Febrero promete ser un mes complejo para la gestión económica. Suele serlo en general pero este año, en particular, hay complicaciones excepcionales que lo convierten en un mes aún más desafiante. La escasez de reservas y la sequía que minimiza las chances de fortalecerlas dado el bajo nivel de ingreso de dólares lo condiciona todo.
Pero el primer cimbronazo llegaría el martes 14, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difunda el dato de inflación de enero y rompa definitivamente el enamoramiento oficial con la idea de “desaceleración de la inflación”. Todo una paradoja para el día de San Valentín.
Los datos preliminares que manejan en los despachos oficiales ya indicaban que, hasta los primeros 20 días de enero, la inflación era mayor a la de diciembre. Sin embargo, para esa fecha, la suba del precio de la carne aún no se había disparado, por lo que el impacto de ese salto, de al menos 20% en las carnicerías que se repartirá entre el mes pasado y el actual, no estaba incorporado ni en los datos ni en las expectativas oficiales.
Ahora, la posibilidad de que el índice se ubique más cerca de 6% que del 5,5% tolerable para el equipo económico es una realidad que señala el coro de consultores privados que miden precios.
La confirmación de este dato, reconocen en el Gobierno, sería un duro golpe. De hecho, según el analista del Grupo IEB, Nicolás Cappella, el cambio de tendencia en la inflación ya filtró una “primera reacción en el mercado de cambios con un aumento en la presión compradora” que llevó al dólar financiero de $330 a $360.
“Si llegara a 6% sería un problemón. Otra vez entraríamos en la discusión de la tasa real positiva, con todas las complicaciones financieras que eso implica”, admitió a Infobae una alta fuente del equipo económico.
Es que la tasa actual de política monetaria, actualmente 75% nominal anual representaría un premio muy ajustado para los inversores a la hora de absorber pesos (equivale a 6,25% mensual), en un contexto con expectativas inflacionarias nuevamente al alza y con un valor del dólar libre que, aunque se despertó, sigue rezagado tanto respecto de la suba del resto de los precios como de la cantidad de pesos en la plaza. Ajustado por cualquiera de las dos variables, los analistas coinciden que el precio del billete libre tiene espacio hasta ubicarse en torno a los $400 por dólar.
En ese sentido, el economista del Grupo Romano, Salvador Vitelli, proyecta que hoy está, “en términos reales, $11 debajo de la cotización promedio desde 2021 y que el precio de overshooting de julio del año pasado equivaldría hoy a 493 pesos”.
De ahí la imperiosa necesidad de evitar que el exceso de pesos se vuelque al dólar y, en ese tren, febrero es de por sí un mes desafiante para la esterilización, dada la caída de la demanda de dinero; ese fenómeno por el cual el público ya no quiere conservar los pesos que demandó en los meses anteriores.
“No va a ser la primera vez, vamos a absorber todos los pesos que haga falta retirar”, es el mensaje que envía el Banco Central. Sin embargo, un dato negativo de inflación puede volver esa tarea extremadamente difícil y obligar, incluso, a una nueva suba de la tasa de interés. Por ahora no está en carpeta pero, admiten, aún faltan diez días.
Una suba de tasas de interés y también la mayor presión cambiaria, que motivó al ministro de Economía, Sergio Massa, a lanzar el plan de recompra de bonos en dólares por el cual el equipo económico cree que “se logró contener la suba”.
En otras palabras, una escalada más virulenta no deja de ser el gran temor latente que, a su vez, pone en jaque otro pilar que flaquea: la deuda en pesos.
Por el momento, no hubo grandes complicaciones y Massa logró en enero engordar el colchón de fines del año pasado en $220.000 millones, lo cual despeja el panorama hasta marzo. La contrapartida de ese logro es la mayor parte de esa deuda está ahora en manos del sector público, lo cual facilita su renovación, pero deja expuesto que se mantiene intacta escasa vocación de los privados a prestarle al Tesoro.
Entre bancos, fondos extranjeros, compañías aseguradoras y fondos comunes de inversión concentran el 38% del total, lo que es más que suficiente para desestabilizar al mercado tal como ocurrió a mediados de 2022. En ese punto, la estrategia oficial se basa en los sucesivos canjes, lo cual según Cappella terminará con la deuda en pesos prácticamente estatizada. “De seguir a este paso, terminaremos con una deuda en pesos prácticamente estatizada ya que quedaría en manos del sector público, pero sin eventos de deuda previo a las elecciones”, afirmó el analista.
