El Superior Tribunal de Justicia de Misiones ratificó la condena de dos años de prisión en suspenso para un ingeniero civil (51) de Posadas que incumplió con los deberes alimentarios que acordó ante el Juzgado de Familia 1 en 2018. El fallo unánime de ocho ministros se firmó el 22 de diciembre pasado e incluyó, además del resarcimiento con dinero del daño causado, que el condenado deba realizar un tratamiento psicológico y presentar un informe trimestral ante la jueza de sentencia.
La solución llegó tras casi dos años de ausencia de la cuota mensual de 8.000 pesos destinada a las necesidades básicas de los menores, quienes junto a su madre debieron abandonar, en junio de 2018, la vivienda del barrio Terrazas de Itaembé Miní porque el acusado se negaba a retirarse y romper el vínculo matrimonial.
La progenitora, hoy de 41 años, es empleada municipal y alquiló, hasta que no pudo pagar más, un pequeño departamento para ir a vivir. Para conseguir que su exesposo firme el acuerdo de cuota alimentaria, debió rectificar la denuncia que radicó en el Juzgado de Violencia Familiar de Posadas.
Pero el derrotero de sobrevivir con los 90 mil pesos de su trabajo, alquilar una vivienda, vestir y alimentar a sus niños no finalizó allí.
Su expareja tampoco quiso saldar la cuota del préstamo tomado por ella para adquirir una camioneta que el ingeniero utilizó bajo su nombre y la vendió en 2020 para comprar una Ford Ranger 4×4 cero kilómetro, cuando las cuotas alimentarias ya no las depositaba y tampoco respondía a las citaciones judiciales para responder por el incumplimiento.
La denuncia penal correspondiente se hizo expediente y la fiscal de Instrucción 7, Patricia Inés Clérici la elevó a juicio en 2020. El debate llegó en noviembre de 2021 ante el tribunal unipersonal que encabezó la jueza Correccional y de Menores 1, Marcela Leiva.
La fiscal del debate, María Laura Álvarez, describió en su acusación que el acuerdo para las cuotas mensuales de 8.000 pesos comenzó a incumplirse “en enero de 2019, cuando el imputado empieza a omitir dolosamente sus obligaciones alimentarias con sus hijos (…) La señora Blanco se retira de su hogar y va a alquilar un 2×2 por la calle Morcillo. El señor se quedó con la casa, pileta y quincho en Itaembé Miní”.
“El señor nunca pudo ser habido, para los informes socioambientales nunca fue encontrado y su empleada no brindaba datos. Por eso se reprogramó la indagatoria y se realizó recién el 24 de septiembre 2019. No se le encontraba, no estaba nunca, trabajaba todo el día según la empleada. En el 2020 con la pandemia está la omisión dolosa y deliberada: no sólo se compró una Ford Ranger 2020 cero kilómetro, sino que la pandemia paralizó todo y hubo faltantes de ladrillos y cemento, y todo el mundo como no podía salir se dedicó a reformas en su casa. Fue cuando más demanda de trabajo se registró en la construcción”.
En otro tramo la fiscal Álvarez destacó: “La señora alquiló para vivir y jamás impidió un régimen de comunicación y contacto de sus hijos con el padre. Es empleada pública, los chicos no tienen vacaciones desde el 2018 y viven en un departamentito”.
“Acá hay una afectación al bien jurídico de familia. Se homologó un acuerdo para la subsistencia de sus hijos menores, contando con los recursos necesarios, tenía empleada, cambió su camioneta, no era insolvente. Acá estamos también ante un caso de violencia de género fundamentalmente a partir del compromiso internacional que asumió el Estado argentino para sancionar, prevenir y erradicar, la violencia de género contra la mujer con la ley 24.632 en la convención de Belém Do Pará. La violencia no es sólo física, verbal o psicológica, sino también económica y acá hay una relación desigual de poder. Él es ingeniero, ella empleada administrativa y le hace devolver una mesita y la castiga además dónde más le duele, con el alimento a los hijos”.
“La violencia económica la dejó en estado de vulnerabilidad y desamparo generando la dependencia y eliminar los recursos económicos para satisfacer una vida digna acá también tiene un correlato la Convención de los Derechos del Niño. Tienen derecho a tener una vida digna y acorde a como estaban en familia. Por lo que entiendo que esta omisión deliberada es dolosa y viola el artículo 1 de la ley 13.944”.
La defensa alegó: “No desconocemos que la compra de ladrillos y chapas son para refacciones mínimas del hogar (…) Pero mi cliente se dedica al cálculo de estructuras para edificios no para levantar un pared en un domicilio particular. Es ingeniero civil pero su actividad es el cálculo de estructura y la construcción de edificios estuvo suspendida durante la pandemia, hubo escasez pero para cambiar un techo que lo hace un albañil”.
“Respecto a la cuota alimentaria, no hubo incumplimiento total, hay un incumplimiento parcial por circunstancias extraordinarias. En el momento que mi cliente a pesar de estar sin trabajo, de hacer trabajo virtual, perdió la relación de dependencia y no tuvo intención manifiesta de abstraerse a su obligación alimentaria”.
La querellante recalcó en el juicio: “Quiero reclamar la cuota alimentaria, por su incumplimiento se me generaron muchos daños, tanto psicológicos como morales, estos daños afectaron paralelamente a mis hijos. Él se compró una camioneta cero kilómetro y se fue de vacaciones al exterior. Esto es indignante como madre, me generó angustia en relación a mi situación económica”.
“Tuve que salir a pedir dinero prestado para poder solventar todos los gastos mensuales, tuve que firmar pagarés a todas las personas que le pedí dinero. Me fui voluntariamente de mi hogar, pero tomé esa decisión en base a que no podía seguir la convivencia, en muchas ocasiones intenté dialogar pero él me decía que sólo lo iban a sacar con los pies para adelante de nuestra casa”.
