El viernes se reunió el Observatorio del Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo para tratar de solucionar dos complicados casos que surgieron en los últimos días: el de una mujer con amenaza de desalojo y el de un hombre en situación de calle que se encuentra temporalmente asistido por unos vecinos.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN el defensor del Pueblo, Alberto Penayo, detalló más sobre la situación de cada uno.
“Uno se encuentra contenido por una familia que no es la suya y que le está dando una mano y el otro caso es de una señora de 84 años que luego de 20 años viviendo en un lugar, un familiar le pide que le restituya la casa”, explicó.
El último caso es menos complejo ya que la señora acepta ir a un geriátrico y cuenta con un salario. Sin embargo el hombre no cuenta con ningún vínculo familiar ni lugar donde quedarse.
Para ese caso el defensor explicó que le pidió a la obra social del estado que lo ampare bajo uno de sus programas, a través del cual se podrá tramitar su estadía en alguno de los geriátricos disponibles sea de Posadas o del interior.
Respecto a eso, el defensor indicó que el miércoles realizó una presentación judicial pidiendo una protección de persona para ambos.
“Una vez realizado el relevamiento socioambiental de ambos casos, procedimos a elevar un pedido de protección de personas en el civil 3, sorteados en el juzgado de familia 3, a cargo de la doctora Elizabeth Kisczka. Esto nos permite poner el problema de estos vecinos en un marco jurídico que seguramente terminará involucrando a funcionarios de otras áreas, motivo por el cual procedimos a convocar a los miembros del observatorio para la toma de conocimiento y nos permitamos delinear acciones a fin de alcanzar una solución integral que restituyan sus derechos”, manifestó Penayo.
Es así que, según el Defensor del Pueblo, a más tardar la próxima semana deberían estar resueltos ambos casos.