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En casi tres años, externaron a 12 pacientes inimputables de la USI

La Unidad de Salud funciona en Posadas Y cuenta hoy con 78 personas albergadas, bajo tratamiento médico en un enfoque psicosocial y con buenos resultados en rehabilitación.

6 junio, 2023
ESPACIO CUIDADO. Cada paciente que llega ingresa por una orden judicial y lo mismo sucede al ser liberado.

ESPACIO CUIDADO. Cada paciente que llega ingresa por una orden judicial y lo mismo sucede al ser liberado.

Hace casi tres años comenzó a funcionar la Unidad de Salud para Inimputables (USI), en el predio lindante al Hospital Baliña. En este espacio, con un trabajo coordinado entre el Ministerio de Gobierno y Salud Pública de Misiones, residen actualmente casi 80 personas por casos judicializados, pero con un diagnóstico médico que establece la necesidad de un tratamiento interdisciplinario.

Con el paso del tiempo han logrado que 12 pacientes sean externados. No obstante, el mayor problema es la falta de acompañamiento familiar, necesario para la externación y seguimiento de cada paciente.

 

En tratamiento

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN el director de la USI, Miguel Ángel Lezcano, precisó que “se van a cumplir en julio los tres años desde su habilitación y puesta en funcionamiento”. Previamente, los inimputables se encontraban en el Complejo Penitenciario 1 de Loreto y desde su traslado “recibieron un tratamiento personalizado, conforme a su patología”.

Gracias a un tratamiento personalizado, aseguró que estas personas “cambiaron totalmente su calidad de vida, se encuentran más lúcidos, estables y dispuestos a actividades programadas”.

Respecto a la población que reside en la USI, Lezcano detalló que actualmente “contamos con 78 pacientes, de los cuales 71 son masculinos y 7 femeninos. La capacidad de alojamiento es de 100 pacientes, 75 masculinos y 25 femeninos, cada cual en su módulo correspondiente por género”.

 

En proceso de externación

El director de la Unidad compartió que, en este tiempo, mediante los informes médicos y con las autorizaciones judiciales, “se fueron dando salidas transitorias por 72 a 76 horas y también externaciones”. De tal forma, resaltó que a casi tres años de su inauguración “llevamos 12 pacientes externados”.

En este contexto, Miguel Ángel Lezcano señaló que la experiencia resultó “sumamente positiva en esta Unidad de Salud”. A pesar de que, al estar antes en la Unidad Penitenciaria de Loreto contaban con atención médica, “no contaban con todos los recursos, porque necesitábamos un edificio acorde para tratamiento de patologías”.

Sobre el contacto con el exterior, indicó que los residentes cuentan “con visitas durante el día y se invita a los familiares a que concurran regularmente porque esto estabiliza mucho a los pacientes, influye en su estado de ánimo. Cuando pasa un tiempo y no vienen visitas, ellos sienten esa ausencia”.

A nivel poblacional y para el tratamiento, comentó que “tenemos pacientes de toda la provincia alojados en la Unidad”. En el rango etario, contó que “el promedio es de 40 a 60 años”. De momento, Misiones cuenta con sólo una Unidad de Salud de Inimputables para el abordaje de los casos locales. Por su parte, el director de la USI señaló que “sería bueno implementarlo en diferentes partes de la provincia”.

 

Ser inimputables

Por su parte, el director médico de la USI, Héctor Sánchez, explicó a PRIMERA EDICIÓN que, el ser inimputables, “es una medida de protección que dicta un juez ante un paciente que, por una condición fue imputado por un hecho, pero se evaluó en Junta Médica que esa persona no tenía consciencia de lo que estaba haciendo”.

Resaltó que, al contar con un centro especializado, el objetivo es que “se estabilice con un tratamiento, con un enfoque psicosocial”. De esta forma, es un paciente “con una patología, que puede ir de un retraso madurativo a una psicosis”.

Para ello, desde la parte salud, el equipo está conformado por “psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería y complementa con asesoramiento legal y administración”, agregó.

 

Cambio de paradigma

En materia de cambios, Sánchez señaló que durante la estancia de los inimputables en Loreto “no estaban en las condiciones ni el tratamiento adecuado”. Por eso, en la USI “contamos con la asistencia de profesionales y la parte psicofarmacológica”, añadió. Para el abordaje de cada caso, indicó que “Salud Pública provee de todos los medicamentos para tratarlos”.

Al ya no ser considerados como internos, sino pacientes, todos los casos que llegan a la Unidad “tienen un seguimiento permanente”. En estos años, gracias al equipo interdisciplinario, lograron que sean “otros pacientes, han cambiado un 100% y muchos están estables”, remarcó.

Desde el punto de vista social, el director médico de la Unidad de Salud Para Inimputables explicó que es muy importante “relacionarlos con la familia”.

Sin embargo, relató que existe una problemática vigente “porque muchos de estos pacientes no tienen a nadie. En un 20 y 30% de los casos no se logró ubicar a familias y son personas que llevan años institucionalizados”.

 

Un abordaje específico y un camino para volver a la sociedad

Para lograr que sea externado, Héctor Sánchez aclaró que “es algo muy difícil, porque no es como cualquier paciente en un Hospital. Ellos ingresan por una orden judicial y lo mismo sucede para salir”. Por esto, contó que “todo depende de nuestro informe al juez, donde digamos que es un paciente estable y que cuenta con una familia”.

En el trabajo previo para lograr la externación, indicó que “hacemos salidas transitorias para ver cómo se comporta el paciente”. Sucede que esto requiere de condiciones favorables, porque “al salir al mundo exterior se encuentran con toda una vida nueva luego de estar tanto tiempo encerrados”, agregó.

Por este motivo, se necesita que las familias estén presentes: “tiene que estar coordinado el lugar, la persona a cargo para llevar a cabo los controles organizados para que el paciente no se desestabilice”. Para ello, necesita un abordaje en Salud Mental de forma ambulatoria, con los psicólogos, psiquiatras y la medicación que no debe dejarse.

Acerca de la población en la USI, el director médico expresó que “muchos de estos pacientes no recibieron en su momento el tratamiento que debería, se descompensan y eso llevó a que cometiera un delito”. Con una familia, un tratamiento y medicación correspondiente sostuvo que “estas cosas nunca habrían pasado”.

Resaltó que las externaciones se llevan a cabo una vez que todas las condiciones están aseguradas en lo que refiere a la estabilidad de la persona. Sumado a los 12 pacientes que ya fueron externados en este tiempo, “tenemos unos 4 o 5 más con posibilidades, pero aún estamos trabajando en esto”.

Héctor Sánchez señaló que “con el transcurrir del tiempo fuimos incorporando a otros ministerios, porque mediante Educación comenzó a funcionar un aula satélite dentro de la Unidad. A su vez, tenemos un convenio con la Universidad Popular, para enseñar oficios a los pacientes para que quienes están en condiciones de salir cuenten con herramientas”.

Tags: externaciónInimputablesMisionesSalud MentalUnidad de Salud para InimputablesUSI
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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