Desde el año 2006 la Ley de Financiamiento Educativo estableció que la inversión mínima del país destinada a educación no debía ser inferior al 6% del PBI (entre inversión nacional y jurisdiccional).
Sin embargo, en 15 años (entre 2006 y 2020) sólo en tres oportunidades se cumplió con el objetivo de invertir ese porcentaje del PBI establecido por ley, generando una deuda de billones de pesos con la educación argentina. Eso mismo reveló el informe “Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación”, del Observatorio de Argentinos por la Educación.
Si bien en un período inicial de aplicación de la ley (del 2006 al 2014), se estipulaba que habría un “sobrecumplimiento” de la meta establecida; a partir de la base de cálculo dispuesta por el INDEC, diferentes estudios constataron que no se había llegado a la inversión acordada.
Hoy por hoy, a más de una década desde la obligatoriedad de alcanzar el 6% en inversión, se conoció que solo en tres oportunidades se pudo cumplir con eso: en el 2009, en el 2013 y en el 2015; siendo ese último año el de mayor ejecución presupuestaria en términos del PBI alcanzado (el 6,1%).
Al respecto, “el informe pone de manifiesto que el acuerdo por priorizar el financiamiento educativo alcanzado en 2005 tuvo un impacto menor al esperado en los tres lustros transcurridos desde esa fecha. La organización de ese financiamiento entre el Gobierno nacional, las administraciones provinciales y las instituciones educativas requiere la consolidación de acuerdos en los que se definan los aportes a realizar por cada parte y los compromisos asumidos para la generación de mejoras. Los convenios orientados a resultados establecidos por la Ley de Financiamiento Educativo son un buen instrumento para favorecer la mejora en la calidad y en la inclusión. Es importante afianzar la inversión en la educación de manera adecuada y persistente como condición necesaria para apalancar el desarrollo sostenible”, explicó Javier Curcio, Licenciado en Economía, investigador de la UBA-CONICET; y uno de los profesionales consultados para el relevamiento.
Una deuda cada vez mayor
Por otro lado, en esos 12 años en los que no se llegó a la inversión establecida por normativa, se fue generando una deuda con el sector educativo que hoy en día se traduce en billones de pesos y millones de dólares.
En concreto, entre 2006 y 2020 se acumuló una deuda educativa de 3,4 billones de pesos o 26.009 millones de dólares (tomando el dólar a 132,15 pesos promedio del 2022). Se trata de un valor que corresponde al 5% del PBI del 2020.
En ese marco, cabe recordar que el relevamiento toma como último año el 2020 porque de ahí data la última información oficial disponible.
Como reza el informe, si el Estado argentino hubiese querido pagar la deuda educativa de una sola vez en el año 2020, debería haber casi duplicado el gasto educativo entre la Nación y las provincias, llevándolo al 11% del PBI en ese año.
Por otro lado, en el período analizado hay cuatro años con porcentajes de deuda educativa mayores al 10% del total. De ellos, los tres años de mayor deuda contraída fueron: el 2019, con una deuda de 841 mil millones de pesos de 2022; el 2018 con una deuda de 751 mil millones y el 2020 con una deuda de 570 mil millones.
Por su parte, si a esos años se le suma el año 2010 se constituye el 68,4% del total de la deuda educativa argentina.
Finalmente esa suma debida cobra aún mayor gravedad si se tiene en cuenta que, “incluso en los años en que se cumplió el porcentaje normativamente estipulado, el sistema educativo planteó inconvenientes de cobertura, eficiencia y calidad. Además que la masificación educativa exigirá mayores recursos y mejor uso”, agregó Juan Doberti, doctor en Ciencias Económicas, docente de la UBA y partícipe en el informe.
