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Proponen una ventana jubilatoria “reparatoria” para guardaparques

La intención es que puedan jubilarse a los 50 años con el 85% del salario de bolsillo, justificado en las duras condiciones de vida que debieron sobrellevar durante muchos años para ejercer esa actividad.

21 junio, 2022
ACOMPAÑAMIENTO. Los trabajadores guardaparques se hicieron presentes el jueves en la Legislatura para pedir aprobación al proyecto.

ACOMPAÑAMIENTO. Los trabajadores guardaparques se hicieron presentes el jueves en la Legislatura para pedir aprobación al proyecto.

Un grupo de guardaparques presentó en la Legislatura provincial, por tercera vez en los últimos años, un proyecto que busca crear un régimen de ventana jubilatoria exclusivo y particular para los trabajadores de esa actividad.

La iniciativa fue elaborada por los mismos trabajadores e incorporada sobre tablas, en la sesión del pasado 16 de junio, por la diputada del Partido Agrario y Social, Blanca Álvez, con pedido de tratamiento preferencial, y cuenta con respaldo del gremio estatal ATE.

Se trata del tercer intento de lograr la aprobación de una ley que cree un régimen jubilatorio especial para los primeros guardaparques provinciales. Aseguran que tiene carácter explícitamente reparatorio hacia quienes desempeñaron la profesión en los primeros tiempos de la creación del sistema provincial de Áreas Naturales Protegidas.

“Un reconocimiento hacia los viejos guardaparques que son los primeros, los que más sufrieron en el monte”, lo definió Javier Báez, guardaparque que es Secretario General Adjunto de la Seccional San Pedro de ATE Misiones.

El régimen especial propuesto contempla la posibilidad de que los guardaparques se jubilen a partir de los 50 años y establece el tiempo de aportes mínimos continuo o discontinuo al régimen previsional provincial.

Asimismo, establece que el haber jubilatorio consistirá en un 85% de la remuneración total correspondiente al cargo desempeñado al momento de la cesación definitiva en el servicio. También dispone una bonificación del 50% para quienes “en forma real y operativa, durante 3 años continuos o 5 años discontinuos, a tareas de control y vigilancia en parques provinciales y/o áreas que hayan gozado de una protección equiparable a las establecidas en la Ley XVI – Nº 29 (Antes Ley 2932), durante el período comprendido entre los años 1984 y 1993 (art 5)”.

Se trata de un grupo de 16 “baqueanos” o “prácticos”, quienes fueron elegidos para su labor por su conocimiento del monte o del terreno antes de la creación de la carrera de Guardaparques.

En los fundamentos del proyecto se describen detalladamente las durísimas condiciones en que esos primeros guardaparques ejercieron su tarea y el hecho de que muchos de ellos no han podido reunir condiciones mínimas para jubilarse o bien, necesitan una legislación adecuada para poder hacerlo en mejores condiciones.

El origen de esa situación desventajosa reside en la falta de un Estatuto propio de su actividad, por lo cual los guardaparques son encuadrados como trabajadores administrativos y no se contemplan aspectos específicos de su actividad.

“Estos primeros agentes, incorporados en la década de los años ochenta, tuvieron las condiciones laborales no sólo más precarias, sino también más adversas que se recuerdan: aislamiento geográfico, viviendas precarias, carencia de electricidad y de agua potable, y otras condiciones insalubres (…) En cuanto a su dedicación laboral, hablamos de una entrega mensual promedio de 20 días, puestos de trabajo rotativos mensualmente, y una serie de otras condiciones que escapan a lo que establecen las normativas laborales. El trabajo de Guardaparque exigía a estos empleados públicos de manera superlativa, siendo de la menor categoría existente en la repartición”, se detalla en los fundamentos del proyecto de ley.

Diego Ciarmiello, guardaparque, dijo a FM 89.3 Santa María de las Misiones que “económicamente no mueve la aguja para la provincia y sería una reparación muy justa”.

“Si ellos usan la ventaja jubilatoria del empleado público perderían mucho dinero de bolsillo, es por eso que aún siguen trabajando, porque no están en condiciones de resignar parte de sus ingresos para vivir”, sostuvo y agregó que “necesitamos el apoyo del bloque renovador que tiene mayoría para aprobarlo”.

Tags: GuardaparquesLeyMisionesProyectoVentana jubilatoria
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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