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Aumentó casi 50% el presupuesto para planes sociales entre 2020 y 2021

El Gobierno gastó más de 7 billones de pesos durante el año pasado en ese ítem. La ayuda estatal está repartida en diez ministerios. Una foto de la pobreza, la falta de empleo y el hambre en la Argentina.

23 mayo, 2022

El gasto social en la Argentina sigue creciendo, pero las necesidades de los sectores más vulnerables no descienden. El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández invirtió más de siete billones de pesos a través de 141 “planes y programas sociales” administrados a través de diez ministerios.

Esa cifra, exactamente $7.016.996.580.588, representó, según datos abiertos del Ministerio de Economía, más del 60% del presupuesto total que fue de $11.000.407.000.000. Si se lo compara con el presupuesto ejecutado en 2020, la cifra toma aún más relevancia. Ese año, el “total del gasto social” fue de $4.715.984.206.280 y en los doce meses previos, en 2019, antes que arrecie la epidemia del nuevo coronavirus, la cifra no llegaba al billón de pesos: la inversión fue de $90.151.113.235.

Por entonces, los analistas del Palacio de Hacienda razonaron: “El gasto social pasó de representar un 59,4% del total de la Administración Nacional en 2019 al 67,4% en 2020 lo que significa un récord en términos absolutos y relativos”.

Una cifra nimia comparados con los siete billones de pesos de 2021, cuando el COVID-19 ya no arreciaba, pero el manejo sanitario, social y político de la pandemia mundial dejó en la Argentina secuelas económicas muy graves entre la población más vulnerable.

La inversión en servicios sociales del Gobierno fue, en promedio, de un 48,8% más que en el año 2020. Es decir, menos que la inflación, que llegó al 50,9%. Sin embargo, algunas partidas presupuestarias fueron muy superiores a ese valor. Por ejemplo, las Políticas Alimentarias y el programa Potenciar Trabajo crecieron un 179,1% comparado con 2020.

La evolución histórica de los programas sociales en la Argentina es ascendente. Sólo los planes de empleo, entre los beneficiarios de 1999 a la actualidad, aumentó a casi el doble.

La exposición de estas cifras oficiales sobre la ejecución presupuestaria en gasto social no es una toma de posición sobre si el presupuesto que destinó Alberto Fernández para los sectores más empobrecidos y vulnerables de la sociedad es mucho o poco. Es una foto de la situación por la que atraviesa el país donde todo lo que se invierte en comida y planes sociales parece poco por la inflación que no se detiene y los puestos de trabajo que faltan, entre otras calamidades como la pobreza y la indigencia.

No hay datos certeros, precisos y oficiales sobre la cantidad de beneficiarios de los planes de empleo desde ese comienzo hasta la fecha. Sí se pueden tomar dos datos documentados. La cantidad de beneficiarios aprobados en los programas Trabajar II y III, que se ejecutaron entre los años 1997 y 1999, era de 649.896 beneficiarios.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se informó de manera oficial a este medio que, hasta el mes pasado, el programa Potenciar Trabajo tiene registrados 1.200.000 beneficiarios, casi 100% más. Y con un agravante: si se abriera el programa y se aceptaran a todas las personas en condiciones de ingresar al beneficio, el número, como mínimo, podría cuatriplicarse.

Zabaleta, el ministro que mayor manejo tiene

Los 141 programas sociales o planes están repartidos en diez de los 20 ministerios del Gabinete nacional. La Guía de Programas Sociales discrimina a cada uno de ellos y describe los objetivos centrales que deberían llevar adelante.

El Ministerio que más programas tiene bajo su responsabilidad es Desarrollo Social. Son 85. Juan Zabaleta recibió el año pasado un presupuesto de $522.369 millones.

La mayor parte se destinó a las Políticas Alimentarias, $244.789 millones; y Potenciar Trabajo con un presupuesto ejecutado de $226.557 millones.

En ese contexto, explicaron al portal Infobae desde la cartera de Martín Guzmán, “el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha definido cuatro ejes prioritarios que incluyen políticas y programas para dar respuesta a las principales problemáticas sociales de nuestro país” y enumeraron:
-Argentina Contra el Hambre: Políticas de Seguridad y Soberanía Alimentaria, cuyo “objetivo es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población argentina, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social”.
-Políticas de Inclusión Laboral, de Ampliación de Acceso al Crédito no Bancario y Finanzas Solidaria.
-Políticas de Cuidado para Niños, Niñas, Adolescentes, Adultos Mayores con Eje en el Territorio y la Comunidad.
-Políticas de Protección Social para las Poblaciones más Vulnerables y Acompañamiento en situaciones de Emergencia y destaca que: “Agrupa todas las iniciativas y programas orientados a la protección social destinada a asistir a aquellos hogares y poblaciones en situaciones de extrema vulnerabilidad y situaciones de catástrofes y emergencia social, económica y de salud”.

La vedette de Argentina Contra el Hambre es la “Tarjeta Alimentar. Programa Nacional de Seguridad Alimentaria”.

Tags: #economía#PresupuestoAlberto FernándezArgentinaAyuda estatalDesarrollo SocialPlanes sociales
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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