El cuestionado jefe de Gobierno de Santa Ana, Pablo Castro, sigue acumulando impugnaciones en los ejercicios financieros de su Municipalidad y esta vez los reparos de Memoria y Balance de 2022 incluyeron el pago de “planes fantasmas”, “cheques voladores”, e ingresos de dudosa legitimidad, entre otras irregularidades.
El rechazo contó con dos votos del oficialismo, los renovadores Pedro Isaac Mattos y Leonardo Acosta y Lucía Valenzuela; uno de la oposición, el ucerreísta Luis “Pato” Da Silva; en tanto que se abstuvo Eduardo Falcón, de la renovación.
Así, mientras que en los papeles es muy claro que las finanzas de la comuna están erosionadas, en los barrios se multiplican las necesidades sin atender y crece la pobreza; el Intendente y su equipo económico disponen de los recursos del Estado para saldar las abultadas multas que ya fueron impuestas en dos oportunidades consecutivas por el Tribunal de Cuentas de la provincia y con esta podría sumar, a su vez, la tercera impugnación.
Hace menos de un mes el citado tribunal había aplicado una penalización por más de $4 millones al alcalde y otros a dos miembros de su equipo económico: al secretario tesorero de la Comuna, Fernando Rodrigo Ferrari y al encargado de contabilidad, César Antonio Ferreira por movimientos que “manifiestan la existencia de un daño material” y porque los descargos formulados “no fueron suficientes para subsanar las observaciones”, citó el tribunal en su fallo de más de 21 fojas.
Fecha límite
Además de los cuestionamientos y observaciones, la documentación que tenía como fecha límite al 30 de mayo de este año como plazo final para ser elevado al Concejo, llegó apenas una semana antes y no hubo tiempo para revisarlo.
La entrega debió hacerse hace dos meses, pero se hizo sobre el límite: no se rindió la plata que ingresa por la playita ni del peaje de arena o la lista de los beneficiarios de los planes sociales y becas de trabajo. Tampoco nunca está claro el presupuesto destinado para el parque vial, o por qué se destinan $4 millones para homenaje y protocolo y únicamente $120 mil para la entrega de remedios.
No se lo quiere investigar
Con evidente frustración el concejal de JxC, Luis “Pato” Silva lamentó que sus pares no lo hayan apoyado en la demanda para avanzar en la creación de una comisión investigadora, con un solo voto a favor, el del mismo Silva, mientras que el edil Leonardo Acosta votó en contra, y otros tres concejales (Valenzuela, Falcón y Mattos) se abstuvieron.
“Cuando tomé la palabra, luego de conocer la decisión de no crear la comisión cuestioné a mis pares al respecto y argumentaron que ‘no sirve de nada porque no se llega a ningún lado’. La verdad es que con ese criterio nunca vamos a lograr que se responda ante el pueblo. Teníamos en nuestras manos la posibilidad histórica de averiguar qué se hizo con los recursos del pueblo y de exponer los casos de corrupción, pero no se quiso hacer lo que se debía”, lamentó.
Según la apreciación del concejal opositor, el hecho de no votar a favor de una investigación responde a un temor por posibles represalias, “ya que una vez que salgan de la función pública y vuelvan a la actividad privada podría tener un pase de factura”, añadió.
