los pagos y repercute en nosotros”.

Agregó: “Más aún, considerando que muchos organismos tienen mecanismos de actualización de contrato que estaban preparados para inflaciones menores al 30%. Ya que los mismos no son automáticos y los pasos administrativos son largos, con una inflación como la de hoy el tiempo es clave”.

Dijo que se reunieron con Safrán “para buscar soluciones acordes a los tiempos que estamos transcurriendo. La reunión fue muy fructífera. Seguiremos en contacto con él para manejar una agenda en común para atravesar estos momentos”.

Por último admitió que en las obras financiadas por la Provincia “también hay atrasos pero no en la totalidad”.

 

Menos fondos nacionales

En los primeros seis meses del año se generaron cuatro meses de caída en las transferencias de la Nación a las provincias, según el último informe de la consultora Politikon.

La sequía les generó un agujero muy grande a las cuentas fiscales, haciéndole perder miles de millones de dólares de recaudación. A ello se suman los compromisos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el ministro Sergio Massa debe cumplir en medio de su carrera presidencial, lo que le está obligando a recortar todo gasto que no sea imprescindible. Con esa lógica solo sobrevive el sueldo y otras prioridades de la salud pública, a seguridad y educación.

Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional (coparticipación, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal) enviadas al consolidado de provincias y CABA totalizaron en el mes de junio 2023 unos $1.282.425 millones. En la comparación contra igual mes del 2022 muestran una variación nominal del 112,3% (en junio de 2022 los envíos fueron por $603.983 millones). Sin embargo, al descontar la inflación del período (proyectada en 7% según proyecciones privadas y propias), la variación real mostró una caída del 2,2%, siendo la tercera consecutiva y la cuarta en los últimos seis meses.

Al analizar los números exclusivos de la provincia de Misiones, se observa que en junio tuvo una disminución de los fondos recibidos de 2,2% real, en comparación con el mismo mes de 2022, solamente superada por CABA y Buenos Aires con 4,2%.

Y en el acumulado de los primeros seis meses del año, Misiones registró una disminución de las transferencias automáticas recibidas de la Nación por 1,8%, solamente superada por Buenos Aires que perdió -3,5%.

Pero hay otra caída y está directamente relacionada a la decisión política de reducir gastos y recortar los envíos a las provincias: en esa lógica, llegan menos fondos nacionales para obras, para programas, para convenios y menos fondos de libre disponibilidad. La mayoría de los organismos de Misiones usan fondos de recaudación provincial y fondos nacionales. Los últimos están siendo fuertemente disminuidos.

Con los resultados de base caja que publicó la Secretaría de Hacienda con datos de mayo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) midió que “dentro del gasto primario acumulado de los primeros 5 meses del año, se observaron caídas significativas interanuales reales en las asignaciones familiares (41,5%), en los subsidios al transporte (26,6%) y transferencias corrientes a provincias (25,4%)”, estimó ese centro de estudios.

Por su parte, para la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el panorama en lo que va del año refleja que “los gastos primarios cayeron 9,9% anual en el acumulado a mayo, contracción liderada por la reducción en las asignaciones familiares (30% anual) y los subsidios a la energía (20% anual)”.

Le siguió, en orden de mayores recortes presupuestarios (27,1%), las transferencias a provincias.

“Cajas previsionales provinciales, $41.804 millones (-19,6% anual). Transferencias a Hospitales, $37.854 millones (-2,1% anual real). Asistencia financiera a provincias y municipios, $257 millones vs. $21.981 millones acumulados a mayo 2022 (-99,4% anual real)”, consideró el organismo.

Respecto a las transferencias de capital (-20,4%), hubo elementos como aquellos envíos a provincias y municipios que cayeron -2,7% anual real, y reducciones más amplias a obras de saneamiento (-21% anual) y vivienda (-18,2% anual). También fueron recortadas las destinadas a Fondos Fiduciarios (-63,5% anual). Sobresale, según OPC, la caída de las transferencias al Procrear (-89,1% anual). En el ítem de subsidios energéticos (-20%), se destacan CAMMESA (-47,6% anual).

Según Analytica, en mayo el gasto real devengado sin estacionalidad cayó $33.351 millones (-1,4%) respecto a abril mientras que en su comparación interanual, el gasto real se redujo 12,8%. Además, la consultora detalló que, si se excluyera de la cuenta el gasto en subsidios energéticos, la variación sería del 15,3%.

El estudio privado también hizo un ejercicio para medir cuál fue el ritmo de recorte del gasto que aplicó el ministro Sergio Massa desde que asumió en el Palacio de Hacienda.

“En los meses comprendidos entre agosto de 2022 y mayo de 2023, el gasto se redujo un 16% si se lo compara con el mismo período de un año atrás”, calculó Analytica.

 

Tags: CoparticipaciónDemorasMisionesNaciónProveedores de serviciosRecaudacióntransferencias no automáticas
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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