Desde la entrada en vigencia de la actual ley, el costo de los alquileres es un drama estructural en un país que tiene entre sus principales problemas al déficit habitacional.
El costo de los alquileres que se actualiza por inflación y salarios y, por ende, afecta a millones de personas en el país, parece no estar entre las prioridades del Gobierno que bastante tiene con los problemas que heredó y con los que se autogeneró desde el primer momento a partir de los errores en los que recae una y otra vez.
Pero evidentemente, el de los alquileres es un problema menor para el Congreso y el Poder Ejecutivo argentino que, cuando pudo cumplir una promesa de campaña como fue la de establecer un sistema más solidario para los hipotecarios UVA, traicionó su propia plataforma y se desentendió del tema advirtiendo que se trataba de un conflicto entre privados.
Así las cosas, en el tramo final de una administración que los argentinos no olvidaremos fácilmente por el enorme daño que se le causó a la población, el de los alquileres seguirá siendo uno de los principales enemigos del salario.
A poco de que concluya abril los inquilinos que deban renovar sus contratos en mayo deberán afrontar un aumento del 95,9%, en medio de una escalada inflacionaria histórica y una fuerte retracción en la oferta de propiedades.
Ese porcentaje demuestra la dura realidad que vive el mercado locativo en todo el país y de lo dramático que se está volviendo para cientos de miles de familias que dependen de la oferta y de los precios para tener un techo.
En la recta final hacia octubre tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo tienen la posibilidad de reparar un aspecto de la horrible herencia que dejan. Porque al igual que las UVA y más allá de que se trate de un conflicto entre privados, siguen siendo argentinos.
