Miembros de la Escuela 133 de Jardin América denunciaron que una pareja de docentes que trabaja en dicha institución, en reiteradas oportunidades presentó certificados de salud laboral falsificados para así hacer uso libre de licencias médicas durante todo el año.
Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN revelaron, como prueba, cuatro formularios firmados y sellados por una médica de salud laboral que están visiblemente clonados. Eso mismo se percibe de forma muy sencilla al encimar un formulario sobre el otro ya que tanto la firma como el sello están calcados.
La situación fue descubierta en noviembre el año 2018 por miembros de la Escuela 133 que se encargaron de presentar el reclamo formal al Consejo General de Educación (CGE). Por otro lado, todo adquirió más gravedad ya que uno de los docentes, según lo indicaron, tenía un cargo en la Dirección de Salud Laboral en el momento que presentaba dichos documentos.
Sobre eso, “yo pienso que el docente tomó el formulario firmado, lo escaneó, borró el espacio del nombre, el DNI, la fecha y se quedó con el formulario vacío en el cual tenía la firma de una doctora, su sello y el sello de salud laboral. Y así completaba el formulario a su antojo para él, para su esposa y para los docentes amigos que le pedían”, indicó una de las denunciantes que prefirió no ser nombrada. Es así que en la escuela aparecieron licencias clonadas del matrimonio docente y de otros maestros.
Además “accedimos al sistema del CGE donde cargan las licencias de los docentes y ¿con qué nos encontramos?: con que gran parte de esos formularios que ellos presentaban en la escuela no estaban cargados para su descuento en salud laboral docente. Eso porque las licencias cuando son de 1 a 5 días mueren en la escuela, no van a ningún lado”, explicaron. No obstante, lo más insólito de todo es que, cuando se destapó la situación, se pudo cotejar que una de las licencias era coincidente con un viaje a Cancún y a Brasil que realizó el matrimonio.
“En el 2018 mientras estaban de licencia estaban paseando por Cancún. La falsificación de documentos públicos es un delito federal”, manifestaron desde la institución.
La respuesta del CGE
Después de haber pasado cerca de un año de la denuncia en 2018, el CGE finalmente se expidió mediante una resolución en diciembre de 2019 donde reconoce que los documentos están falsificados y donde determina abrir un sumario administrativo a ambos docentes pero sin separación del cargo por el momento.
Descontentos, los involucrados con el sumario administrativo sobre su nombre, presentaron recursos para revocar y dar nulidad al mismo.
Sin embargo, según fuentes del CGE consultadas por este Diario, dichos recursos fueron denegados hasta el momento.
“Ellos tienen muchos contactos quieren que se anule el sumario porque sino no pueden acceder a una dirección de escuela. De hecho, según lo indicaron, hasta ahora el matrimonio tiene pase libre de sacarse licencias cuando quiere. El CGE debe hacer la denuncia penal y si ellos no lo hacen nosotros podemos hacerlo como ciudadanos porque falsificar un documento público no es una irregularidad es un delito federal”, reiteraron.
