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La Justicia suspendió operaciones con Aquacoins al aceptar pedido de la AMSE

Se prohibió a la abogada Gloria Torre, denunciada junto a Jorge Galeano, César Menem y María Isabel Ghiglione, cesiones de contratos como venta de token a terceros de la bitcoin con respaldo del agua misionera.

21 septiembre, 2022

La magistrada Gabriela Canalis, a cargo del juzgado Civil y Comercial 1 de Posadas, aceptó ayer martes una medida cautelar interpuesta por Aguas Misioneras Sociedad del Estado, que comercializa la marca “Aguas de las Misiones”, para congelar las operaciones con las polémicas Aquacoins creadas por Jorge Galeano en la presidencia de la firma.

Se trata de la primera medida judicial que se adopta tras las denuncias penal y civil que promovió el Estado misionero contra el exdiputado Galeano, los exdirectores de la AMSE removidos con el primero (César Menem y María Isabel Ghiglione); como a la exapoderada de la empresa y hoy comercializadora de las bitcoins, Gloria Torre.

La medida cautelar, a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, fue presentada por las apoderadas de la AMSE, María Fernanda Ordoñez y María Sol Irrazábal el pasado 13 de septiembre. En el escrito, solicitaron “… la prohibición de innovar, prohibición de contratar, innovativa o en su defecto innominada contra la codemandada en los autos principales Gloria Marisa Torre” (…) “… para que se le prohíba que efectúe la cesión o transferencia a terceros de cualquier tipo de sus derechos derivados de la contratación o contrato denominado Proyecto Aquacoins, así como la cesión de su pretensa posición contractual en el mismo, y que se le prohíba la venta y comercialización de los token Aquacoin a terceros o al público en general”.

Se presentaron 21 documentales para sostener el reclamo de cese de operaciones hasta que tanto Canalis como el juez de Instrucción; Fernando Verón, resuelvan las denuncias que incluyen declarar la nulidad de los contratos entre la AMSE y la abogada Torre.

 

Violación de leyes

En la presentación judicial de la AMSE, las letradas fundamentaron el pedido de la cautelar en que: “Todo el proceso de contratación y los instrumentos firmados que lo componen fueron efectuados en violación a las distintas leyes y normativas que en la demanda principal se detalló”, en referencia a la demanda penal promovida contra los exfuncionarios.

Agregaron que “…en el caso de la Dra. Gloria Marisa Torre, además en violación de sus obligaciones y deberes que tenía en virtud del contrato de mandato que mantenía con AMSE, razón, entre otras, por la cual con la demanda también AMSE persigue se declare la nulidad total y absoluta de la contratación en cuestión”.

“Entonces para prevenir que la codemandada involucre o perjudique a terceros o a nuestra mandante cediendo o transfiriendo sus derechos o su pretensa posición contractual, cuyo ‘contrato’ a la postre será declarado nulo e ineficaz, es que requerimos que se dicte una prohibición en tal sentido por parte de Vuestra Señoría hasta tanto se dicte sentencia y quedare firme en el juicio principal. De la misma forma, y con los mismos fundamentos solicitamos que se le ordene abstenerse de vender y comercializar más tokens Aquacoin o que arbitre los mecanismos en tal sentido”, fundamentaron las representantes de AMSE.

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Tags: Aguas MisionerasAquacoinsGloria TorreJorge Galeano
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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