Mediante la resolución 86/2023 del Ministerio de Transporte de la Nación se estableció la distribución del “Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país”, por la suma de $7.000 millones mensuales durante los cuatro primeros meses del año. Transporte ordenó que la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios realice las liquidaciones correspondientes del primero y segundo mes de 2023, puesto que son plazos vencidos o próximos a vencer. Además, pidió que se avance con las liquidaciones de los dos meses restantes.
El documento dispone la distribución de $28.000 millones hasta abril, proyectando un cálculo de $84.000 para todo el año 2023, que es la cifra que exigieron las provincias y las empresas a la Nación en las sucesivas negociaciones y reclamos efectuados el año pasado. Con esta cifra, siempre que el Estado Federal gire el dinero en términos, no se deberían repetir los conflictos salariales que causaron numerosas medidas de fuerza del gremio de la UTA en los últimos meses, perjudicando a los usuarios de todo el interior. En CABA no hubo reclamos salariales.
La resolución, que aparece unos días después de que la UTA anunciara un paro total de actividades para sentarse a negociar paritarias, establece en su artículo 3 una metodología de distribución de los fondos como Anexo I donde se indica: “El importe de cada cuota se determinará teniendo en cuenta el personal que corresponda a cada operadora por un lado, y los kilómetros informados para cada empresa/jurisdicción por otro”.
En el artículo 6 se advierte que uno de los requisitos es implementar el sistema SUBE Nacional o estar próximo a hacerlo en las unidades de cada jurisdicción. Es la forma que tiene el Estado de controlar que cada empresa cumpla con los objetivos para los cuales recibe el dinero. En la Capital de Misiones, el Grupo Z viene evadiendo el uso de la tarjeta nacional desde hace varios años, y se justifica con un sistema “criollo” al que bautizaron como Sube Misionero que no tiene la misma validez para el Ministerio de Transporte.
Queda determinado que los pagos se realizarán de la siguiente manera: “Se practicarán en primer lugar por 97% del total previsto para cada período mensual, a mes vencido, completándose el saldo del 3% restante dentro de un plazo de 30 días contados a partir del cumplimiento total del pago de las acreencias por la liquidación del 97%”, según explica la resolución.
Exige el sistema SUBE
La Subsecretaría de Política Económica y Financiera de Transporte solicitará a las empresas beneficiarias y/o jurisdicciones toda la información necesaria para procesar los datos.
Los beneficiarios del subsidio deberán suscribirse al “Convenio año 2023″, al igual que deben tener adoptado o estar próximos a implementar el servicio de SUBE, como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público.
Al convenio, deberán adherir las provincias o, en su caso, municipios para poder beneficiarse de las compensaciones.
En el artículo 6 se crea un modelo de “Solicitud de Implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)” como ANEXO III, que deberá ser suscripta por las provincias o municipios que no hayan solicitado o no tengan implementado el mencionado sistema a la fecha, como condición para percibir los subsidios del “Fondo de Compensación” establecidos por el artículo 1° de la resolución.
La Dirección Nacional de Seguimiento del SUBE “deberá informar a la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios, el listado de las jurisdicciones que se encuentren en situación de incumplimiento” y esta Dirección “procederá a retener los importes liquidados en favor de aquellas jurisdicciones que se encuentren incursas en incumplimiento, por un plazo de 90 días corridos, pudiendo luego de transcurrido dicho plazo, proceder a la redistribución de los fondos en cuestión”.
