SAN IGNACIO. El intendente de la ciudad de las Ruinas Jesuíticas más visitadas de la provincia, Juan Romero, se comprometió ante los trabajadores y dirigentes sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a gestionar con la Provincia para la resolución del conflicto que el último lunes precipitó, el paro y la liberación del acceso a las Ruinas -casi mil turistas entraron gratis todo aquel día- en reclamo por el pase a planta permanente, un aumento salarial y el cese de la precarización y las persecuciones.Romero se presentó en las Ruinas el mismo lunes, hacia la tarde, y fue recibido por la asamblea que en ese momento estaba decidiendo acciones a seguir tras la jornada de protesta. “Me preocupa la metodología que han adoptado para llevar a cabo este reclamo”, planteó el alcalde.A su turno, los trabajadores expusieron una situación que arrastra años y que motivó -a través de un proyecto de declaración- la preocupación explícita del Honorable Concejo Deliberante de San Ignacio: la situación laboral precarizada de casi medio centenar de obreros. Tomaron la palabra algunos trabajadores, y luego el secretario adjunto de ATE, Toto Martínez, le solicitó a Romero un compromiso de gestión para la búsqueda de una solución ante el gobernador de la provincia, Maurice Closs.“Los trabajadores dependen de la Subsecretaría de Gestión Estratégica, a cargo de Sergio Dobrusin. El intendente no tiene la solución, por eso le pedimos que se solidarice con los trabajadores precarizados, que son hijos del pueblo, y gestione una solución, que escuchen las demandas de los empleados, que están viviendo una situación salarial muy magra, con fuerte incertidumbre laboral, porque estos contratos son de seis meses y pueden echar a la gente a la calle de un momento a otro, como ha ocurrido recientemente con dos compañeros de Ruinas”, expresó Martínez.Además del pase a planta, de un apuntalamiento importante en el sueldo -piden 4 mil pesos de bolsillo, hoy varios no llegan a 2 mil- y del básico, la reincorporación de los obreros Cherey y Godoy (despedidos por plegarse a los reclamos salariales), el cese de los hostigamientos patronales por parte de Dobrusin y la creación de un fondo porcentual de lo recaudado en las ruinas a través de las entradas para distribuir entre los trabajadores. “No entendemos por qué si hasta el Concejo Deliberante se expidió y solicitó que nos atiendan y solucionen nuestro problemas seguimos en la misma situación, con aprietes, amenazas y sin que nuestras demandas, ante una evidente y probada precarización laboral, sean escuchadas. Parece que vivimos en una provincia donde el Estado puede precarizar y violar los derechos de los trabajadores a la vista de todos, en el segundo destino turístico de la provincia, mientras que a los privados se les controla y exige, entonces, sin ninguna autoridad moral”, reflexionó uno de los obreros.Ramón Toledo, otro trabajador monotributista, recordó que “la mayoría somos contratados por seis meses, sin aguinaldo, con cinco días de vacaciones al año, con un sueldo de bolsillo totalmente insuficiente, sin obra social para la familia, sin poder percibir asignación familiar por ser monotributistas y cada seis meses nos renuevan contrato, es la incertidumbre total absoluta que viven los compañeros, no se puede planificar ningún futuro, son los llamados contratos basura que está usando el Gobierno provincial con nosotros y otros tantos compañeros de la provincia, de hecho, con todos los trabajadores de Ruinas. Pedimos pase a planta permanente y estabilidad laboral, ningún compañero más despedido por reclamar lo justo”.Trasladaron a un delegado de ATE Al igual que en julio de este año, cuando los trabajadores por primera vez adoptaron la metodología de liberar la entrada a los visitantes, lo ocurrido el lunes también tuvo sus consecuencias para los trabajadores. En el marco de las “persecuciones” que denuncian por parte del responsable de Gestión Estratégica, en las últimas horas uno de los delegados de ATE que participó de la pacífica medida de fuerza fue trasladado sin motivo a un museo del pueblo. Se trata de Isidro Duarte, un empleado con 25 años de antigüedad, símbolo en las ruinas, que pese a estar en planta permanente cobra un salario mensual que con descuentos es de 2 mil pesos de bolsillo. ¿Más despidos el 31?Los comúnmente llamados “contratos basura”, sistema bajo el cual trabajan empleados de vastos sectores dependientes de la administración pública provincial, tienen un articulado que incluye la posibilidad de la “rescisión de contrato” (“léase raje”, detalló un trabajador), sin derecho a indemnización alguna. Estos contratos son por seis meses, que deben renovarse constantemente. Hay empleados que llevan años bajo este sistema, que además de representar una clara violación a los derechos elementales de los trabajadores -de acuerdo a la constitución Provincial y Nacional- funcionan en la práctica como un elemento de coerción, amedrentamiento y amenaza a los trabajadores. “Con esos contratos se garantizan que el trabajador pierda su derecho consagrado a solicitar un sueldo y condiciones laborales dignas y durante años les ha dado resultado, porque sembraron mucho miedo en gente que necesita el trabajo y no se anima a luchar, sufren la explotación en silencio por no quedarse en la calle”, observó otro de los obreros en conflicto.El 31 de diciembre vencen los contratos de decenas de contratados de las Ruinas Jesuíticas. Dos de los empelados ya fueron despedidos en octubre.Temen, los obreros precarizados, que existan más gente despedida -a la que no se le renueven los contratos- tras el 31 de diciembre. Por ello, frente a la coyuntura de total inestabilidad laboral de cara a fin de año, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pidieron que se reincorpore a los despedidos y se garanticen las fuentes laborales de todos los empleados.
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