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Director fue separado del cargo por hostigamiento y no rendir fondos

Gabriel Rojas fue director de la Unidad de Gestión Local 11 donde fue cesanteado por inasistencias injustificadas. También fue investigado y sancionado por no rendir fondos cuando fue director del BOP 72. En esa ocasión, la sanción fue una breve suspensión.

24 junio, 2023

El director del Bachillerato Orientado Provincial (BOP) 122, Gabriel Rafael Rojas, fue sumariado y separado del cargo en forma preventiva mientras dure la investigación administrativa por maltrato laboral y falta de rendición de los fondos de Transferencia de Recursos Educativos (Sitrared).

No es la primera vez que este docente será investigado por Asuntos Jurídicos del CGE: ya en 2013 fue sumariado por sus inasistencias sin justificar cuando era director de la Unidad de Gestión Local 11, cargo en el que fue cesanteado en 2015.

En 2014, cuando ya era director del BOP 72, se lo sumarió y separó de ese cargo por falta de rendición de fondos del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II) y en 2017 se le aplicó como sanción por no rendir los fondos la irrisoria suspensión de 20 días.

Seis años después, ahora como director del BOP 122, Rojas vuelve a ser investigado por no rendir el dinero que recibió del Ministerio de Educación de la Nación.

Pero también está bajo la lupa por su conducta autoritaria y abuso de poder que afectaba el normal dictado de clases: cuando Rojas no asistía a la escuela, alumnos y docentes debían dar clases en los pasillos exteriores porque el director no permitía el acceso al establecimiento en su ausencia.

Según denunciaron algunos educadores, tenía un trato persecutorio, hostigador y violento.

 

Sumariado por tercera vez

Por tercera vez, el CGE dispuso por Resolución 3951/23 la separación “de manera provisoria y preventiva” de Rojas, tanto de su cargo de director como de sus horas cátedra.

Fueron los padres, alumnos y docentes de esta escuela secundaria ubicada en el barrio El Porvenir II de Posadas quienes expusieron las irregularidades del director en varias protestas realizadas frente al BOP 122.

La situación motivó la radicación en el CGE de una denuncia administrativa por maltrato y persecución laboral hacia el personal a su cargo. La denuncia por maltrato a sus docentes fue presentada por la Unión Docente Nueva Argentina de Misiones (UDNAM) que acompañó con documentos, pedidos de informe y sumarios que Rojas acumula desde hace más de diez años.

Días atrás, un grupo de docentes presentó ante la Supervisión una denuncia en la que relataron “las irregularidades y maltratos sufridos por parte del director”. También elevaron ante el presidente del CGE, Alberto Galarza, una nota solicitando su intervención y detallando algunos de los hechos de persecución y hostigamiento verbal sufridos por parte de Rojas tanto hacia docentes como alumnos.

Advirtieron además que una profesora presentó su renuncia en marzo de este año cansada del hostigamiento y maltrato permanente del hombre que incluyó acoso laboral, insultos y amenazas telefónicas. En la actualidad, la mujer sigue con tratamiento psicológico.

También los padres presentaron en varias oportunidades reclamos por negligencia y ausencia de responsabilidades de parte del directivo hacia sus hijos.

 

Manejo de fondos sin control

Los docentes alertaron además a Galarza por el manejo inescrupuloso de los fondos por parte del director del BOP 122. Aseguraron que los presionaba “para juntar fondos por medio de distintas ventas, que serían supuestamente usados en el establecimiento, cosa que nunca pasó”.

El plantel también cuestiona al titular de la institución por el uso de los fondos del Sistema de Transferencia de Recursos Educativos (Sitrared) “sin que efectúe las rendiciones de cuentas correspondientes”.

Precisamente, en 2014, Rojas fue investigado y sancionado por el Consejo General de Educación por el mismo motivo: recibió fondos nacionales y no rindió el destino de los mismos. Paradójicamente, Rojas no solo continuó en el cargo de director sino que, nueve años después, ya en otro establecimiento, vuelve a repetir la historia.

Mientras dure el sumario, Rojas permanecerá separado del cargo pero seguirá cobrando por el mismo hasta que se dictamine en su caso. Hasta tanto el CGE designe un director suplente, el BOP 122 quedará a cargo de los profesores con mayor antigüedad.

Tags: #EducacióndirectorGabriel RojasHostigamientoMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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