En su ataque a los movimientos sociales y el manejo de los planes sociales de parte del Gobierno, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra los millones de beneficiarios de planes sociales que están distribuidos hoy en la Argentina y que forman parte de la base electoral del Frente de Todos.
Entre los 3,2 millones de personas que trabajan en forma precarizada y se han anotado en el Registro Nacional de la Economía Popular (Renatep) que abrió el ministerio de Desarrollo Social, 1,2 millones conforman el universo de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. En este programa se concentran hoy la mayor cantidad de asistidos, integrantes de movimientos sociales o sectores “tercerizados”, como apuntó la vicepresidenta.
Desde las organizaciones sociales alineadas al Gobierno, los referentes piqueteros opositores y los líderes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) salieron en bloque a cuestionar los señalamientos de la vicepresidenta sobre presuntos manejos irregulares o clientelismo político.
El universo de los beneficiarios de estos planes sociales es amplio, variado y no en todos los casos responden a organizaciones sociales concretas sino que se manejan independientemente de estructuras políticas.
Según el último documento del Ministerio de Desarrollo Social que hace un análisis de los beneficiarios de planes sociales anotados en el Renatep, se analizan los datos surgidos por ese registro durante el período comprendido entre julio del 2020 y el 12 de febrero de 2022. Las lecturas corresponden al universo de inscriptos, el cual alcanza a 3.225.268 personas. De esta manera, el informe al que accedió El Cronista sostiene que el 57,8% de esta población son mujeres y el 42,2% varones, manteniéndose la distribución por sexo identificada desde los inicios del registro.
En relación a la distribución etaria, se observa que el 64,3% de los/as trabajadores de la economía popular tiene entre 18 y 35 años. “Esto habla de una población marcadamente joven, en la cual el promedio de edad es de 33 años”, dice el informe.
Al comparar la composición de los universos de trabajadores del Renatep y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en términos etarios, se advierte que las mayores diferencias entre un registro y otro se ubican en los rangos de menor y mayor edad.
Es decir, la presencia de trabajadores de entre 18 y 24 años es significativamente mayor en la economía popular (27,1% versus 6,7% en SIPA). En líneas generales, el 64,4% de la población del ReNaTEP tiene entre 18 y 35 años y el 59,6% de la población del SIPA, entre 25 y 45 años de edad.
Educación y distribución
Con respecto al nivel educativo alcanzado por los trabajadores de la economía popular se destaca en el informe que más de la mitad no completó los estudios obligatorios (61,1%) y en los casos que sí lo hicieron, el 28,7% completó el nivel secundario y sólo el 10,2% declaró estudios superiores.
En términos de distribución territorial, se mantiene una mayor cantidad de inscriptos al registro en la Provincia de Buenos Aires (35,9% del total nacional), seguida por Tucumán (6,2%), Salta (5,9%), Chaco (5,8%) y Santiago del Estero (5,7%). El 40,5% restante de las inscripciones presenta una alta dispersión a lo largo del país y ninguna provincia alcanza el 5%.
Buenos Aires es la provincia que a nivel nacional concentra la mayor cantidad de inscripciones al registro (35,9%). No obstante, el documento del Ministerio de Desarrollo Social sostiene que “su clara incidencia en términos regionales, la zona geográfica que sigue en cantidad de inscriptos es el Noroeste (23%) y a continuación se ubican el Noreste y centro del país(5), ambas regiones con el 15%”.
En relación a la rama de actividad, se observa que el 62,4% de las inscripciones al ReNaTEP corresponde a Servicios Socio Comunitarios (28,8%) y Servicios Personales y otros oficios (33,6%). El otro 37,6% se distribuye entre el resto de las ramas, de las cuales se destaca Comercio Popular y Trabajos en Espacios Públicos con el 11,8% de inscriptos.
En relación a la organización del trabajo, tal y como se indicó en el Informe General del Renatep presentado en agosto de 2021, se observó que la mayor parte de los trabajadores lleva adelante sus actividades de manera individual (59,6%) mientras que el 40,4% restante se organiza de manera colectiva. Allí es donde las organizaciones sociales cuestionan la denuncia de “tercerización” de la que habla Cristina Kirchner.
Entre las formas colectivas de trabajo, algunas unidades productivas constituyen organizaciones comunitarias/sociales (22,9%), otras son cooperativas (7,8%), también se observan pequeños emprendimientos familiares y no familiares (6,8%), proyectos productivos o de servicios inscriptos en el Ministerio de Desarrollo Social (1,7%) y núcleos de agricultura familiar (1,2%).
Potenciar Trabajo
Por otra parte, un informe de la Fundación Ieral de mayo pasado realizó una evaluación detallada del plan Potenciar Trabajo que contempla 1,2 millones de beneficiarios.
Allí se destaca que este programa social insume el 43 % del presupuesto de promoción y asistencia social y alcanza al 10 % de las personas con dificultad laboral.
A la vez, el documento de Ieral sostiene que “el Estado Nacional no logra combatir la pobreza pese a la inversión creciente en protección social desde hace al menos diez años”.
En lo que respecta el gasto social administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Potenciar Trabajo se posiciona como “el programa de asistencia más oneroso y representa dos veces el gasto ejecutado del Ministerio de Trabajo”.
De esta forma, en lo que va del 2022, el Potenciar Trabajo ocupa el 43% del gasto en Promoción y Asistencia Social, mientras que la Tarjeta Alimentar un 33%.
Al mismo tiempo, el universo de beneficiaros del Potenciar Trabajo es menor a los de la Tarjeta Alimentar: a datos de agosto 2021, se registraron 1.131.977 titulares del Potenciar Trabajo, mientras que de la Tarjeta Alimentar se contabilizaron 2.420.184 titulares y 4.083.704 beneficiarios considerando el universo de niños como población objetivo.
El informe de Ieral al que accedió El Cronista reveló también que considerando que existen alrededor de 10 millones de personas en condiciones de dificultad laboral (desocupados o informales), el programa Potenciar Trabajo sólo alcanza al 10,6% de este conjunto.
Y en la misma línea, existen importantes disparidades a nivel provincial: mientras Jujuy y la Provincia de Buenos Aires cubren un 22,2% y un 14,6% respectivamente de las personas en dificultad laboral con este programa, otras jurisdicciones como La Pampa, Córdoba y Mendoza, cubren menos del 4%.
Irregularidades detectadas
En paralelo a esto y ante los cuestionamientos de Cristina Kirchner, en el Ministerio de Desarrollo Social dieron a conocer ayer un documento en el que revela que la “solicitud de Cambio de Unidad de Gestión para titulares del Programa Potenciar Trabajo”, es decir el reclamo de cambio de lugar de trabajo o de cooperativa ante eventuales irregularidades por uso clientelar, ha mostrado un crecimiento sostenido desde su puesta en marcha el 29 de diciembre de 2021.
Hasta el 1 de junio se realizaron 176.678 solicitudes de cambio de gestión en el Potenciar Trabajo por irregularidades denunciadas.
Así, el informe del Ministerio de Desarrollo Social sostiene que “la gran mayoría de titulares manifiestan querer ser asignados a una UG específica o estar contraprestando en una UG distinta de la que figura en sistema”.
Más del 15% de las respuestas abiertas manifiestan situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones. Podemos decir que alrededor de 7000 titulares manifiestan este tipo de situaciones que motivan a solicitar el cambio de Unidad de Gestión.
En relación a estos 7.000 beneficiarios que denunciaron irregularidades, cerca de 900 manifiestan recibir algún tipo de amenaza, más de 3000 expresan la exigencia de un bono o cuota en función de aporte a la organización, 1.400 señalan la presión para asistir a marchas o movilizaciones y alrededor de 1.700 titulares describen maltratos por parte del referente o de la organización al solicitar el cambio de UG.
“Esas situaciones manifestadas en la respuesta abierta, que podrían representar algún tipo de irregularidad, fueron derivadas al equipo que trata las denuncias para avanzar en un tratamiento de ese tipo, si es que quienes manifestaron estas situaciones quieren avanzar por ese camino”, sostuvo el documento de Desarrollo Social.
En relación a la ubicación de las solicitudes o denuncias, más del 50% se encuentra en la Provincia de Buenos Aires siendo el área metropolitana la que concentra mayores solicitudes. En segundo lugar se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6,2%, provincia de Tucumán con el 4,8% y la provincia de Jujuy tercera con el 4,4%. Estas cifras guardan cierta proporción con las cantidades de titulares existentes en dichas provincias y regiones.
Detalle de los beneficios por ministerio
Muchos especialistas en temas fiscales se refieren a los planes sociales no solo como el rostro de la pobreza en el país, sino también como la forma perfecta de ocultar problemas de desempleo, “desvío de los ingresos públicos” y una constante presión impositiva en ascenso al sector privado para financiarlos.
La historia revela que hace más de dos décadas los planes sociales se incrementaron exponencialmente. Al día de hoy, según el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, hay 182 programas sociales vigentes, lo cual significa que alrededor de 25 millones de personas reciben ayuda estatal.
Estos números no son difíciles de explicar ya que nuestro país siempre que presenta una dificultad -ya sea social o económica- recurre a los planes sociales como puerta de escape. Los datos del Gasto en Servicios Sociales, que comprenden todas las partidas del presupuesto que se ejecutaron efectivamente, muestran que el gasto corriente (en miles millones de pesos) hasta el momento tuvo un crecimiento exponencial y sostenido.
Llegó a la cifra récord en 2021 de $7.151.504 miles millones (“el famoso plan platita”), pero que en el 2022 tiene según el presupuesto aprobado por el gobierno unos $6.993.190 miles de millones. La dicotomía interna de gestión refleja que, por un lado, está el compromiso con el FMI en reducir el déficit fiscal, pero por el otro, este mismo organismo avala que se otorgue ayuda estatal al sector más vulnerable.
De los 182 programas vigentes, el 46% corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Coordina 84 planes sociales, en donde la mayor partida presupuestaria lo tienen los programas de políticas alimentarias como la Tarjeta Alimentar.
Por su parte, el Ministerio de Salud es el que tiene el 14% de los planes sociales, uno de ellos es el Programa Nacional de Salud Familiar y Comunitaria.
El Ministerio de Trabajo, en tanto, se lleva el 9% de la totalidad de los planes, en donde la mayor partida corresponde al Programa Potenciar Trabajo que además de tener un 1 millón de beneficiarios, tuvo 2 millones de inscriptos potenciales.
El Ministerio de las Mujeres con ayudas estatales como el Programa Nacional “GENERAR”, Programa Escuelas Populares de Formación en género y diversidad “MACACHAS Y REMEDIOS, entre otros 10 más, se lleva un 6% de todos los planes del estado. Un 5% corresponde al Ministerio de Transporte con programas como el Plan Estratégico para la incorporación de la Perspectiva de Género en el ámbito de competencia del Ministerio de Transporte 2020-2023, un 3% a la Agencia Nacional de Discapacidad (ej. Programa Federal Incluir Salud), otro 3% pertenece al ANSES con los ya conocidas Asignaciones familiares, AUH, Jubilaciones y pensiones no contributivas.
Por último, le corresponde un 2% al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con políticas como el Programa de Operativos Socio sanitarios: Barrio Unido, entre otros.
