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Bronca de aserraderos con Ecología por aumento de 1.100% de la Guía Forestal

Los industriales madereros autoconvocados advierten que “es un nuevo impuesto” que obliga a subir los precios y perjudica al sector. La ley permite una suba gradual máxima de 69%. El sábado realizarán una reunión en San Vicente para definir medidas.

2 febrero, 2023

Un importante grupo de industriales madereros que se denominan “autoconvocados” y que trabajan con madera nativa se reunirá el sábado en el Centro de la Cultura de San Vicente para analizar algunas medidas de protesta ante lo que consideran “la creación de un nuevo impuesto al sector” por el aumento de las guías forestales (o tasa de inspección) que aplicó el Ministerio de Ecología a cargo del ministro Víctor Kreimer.

Mediante una resolución, el Ministro puso en vigencia desde el 9 de enero los nuevos valores que obligan a pagar entre 700% y 1.100% más que antes al subir los montos y bajar las bonificaciones de la tasa. Los organizadores del encuentro invitaron a Kreimer a la reunión pero el funcionario les informó que no participará y que, si quieren verlo, tendrán que trasladarse a Posadas la semana próxima.

Con estos nuevos valores, todos los productos madereros deberán sufrir un incremento para la venta, lo cual perjudica al sector porque causará una disminución de las ventas.

 

Los nuevos valores

NUEVOS VALORES. A la par de un incremento muy fuerte, también disminuyeron las bonificaciones de 80% a 40% por agregado de valor.

Los valores estuvieron congelados en los últimos tres años y si se debiera juzgar por la inflación, los madereros consideran que hubiera sido aceptable un aumento de entre 200% y 250% pero consideran “un abuso” que se aplique hasta once veces, equivalente a 1.100%. “No hay ningún argumento para que la suba sea tan grande”, señalaron a PRIMERA EDICIÓN.

• Grupo A (especies más costosas): cedro, incienso, lapacho, lapacho negro y guatambú pagaban un aforo (tasa de inspección o guía) de $912 por metro cúbico pero tenían una bonificación de 80% cuando tenía valor agregado (empleo) y se comercializaba adentro del territorio provincial, quedando en $185 por metro cúbico. Desde enero se incrementó a $3.764 y se aplica una bonificación de solo 40% dentro del territorio, con lo cual el nuevo valor que deben pagar los madereros es de $2.258. Quiere decir que el metro cúbico pasó de 185 a 2.258 pesos. “Un camión con 20 metros cúbicos antes pagaba $3.700 en total y ahora tiene que pagar unos $45.000, es demasiado”, explicó uno de los referentes del grupo.

• Grupo B: cañafístola, timbó, mermelero, espina corona, grapia, anchico, guaicá, sabuguero, cachetá pagaban $290 por el metro cúbico y tenían una bonificación de 70% adentro de la provincia, pagando solamente $90 el metro cúbico. Desde enero se incrementó a $1.260 y la bonificación se redujo al 40%, con lo cual deben pagar $756 por metro cúbico. Un carga de camión pagaba aproximadamente $1.800 y actualmente supera los $15.000.

• Grupo C: caroba, loro blanco, guayubira, azota caballo, laurel, persiguero pagaban la tasa de inspección a un valor de $204 por metro cúbico, pero con una bonificación de 70% quedaba en $65. Desde el 9 de enero, por decisión del ministro Kreimer, vale $900 y tiene una bonificación de solo 40%, quedando en $540 por metro cúbico. Un camión completo pagaba $1.300 por los 20 metros cúbicos y ahora $10.300.

 

Dos leyes diferentes

Los aserraderos también reclaman que el Ministerio aplica dos leyes de acuerdo a las circunstancias y no tiene un criterio unificado. Para multas y decomiso se aplica la ley XVI N° 105 artículo 29 que actualmente indica que la pena mínima son 500 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional que sería equivalente a 12 millones de pesos.

El argumento es que la Ley XVI N° 7, que debería utilizarse de acuerdo a la Dirección de Jurídico; tiene penas muy bajas y obsoletas.

Pero el problema es que la ley XVI N° 105 “no tiene en cuenta la gravedad de la infracción y aplica la misma sanción para diferentes casos, por ejemplo: no es lo mismo llevar una carga completa de rollos de madera sin remito que llevar un rollo de más”. Tampoco es lo mismo realizar un rozado de 100 hectáreas sin tener un plan de manejo sostenible que realizar uno de 5 hectáreas teniendo un plan de manejo. “Corregir esta situación es clave para el cuidado del medio ambiente”, advierten.

 

Graduación del aumento

De acuerdo a los autoconvocados, según la Ley XVI N° 7 artículo 52, el aumento (de la tasa) será gradual de entre 15% como mínimo y 69% como máximo, pero advierten que el aumento de la última Resolución de Aforo 84/2022 no tiene ninguna gradualidad ya que se dispara por encima de 1.000 por ciento. “Nos genera una complicación enorme a la hora de la venta de todo el material forestal nativo y a todo esto el sector maderero debe agregar un costo operativo (combustible, maquinaria, sueldo), lo cual con la inflación nacional se nos hace imposible trabajar como industria”, señalaron.

Por último advierten que “como industrias madereras de la provincia de Misiones nos preocupa y necesitamos que se establezcan reuniones y mesas de trabajo ante estas situaciones ya que como titulares de lotes siempre tenemos predisposición al diálogo como así también al cuidado de nuestros bosques y del medio ambiente”.

Tags: AumentosEcologíaFoersto IndustriaGuía ForestalMisionesVíctor Kreimer
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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