Los intendentes Luis “Lucho” Ripoll y Carlos Flores (de Garupá y Candelaria respectivamente) autorizaron un “boletazo” en el servicio urbano e interurbano del transporte público de pasajeros, que llegó hasta un 100% en la primera.
Las normas legales que benefician al Grupo Z ya entraron en vigencia. Aunque pasajeros y choferes consultados por PRIMERA EDICIÓN confirmaron que la tarifa seguía siendo la misma hasta ayer. Pero se estima que se aplicará desde las próximas horas.
Se especula entre los usuarios que la publicación del decreto es una estrategia, para amortiguar el impacto que producirá en Posadas una suba similar, que se aplicará en el segundo semestre tras la audiencia pública “no vinculante”, convocada para el próximo jueves 29 de junio en el Centro de Convenciones. Posadas tiene cerca de 400 mil habitantes prácticamente cautivos de un solo grupo de empresas, que concentran el 90% del negocio y es la única que presta el servicio en Garupá.
Llama la atención que este aumento aparezca justo después de una maniobra de presión, ejercida por las mismas empresas del Grupo Z la semana pasada, aplicando una reducción de servicios durante días hábiles, perjudicando a los usuarios y sin explicar los motivos. Aunque se entendió que buscaba, justamente, lo que ahora se confirmó con el decreto.
En Garupá
“Lucho” Ripoll firmó el decreto 22/2023 que dejó los nuevos costos en $97,50 con la tarjeta SUBE Misionera y $135 sin el plástico, duplicando los valores actuales que se ubican en $50 hasta Santa Helena y $65 hasta Garupá con la tarjeta; y $70 pagando en efectivo.
Según el intendente Ripoll, hubo un “requerimiento de los empresarios concesionarios del transporte de pasajeros, de un mayor incremento sobre la tarifa actual” y “se debe tener en cuenta la necesidad de los ciudadanos y los reclamos por ellos efectuados”.
Agregó que “los decretos provinciales Nº171/2007 y Nº14/2014 – Anexo 5 y Acta de fecha 20/01/2014” le permiten tomar esta decisión en el marco del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano.
El artículo 1° establece la nueva tarifa “a partir de la publicación de la presente”, sin embargo hasta ayer todavía no se había puesto en práctica en las unidades.
El segundo artículo “insta a las empresas concesionarias del servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de Garupá, al mejoramiento y optimización de la prestación conforme a los requerimientos planteados por los derechos de los usuarios”. Este no tiene precisión alguna sobre el supuesto “mejoramiento” y los usuarios descreen que el servicio mejore.
El Grupo Z no tiene competencia en Garupá y, desde hace años, llueven los reclamos por falta de frecuencias en horarios pico, fines de semana y feriados; así como nuevas rutas y refugio en las paradas.
En Candelaria
El intendente reelecto, Carlos Flores, emitió la resolución 14/2023 para determinar los “boletazos” con fecha 23 de junio pasado.
La fundamentó en tres considerandos: que “desde hace prácticamente un año que no se incrementa la Tarifa del Transporte Público de Pasajeros, para las líneas que competen a Candelaria; que atento a ello, y de acuerdo al análisis técnico y de experiencia en esta tarea, y en mantener una gestión armónica entre los actores intervinientes, que resguarde la economía familiar y que usan este medio de transporte; y que con esta nueva modalidad de ajuste se respeta la autonomía municipal muchas veces pregonado pero pocas veces se refleja en las acciones políticas como si se hace con esta medida por parte del DEM”.
Así, las nuevas tarifas son: dentro del ejido de Candelaria: $75 con SUBE y $105 sin tarjeta SUBE.
A su vez, de Candelaria a Garupá $97,50 con Tarjeta SUBE y $ 135 sin Tarjeta SUBE; entre Candelaria y Posadas, saldrá $114 con Tarjeta SUBE y $150 sin Tarjeta SUBE.
El preludio Z
En una reciente entrevista televisiva, el empresario Marcelo Zbikoski había fijado un costo de $500 por boleto sin subsidios. También dijo que los equipos tecnológicos de la tarjeta SUBE estaban obsoletos y debían ser actualizados. Y para ello, dio a entender sugestivamente que necesitaría más recursos mediante subsidios del Estado o aumento de la tarifa.
Sin embargo, no dijo nada sobre un convenio firmado el año pasado con la Provincia por medio del cual comenzó a recibir más dinero y se comprometió a invertir US$ 3.000.000 para renovar los equipos lectores de la tarjeta. No solo que no hizo esa inversión sino que además, las empresas dejaron de entregar nuevas tarjetas durante los primeros meses del año sin dar ninguna explicación a los usuarios obligándolos a pagar un boleto más caro.
En definitiva, el servicio no tiene ningún control del Estado provincial ni municipal, pone y saca líneas y horarios con criterio propio (desconocido), reduce el servicio sin dar explicaciones ni al Gobierno ni a los usuarios, jamás recibe actas o exigencias por sus incumplimientos, reclama más dinero (tarifa y subsidios) sin rendir cuenta nunca de cómo invierte los miles de millones de pesos que recibe todos los años.
Nadie conoce la “ecuación polinómica” mediante la cual se calculan los boletos ni tampoco hay claridad sobre un millonario fideicomiso creado por la Provincia a los fines de garantizarle un porcentaje multimillonario fijo mensual de la recaudación de Rentas.
La falta de transparencia y las deficiencias del servicio fueron una constante cada vez más pronunciada, a la par que fue consiguiendo cada vez más concesiones como en 10 comunas de la Zona Centro.
