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El embargo de EMSA a la CELO está casi cubierto y se negocia la deuda restante

Durante junio y julio se recaudó casi la totalidad de las tres facturas mensuales adeudadas por la suma de unos 300 millones de pesos. De ahora en adelante, la condición es que se pague la factura mensual para después ir subsanando el resto del pasivo con EMSA.

4 agosto, 2022
EN CRISIS. La entidad recibe una lluvia de críticas por sus servicios y su endeudamiento desde hace varios años.

EN CRISIS. La entidad recibe una lluvia de críticas por sus servicios y su endeudamiento desde hace varios años.

En las próximas horas Energía de Misiones habrá cubierto el embargo de tres facturas mensuales por la suma de unos 300 millones que le trabó, decisión de la Justicia mediante, a la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO). Para el resto de la deuda, que alcanzaría unos 700 millones de pesos, se está dialogando para acodar un plan de pago, pero con la condición de que la entidad obereña no se vuelva a atrasar con los consumos mensuales.

La presidenta de EMSA; Virginia Kluka, explicó que “ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, de sentarnos a una mesa de diálogo para acordar con consenso, tuvimos que recurrir a la Justicia, planteamos un embargo y lo estamos ejecutando”.

Recordó que “en todo ese proceso, mientras que iniciamos la parte judicial hasta que salió el embargo, también hubo cambios en la conducción de la cooperativa” refiriéndose al desplazamiento del expresidente Pedro “Pilo” Anderson y del expresidente Jorge “Koki” Duarte, cuya administración llevó al endeudamiento a la entidad.

“Con esta nueva administración estamos en permanente diálogo, próximos a cubrir la demanda iniciada, de ser así, estamos próximos a llegar a un acuerdo, se levantaría el embargo, haríamos un acuerdo, presentamos al Juzgado para que homologue y se levanta el embargo”, dijo Kluka.

Reflexionó que “no era tan difícil, la acción judicial cuando la jueza ordenó que podamos ir con los recaudadores a la CELO fue el 2 o 3 de junio, al día de hoy (primeros días de agosto) ya tenemos prácticamente cubiertos los 300 millones que hemos planteado en el embargo que eran tres facturas”.

La funcionaria energética aclaró que “nosotros tenemos la facultad de interrumpir el suministro eléctrico por falta de pago a cualquier cooperativa”.

“En esta ocasión eran dos alternativas: ir a la Justicia o interrumpir el suministro. Pero al interrumpir estamos perjudicando a los usuarios que pagaron su factura cada mes y se verían perjudicados con un corte del suministro”, explicó.

“Por eso decidimos ir a la Justicia para evitar el corte de suministro que es una facultad que tenemos y podíamos haber elegido”, remarcó y añadió que con la administración de Anderson y Duarte “no hubo diálogo”.

Consideró que había “mucha política, mucha soberbia, cuando uno está en lugar de deudor hay condiciones que no corresponde que ponga el deudor. Cuando el deudor quiere poner las condiciones al acreedor es inviable”, sostuvo.

 

Seis meses de conflicto

La CELO acumuló una deuda de mil millones de pesos y al mes de mayo no había pagado las últimas tres facturas mensuales del consumo de energía. Sin embargo, los usuarios de la entidad sí estaban pagando, con lo cual no se entendía donde iba a parar el dinero.

Como no había diálogo y la CELO se había retirado de la mesa de la Federación de Cooperativas, que es el ámbito de negociación de deudas y tarifas con el Gobierno provincial, el diálogo estaba cortado.

Esto llevó a EMSA a plantear una demanda judicial que la Justicia resolvió a favor trabando un embargo sobre las cuentas y las cajas recaudadoras de la entidad.

Como explicó Kluka, esta semana se estaría cubriendo el monto de las tres facturas impagas y el resto de la deuda se negociaría en un plan de pago.

En este sentido, el Ministerio de Acción Cooperativa auditó los balances y encontró numerosas irregularidades en la administración anterior, lo cual motivo una denuncia penal por administración fraudulenta y presunto enriquecimiento ilícito, causa que se deberá tramitar en un Juzgado de Oberá.

Tags: CELODeudaEmbargoEMSAVirginia Kluka
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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