En la sesión del jueves por la tarde, el Concejo Deliberante de Santa Ana rechazó por segunda vez en diciembre una ampliación presupuestaria de 99 millones de pesos que solicitó el intendente renovador Pablo Rosalino Castro. El primer rechazo fue el 12.
Como alternativa, y a pedido de los empleados municipales para que se garantice el pago del sueldo, tres de los cinco concejales ofrecieron autorizar una ampliación de $20 millones, pero el contador municipal dijo que esa suma no alcanzaría para cubrir los gastos que necesitaba el Ejecutivo y rechazó la propuesta.
Los ediles sostienen que no hay información sobre dónde se gastó el presupuesto “agotado” ni tampoco a qué se destinaría la ampliación. “Seguramente se procederá por resolución, porque está facultado para hacerlo (el intendente), pero nosotros no vamos a seguir dándole dinero si no explica en qué se gasta, a quiénes se reparte la ayuda económica y cuánto dinero se entrega”, sostuvo el edil opositor de Juntos por el Cambio, Luis “Pato” Silva.
También se rechazó el presupuesto del año 2023 por contener tres artículos (4, 6 y 7) que le otorgan poderes discrecionales al intendente para manejar el dinero sin control del Concejo Deliberante.
Irregularidades
Los concejales votaron en contra de esta ampliación y elaboraron un documento donde explican las irregularidades detectadas en el manejo presupuestario del intendente Castro.
“Es inadmisible bajo cualquier concepto y fundamento, que a esta altura del año se incremente el presupuesto, cuando no tenemos las herramientas que nos permitan analizar y fundamentar este aumento”, señalaron.
Además, acusaron al intendente de “amenazas y apercibimientos del no pago de los haberes de diciembre”, con el fin de exigirles “que acompañen para que, de manera discrecional, el Ejecutivo disponga y pueda manejar esos recursos extraordinarios, sin ningún tipo de consulta ni explicación correspondiente al cuerpo legislativo; toda una falta de respeto a la población santanera”.
Señalaron los ediles que la comuna recibió $142 millones de coparticipación hasta noviembre, y que “si los empleados municipales no cobran los sueldos en diciembre, significaría que ese dinero alguien lo tiene. Gracias a la coparticipación están asegurados los sueldos”.
“La ley de Ética Pública nos indica que los funcionarios debemos dar explicaciones a la sociedad. Esta ley es la herramienta que nos da la democracia para mostrar transparencia en las funciones”, señalaron.
Luego remarcaron que “somos los concejales quienes tenemos la facultad de controlar. Somos nosotros quienes debemos saber lo que sucede en el municipio para una correcta conducción de nuestras arcas”.
