En la sesión del Concejo Deliberante de Posadas, los concejales dieron el visto bueno a varias iniciativas. Es así que se aprobó la nueva tarifa para la bajada de bandera de los taxis que será de $140 y la ficha $15, que regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial Municipal.
Por otra parte se aprobó el tratamiento preferencial para el proyecto del concejal Pablo Velázquez que insta al Ejecutivo municipal que gestione ante la empresa Servicios Urbanos SA “la modernización y puesta en funcionamiento de medios de pago digitales para el transporte urbano de pasajeros”.
“No me voy a cansar de insistir con las enormes dificultades que se encuentran los usuarios del transporte público de pasajeros a la hora de cargar la tarjeta SUBE”, expresó el edil.
Apuntó que “los usuarios del transporte público se encuentran con enormes dificultades a la hora de recargar la SUBE, ya sea porque no hay puntos en los barrios o porque no lo pueden hacer a través de los aplicativos digitales que se usan en la actualidad”.
Además, prestaron juramento los nuevos miembros del Concejo, Jair Miguel Ángel Dib, quien oficiará de secretario, en reemplazo de Rubén Edelman y Hugo Falero, quien ocupará el cargo de Prosecretario Administrativo, reemplazando a Maximiliano Domínguez.
Por otro lado, los ediles del bloque de Juntos por el Cambio presentaron varios proyectos con la idea de que se hable en el recinto o que las autoridades correspondientes brinden informes sobre los hechos de violencia que se registraron en la base de El Zaimán -la semana pasada- cuando los empleados municipales llevaron adelante jornadas de reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales. Sin embargo, el bloque mayoritario del Frente Renovador no acompañó las iniciativas y todas quedaron desaprobadas.
En la ocasión, se presentaron tres proyectos, en uno se solicitaba que el Ejecutivo municipal informe sobre el accidente del pasado 15 de junio donde un municipal falleció luego de ser aplastado por el camión recolector de basura en el que realizaba sus labores junto a otro hombre.
En el siguiente proyecto se pedía que se declare el repudio a la represión que ejerció la fuerza de seguridad sobre los trabajadores municipales quienes estaban en estado de asamblea permanente en la base de El Zaimán; y en la tercera iniciativa se solicitaba a la Secretaría de Gobierno que informe si se requirió la presencia de la fuerza de seguridad.
Al respecto, el edil Pablo Argañaraz (JxC) dijo que “queremos saber la situación laboral en la que se encontraba y la antigüedad de Maximiliano Villalba quien falleció tras un fatídico accidente el 15 de junio pasado y si tenía una ART”.
Consideró que “dentro de nuestras funciones como concejales estamos obligados a defender los derechos de todos los vecinos de Posadas. Tenemos derecho a tener la información precisa”.
Su par del bloque Santiago Koch dijo que “los municipales se estaban manifestando por sus derechos laborales básicos y por reconocimientos salariales. Queremos saber quién o quiénes mandaron a reprimir lo que hasta ese momento era una huelga pacífica”.
Koch relató que junto a demás concejales que integran el bloque se acercaron hasta la base de El Zaimán. Y mostró a los presentes en la sesión uno de los cartuchos de goma que habrían sido utilizados ese día. “Este cartucho nos entregaron para que mostremos en esta sesión lo que ocurrió ese día”, describió.
Rodrigo de Arrechea indicó que “estos episodios de represión nos parecen lamentables. Debe primar la cordura y el sentido común”.
Subrayó que “lamentamos que se haya tratado a este bloque de oportunistas porque fuimos a ver qué sucedía tanto con los municipales como con la policía. Fuimos porque somos concejales y esta en nuestra propia labor abordar cada uno de los problemas que tenemos en la ciudad”.
Pero, los proyectos no contaron con el acompañamiento del bloque del Frente Renovador. Durante el cuarto intermedio, los ediles de este bloque se reunieron en la oficina de la presidencia del cuerpo. El encargado de hablar en representación del bloque de la renovación fue Ramón Martínez. “Nunca se negó la posibilidad del diálogo, siempre estuvo el Ejecutivo presente dando garantías”, remarcó.
Sostuvo que “sabemos que se dieron algunas cuestiones que estuvieron por fuera de las normativas”.
Apuntó que “el órgano competente es el Ministerio de Trabajo y hay pasos administrativos que se deben dar. Después de 35 años de estar a cargo de un gremio uno no puede desconocer cuál es el mecanismo legal; por eso algunos dicen que acompañan o ponen el hombro; pero no es bueno cuando se avala con ese gesto la ilegalidad del caso”.
Sentenció que “no avalamos ningún tipo de violencia y sobre todo entre trabajadores”.
