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El Consejo de la Magistratura entró en un terreno pantanoso e incierto en la legalidad

16 abril, 2022

El plazo que dispuso la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso sancionara una ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura venció este viernes a la medianoche y ahora es todo tensión e incertidumbre, ya que no se sabe qué sucederá a partir del lunes.

El fallo del máximo tribunal dictado en diciembre pasado, que había dado 120 días para una nueva ley, llegó a su fin y la vista está puesta precisamente en lo que hará el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.

Según esa decisión de mediados del último mes del año, durante estos cuatros meses el Congreso debía aprobar una nueva conformación o el propio Consejo debía volver a la integración de 2006, cuando eran 20 los miembros y el titular de la Corte era su presidente.

La actual composición de 13 integrantes fue declarada inconstitucional. El Frente de Todos propuso un Consejo de 17 miembros, algo que avanzó en el Senado, pero quedó trabado en la Cámara de Diputados.

Para volver a los 20 consejeros, los abogados, académicos y jueces ya eligieron a sus representantes para enviar al órgano, pero la tensión está puesta en los dos miembros que debe designar el Congreso, uno por cada Cámara.

El PRO eligió al senador cordobés Luis Juez y el radicalismo propuso a la diputada santacruceña Roxana Reyes. Sin embargo, un fallo de la Justicia Federal de Entre Ríos le prohibió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al jefe de Diputados, Sergio Massa, enviar oficialmente a sus representantes.

Para Juntos por el Cambio, esa decisión de un juzgado de primera instancia no tiene validez ante una declaración de inconstitucional dictada por la Corte Suprema. De hecho, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que había iniciado la causa contra la conformación del Consejo en 2006, le reclamó al alto tribunal que deje sin efecto el fallo del magistrado Daniel Alonso, quien hizo lugar a una cautelar del diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto.

Así las cosas, con una integración a medidas, la vista está puesta en lo que hará la Corte a partir del lunes, ya que podría avanzar con la vuelta de los 20 miembros, mientras el Gobierno busca forzar una extensión de la fecha límite para poder lograr una ley.

La norma que propuso el oficialismo excluye al presidente de la Corte de encabezar el Consejo de la Magistratura y allí reside el principal punto del cortocircuito.

Este lunes, con el plazo para una ley ya vencido, el máximo tribunal del país deberá adoptar un línea de acción y, antes que nada, resolver qué hará con el fallo de Entre Ríos, mientras el Frente de Todos resiste en el Congreso.

Si no hay avances, la consecuencia directa es la paralización del Consejo de la Magistratura -órgano que designa, remueve y sanciona jueces en todo el país-, ya que la Corte Suprema aclaró en diciembre que si pasado el 15 de abril no había cambios, todos los actos del cuerpo iban a ser considerado inválidos.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: ArgentinaCarlos RosenkrantzConsejo de la MagistraturaJusticia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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