En diciembre de 1822 se concretó la Ley de Reforma del Clero propulsada por el gobierno de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia. Fue una de las políticas más importantes del período rivadaviano y una de las más polémicas. La reforma implicaba la supresión del fuero eclesiástico, la eliminación del diezmo, la financiación estatal de los costos del culto católico y lo más importante: la supresión de las órdenes del clero regular, cuyas posesiones -sobre todo tierras y bienes conventuales- pasaron a formar parte del Estado provincial.
Gracias a estas medidas -y a otras medidas económicas como el préstamo pedido a la casa Baring Brothers- Buenos Aires pudo llevar adelante una reforma que, sin recursos, habría sido mucho más compleja. Sin embargo, esta reforma tuvo consecuencias que el Estado provincial debió afrontar.
Instituciones religiosas como la Hermandad de la Caridad o la Casa de Ejercicios Espirituales -que fueron eliminadas- habían sido las encargadas de la beneficencia o el cuidado del Hospital de Hombres y del Hospital de Mujeres. Ahora sus funciones debían ser reemplazadas por la actuación del Estado provincial. Este reemplazo implicaba una redefinición del propio aparato del Estado -en este caso, el de la provincia de Buenos Aires, incluido el ministro Rivadavia-, que debía absorber funciones de otra esfera.
Como consecuencia, por decreto del 2 de enero de 1823 se creó la Sociedad de Beneficencia. La medida tuvo una característica fundamental, nueva y diferente de cualquier otra tomada por Rivadavia u otras agencias de su gobierno: estaba formada por mujeres patricias, esto es, de la alta sociedad porteña.
Recordemos que la revolución y la independencia de España habían traído cambios a nivel político y social que no habían significado cambios para el estatus de las mujeres: continuaban siendo definidas por la familia a la que pertenecían y, en particular, por los hombres con los que estaban relacionadas y a los que estaban sujetas.
El hecho de que Rivadavia tomara la decisión de dar un lugar a las mujeres transformándolas en funcionarias estatales de la provincia de Buenos Aires fue un hecho que tardaría mucho tiempo en repetirse. En efecto, habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para que sucediera.
Aunque las mujeres patricias que constituyeron inicialmente la Sociedad de Beneficencia fueron nombradas por el Gobierno, el decreto establecía que en lo sucesivo ellas mismas elegirían a las integrantes de esa Sociedad.
El objetivo de la Sociedad de Beneficencia era fomentar la educación femenina y asegurar la organización de los establecimientos pertinentes. La Sociedad no se ocupaba de todo tipo de escuelas -la educación formal obligatoria llegaría mucho después- sino, especialmente, de las escuelas a las que concurrían niñas pobres y huérfanas que no podían afrontar el costo de la instrucción privada, corriente en esos años.
Las reformas de Rivadavia tenían como objetivo fundamental ilustrar a la población.
Si las reformas no implicaban un cambio de paradigma en la concepción del lugar de la mujer como “cuerpo que procreaba” al menos creaban la posibilidad de que ocuparan un lugar en un ámbito que históricamente le había estado vedado: la esfera pública.
Esa participación de las mujeres en la esfera pública fue un inconveniente al momento de la creación de la Sociedad de Beneficencia. Las primeras elegidas para integrarla rechazaron amablemente su designación. No querían ocupar un lugar tan visible, tan “público”, en un ámbito que siempre había sido masculino y que podía incluso ser visto como un demérito: una mujer pública era una prostituta.
Además, en una sociedad profundamente católica como la del Buenos Aires de aquella época pueden haber influido en su negativa las políticas anticlericales de las reformas rivadavianas. Sin embargo, el rechazo no detuvo al ministro Rivadavia, que recurrió -curiosamente, por primera vez- a Mariquita Sánchez de Mendeville.
Junto a ella convocó a Mercedes Lasala de Riglos (presidenta), María Cabrera de Altolaguirre (vicepresidenta), Isabel Casamayor (secretaria), Joaquina de Izquierdo (secretaria), Josefa Ramos Mejía (secretaria), Isabel Agüero de Ugalde, Cipriana Viana y Bone, Manuela Aguirre, María de los Santos Riera del Sar, Bernardina Chavarría de Viamonte, María del Rosario Azcuénaga: todas ellas dieron su consentimiento para ocupar esos cargos en la Sociedad de Beneficencia. Mariquita Sánchez también tenía el cargo de secretaria.
La Casa Cuna, la Casa de Huérfanas, colegios y hospitales quedaron bajo la dirección de estas mujeres que, por primera vez, entraban en la esfera de la toma de decisiones públicas.
Fuente: Gabriela Margall y Gilda Manso, “La Historia argentina contada por mujeres” (extracto publicado en Infobae)
