El Gobierno provincial decidió finalmente la presentación de una denuncia penal contra tres integrantes del directorio de Aguas Misioneras SE (AMSE, que explota la marca Aguas de las Misiones), incluyendo al removido presidente Jorge Enrique Lisandro Galeano. Fue radicada en el Juzgado de Instrucción en turno de Posadas.
Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN en exclusiva, en el texto de la demanda se narra un verdadero escándalo: la creación del millonario negocio de la criptomoneda “Acquacoin” sin mandato de la asamblea de la empresa y con impedimento legal por no ser objeto de la sociedad creada por ley de la Legislatura provincial; y cesión del desarrollo y derechos a una particular que, además, oficiaba de mandataria de la AMSE con cláusulas que perjudican fuertemente al Estado provincial, en caso de rescindir el acuerdo comercial.
Lo último planteó un fuerte conflicto de intereses que envuelve a la operación financiera que quedó en la mira de la Justicia misionera.
Se trata del primer paso judicial que da la nueva gestión de la empresa del Estado, finalizada la auditoría que había ordenado realizar el gobernador Oscar Herrera Ahuad, tras desplazar al exlegislador provincial del manejo de la misma a mediados de junio pasado.
Pero no sería el último, ya que un equipo jurídico y contable se encuentra abocado a profundizar la investigación interna del Gobierno sobre la crisis en la que quedó sumida Agua de las Misiones en los últimos tiempos de la era Galeano.
El propio primer mandatario había pedido en declaraciones radiales “… clarificar tanto hacia afuera como hacia adentro lo que es el manejo de las diferentes fuentes de generación que tiene Agua de las Misiones”.
Pruebas y pericias
El escrito de 27 páginas, firmadas por el contador Ángel Ismael Vallejos Larrea (sucesor de Galeano al frente de Aguas Misioneras) con el patrocinio de las abogadas María Fernanda Ordoñez y María Sol Irrazábal, fue acompañado de 15 documentos anexos, entre los que se encuentran varias actas de asambleas; el informe de auditoría inicial de la gestión posterior a la de Galeano; informe sobre el estado de situación del proyecto “Acquacoin”; copia del Poder General y de la devolución (revocación) del mismo a la abogada Gloria Torre; 24 copias de facturas por honorarios profesionales a la mencionada letrada; actuaciones judiciales de la misma en favor de AMSE; copia de las polémicas decisiones oficiales que el directorio conformado por los ahora denunciados, tomaron respecto de las criptomonedas; entre otros.
La nueva gestión de la AMSE pidió opinión a dos especialistas para fundamentar la denuncia penal. Uno de ellos fue el perito informático y magíster Rodrigo Eduardo Aranda; y el otro el analista financiero especializado en criptomonedas Agustín Nicolás Gangemi para poder seguir los movimientos que existieron entre las billeteras virtuales de las escandalosas “Aquacoins”.
Si bien la demanda penal establece duras críticas a uno de los hijos del exdiputado Galeano, Juan Pablo que fue separado de la gerencia de la Unidad Ejecutora de Uso del Agua de AMSE, éste no fue incluido entre los denunciados judicialmente.
Sin embargo, fuentes consultadas por este Diario, anticiparon que habrá que esperar una segunda denuncia, esta vez en el fuero Civil y Comercial.
Además de los presuntos delitos que se piden investigar, enunciados inicialmente, el contador Vallejos Larrea solicitó al juez en turno que se establezca “cualquier otro delito en que pueda encuadrar el accionar del anterior directorio y la mandataria legal firmante del contrato, y así establecer prima facie si habría existido algún tipo de ‘concilium fraudis’ entre ellos, en perjuicio de la sociedad y dictar todo tipo de medidas para prevenir que continúen los efectos del delito, la restitución de lo obtenido ilegalmente, etc., aún de oficio”.
En la denuncia criminal advirtieron que una sola adenda firmada por Galeano y los otros denunciados, podría obligar al Estado a pagar a la abogada Torre alrededor de $2.986 millones.
Cláusulas contractuales contra los intereses de la AMSE y a favor de una abogada posadeña
La denuncia presentada por el presidente de Aguas Misioneras, Ángel Ismael Vallejos Larrea, apunta a la responsabilidad de Jorge Galeano, César Edil Menem y María Isabel Amalia Ghiglione en avanzar con un proyecto o negocio sin cumplir requisitos legales internos; como también ir en contra de los objetos de la sociedad que no incluyeron la creación de criptomonedas.
En especial, “teniendo presente el mal momento por el que atraviesa actualmente el mercado y cotización de todas las criptomonedas al que en la jerga llaman ‘criptoinvierno’ (desde noviembre de 2021, cuando alcanzó un pico de US$ 67.617, el Bitcoin perdió más de un tercio de su valor con un retroceso del 65%)”, como expresó el funcionario en el escrito al que accedió en exclusiva PRIMERA EDICIÓN.
Según el detalle que aparece en la demanda, cada criptomoneda “tendría el valor de referencia fijada en un metro cúbico de agua dulce con utilidad lucrativa”. Y la comercialización se hace a través de las plataformas digitales disponibles en el mercado.
Sin embargo, el anterior directorio aprobó el negocio propuesto por uno de los hijos de Galeano (el magíster Juan Pablo Galeano que fue separado de sus funciones inicialmente por 30 días con goce de haberes en junio pasado) sin el aval de la asamblea societaria.
Más aún, sin tener en cuenta que “… El objeto de la sociedad según el art. 4 del estatuto vigente, no menciona la comercialización, creación, administración o cualquier acto jurídico lucrativo de un criptoactivo, llámese criptomoneda, o token. Por lo que no es difícil inferir y resulta claro que AMSE se ha excedido expresamente de las limitaciones en su capacidad de derecho”.
Una cesión sin ser especialista
Pero el mayor escándalo no parece estar centrado en la creación propiamente de la unidad de negocios. Sino en la cesión que los directores anteriores hicieron de los derechos de uso de marca, desarrollo y derecho de explotación que se hizo a una abogada de profesión llamada Gloria Torre.
En el Gobierno sospechan que la profesional realizaba actividades jurídicas en el ámbito privado con el exdiputado Galeano. Y de allí se sostuvo el vínculo que involucró al Estado misionero.
La mencionada fue apoderada de la empresa estatal en varios litigios y facturó sus servicios a AMSE en reiteradas oportunidades, al punto de contar con un poder general dado por el directorio presidido por Galeano durante mucho tiempo.
Es la razón por la cual se planteó, al juez que deberá investigar la denuncia, un conflicto de intereses.
Lo llamativo es que Torre estaba inscripta como monotributista y “se inscribió ante el IVA y el impuesto a las Ganancias recién en mayo de 2022, así como que en agosto de 2021 dio el alta como actividad secundaria la de Investigación y Desarrollo Experimental en el campo de la Ingeniería y la Tecnología”.
Cabe recordar que el primer contrato entre Galeano y Torre se firmó el 20 de octubre de 2021.
El nuevo presidente de AMSE destacó en la denuncia penal que “la ‘desarrolladora’ es una abogada del foro y medio local, domiciliada en Posadas, su estudio jurídico está publicitado en diversas redes sociales, de profesionales y medios digitales locales; tampoco surgen antecedentes suficientemente acreditados de la susodicha en el ámbito del desarrollo, creación, promoción, intercambio, intermediación, etc. de criptomonedas, tokens, monedas digitales, cripto activos, etc. Es decir, no se observa que revista la calidad una especialista reconocida o de trayectoria que la conviertan en una ‘técnica’ única o extremadamente experimentada, conocida y avalada en dicho ámbito como para ‘conectar’ a la empresa con mercados globales especializados o que pudieran promocionar o potenciar el crecimiento y valorización del token a distintos niveles y que, por ende, pudiera ‘imponer’ a la empresa tantas prerrogativas contractuales y económicas a su favor”.
Un trato preferencial
¿A qué se refiere la demanda penal con las prerrogativas contractuales a favor de la abogada Torre? En resumen, Vallejos Larrea reveló que Galeano dio a la mencionada un trato “preferencial”, incorporando adendas a los contratos de manera constante. Entre ellas, están:
• En agosto de 2021, en el acuerdo de autorización de uso de marca, pactaron una cláusula penal de mil dólares por día de retraso o desistimiento de AMSE de inscripción de la marca Acquacoin para el caso que el contrato no se celebrase “… lo que luce cuando menos desproporcionado o exorbitante (…) siendo que el proceso de contratación se estaba llevando a cabo con nada menos la abogada anteriormente contratada por esta, mandataria judicial suya con la que, además, se suponía existía cierto grado de confianza recíproca y comunicación por su función”.
En aquel entonces, el dólar oficial a la venta al público era de 101,75 pesos por unidad. Es decir que se pactaron $101.750 diarios.
El ahora presidente de AMSE recordó que Galeano había informado en ese momento que las ventas de junio apenas habían alcanzado $1,2 millones. Torre se podría haber llevado casi el 10% de las mismas por día de mora.
• Tras la cesión de explotación de Acquacoin, del 20 de octubre de 2021, Torre cede a AMSE “el derecho de explotación sin transferir su titularidad y propiedad intelectual e industrial a cambio de un porcentaje sobre los beneficios generados -en el futuro- por la venta de criptoactivos, los productos y servicios de la plataforma y cualquier otro ingreso derivado de Aquacoins”. Ese porcentaje fue de 20% “en carácter de regalías pagables del 1 al 10 de cada mes con un interés del 1% diario en caso de mora”, rezó la denuncia.
Según la auditoría del perito Aranda, que se anexó al juez, las Aacoins ya se comercializaron en al menos cuatro billeteras virtuales (Deployer; e84; ; F404; y 1435).
Se llevaban emitidas 32.890.988 criptomonedas. ¿A dónde fueron? Del total, 6.578.198 a la billetera F404 “utilizada para la venta de tokens a terceros interesados en adquirirlos. El saldo restante fue desde Deployer a la billetera e84, creada por un usuario particular. Luego se enviaron 6.578.197 desde e84 hacia la billetera 1435 también creada por un usuario particular. Finalmente queda registrada la transferencia de 21.984 Aquacoins desde 1435 hacia e84”. Todo, según la denuncia, con el respaldo de Juan Pablo Galeano.
• Galeano ordenó darle 28 mil dólares de anticipo a Torre para el desarrollo de la plataforma, emisión de los tokens con reservas, gastos administrativos y de gestión “antes de siquiera comenzar a ver beneficios económicos del proyecto”, cuestionaron en la denuncia.
• Se estableció que “si su mandante no pudiera cumplir con el pago de las regalías, el entonces presidente del directorio (por Galeano) comprometió a la empresa con otros mil dólares diarios como cláusula penal, sin perjuicio del derecho de la desarrolladora (por Torre) de rescindir y dejando en claro que la pena será optativa en forma autónoma y acumulativa a la falta de pago y a la indemnización a que hubiere lugar”.
• De las 7 causales de rescisión pactadas, “al menos cinco son a favor de la Dra. Torre”. Mientras que se firmó “una indemnización por daños y perjuicios también para ella, precisando que la cuantificación de la misma tendrá como base de cálculo el promedio de los ingresos mensuales derivados de la explotación de Acquacoin multiplicado por los meses de vigencia del acuerdo a la fecha de su resolución”.
Sin embargo, en febrero de 2022, se firmó una adenda donde Torre podría reclamar en caso que la rescisión la decida la Provincia “una indemnización que se cuantifica en el monto total de los tokens ya emitidos y no vendidos en el mercado en ese momento, el que será multiplicado por el precio de venta de los criptoactivos a la fecha de la resolución, tratándose de una semana líquida o fácilmente liquidable, que podrá exigir mediante la vía procesal ejecutiva…”.
Aquel entonces, si se hubiera tenido que pagar a Torre la rescisión, ese acuerdo “arrojaba la exorbitante y fría suma de pesos dos mil novecientos ochenta y seis millones, quinientos cuarenta y siete mil setenta y un pesos” (2.986.547.071)”, según la demanda penal.
• Primero se fijaron los tribunales de Posadas como lugar de cualquier controversia. Pero luego, Galeano decidió incorporar la competencia judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando las partes tienen domicilio en Misiones.
Ahora, habrá que esperar si la Justicia admite la denuncia y, en consecuencia, las medidas que adoptará ante semejante escándalo.
