Entre la solución política que no asoma y la avanzada judicial que se relame, miles de familias de hipotecados UVA agonizan por estos días a la espera de señales por parte de la Nación.
En pocas semanas vence el decreto 767/2020 de Emergencia Pública que establece para todos los deudores UVA el prorrateo del aumento del valor de la cuota en 18 meses y la limitación al 35% del salario del deudor, una irregular modificación del contrato inicial que estipulaba un 25%.
Pasan los días y el Gobierno argentino sigue sin mostrar el más mínimo interés por esta porción de habitantes que, simplemente, intenta no perder su hogar y pagar una cuota tolerable. Una porción de población que también fue víctima de falsas promesas (del gobierno anterior y del actual) y un sistema siniestro para un país en el que la inflación es endémica.
Pasan los años y los hipotecados UVA siguen ahí, entre la posibilidad de un gesto político y una avanzada judicial.
