A casi dos años y medio del anuncio del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, finalmente Brasil firmó el traspaso a manos privadas del Parque Nacional Iguazú en Foz. Cabe recordar que, en el marco del Programa Nacional de Desestatización también se incluyó a los parques Dos Lençóis Maranhenses (Maranhão) y el de Jericoacoara (Ceará).
El área total del parque en el lado brasileño es de 1.696 km2 de área protegida y remanente más grande del bioma del Bosque Atlántico del sur del vecino país. Según el portal BNaméricas, el Banco de Desarrollo (BNDES) adjudicó una concesión válida por 30 años, “un paso importante en su plan para dar un toque verde a las privatizaciones”.
La privatización fue asignada al consorcio Novo PNI, formado por la constructora local Construcap y Grupo Cataratas, que también tiene como accionista a la firma de capital privado Advent.
El grupo pagó 375 millones de reales (US$76 millones) para asumir el contrato y superó al consorcio Reserva Iguaçu.
“Además de atender bien a los visitantes, este contrato de concesión también impone la obligación de mantener la infraestructura y preservar el área. Se beneficiarán trece localidades cercanas al parque en la región, con la generación de empleos verdes. Este es el modelo del gobierno para actuar y aportar soluciones climáticas rentables”, señaló el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite, durante una conferencia de prensa posterior a la licitación.
Promesas de modernización
Como fundamento para la medida oficial, el Gobierno del presidente Bolsonaro argumentó la necesidad de invertir recursos para infraestructura y mejora de los servicios. En ese sentido, se incluye la construcción de un teleférico, proyecto sobre el cual no se han brindado detalles acerca de su ubicación, ni de su impacto ambiental.
La privatización generaría inversiones, según las promesas previas, por 500 millones de reales en nueva infraestructura y 3.000 millones de reales para la operación del parque durante la vigencia del contrato.
El parque fue creado en 1939 y recibe 2 millones de visitantes al año, según el Gobierno. El nuevo consorcio pretende llegar al doble de ingresantes.
BNDES suscribió recientemente un contrato con el Instituto de Biodiversidad Chico Mendes (ICMBio) para estructurar concesiones para 10 áreas de conservación como parte de iniciativas del gobierno para demostrar su compromiso con la preservación ambiental.
“No estoy en contra de privatizar los parques, pero hay que ver si con el tiempo estas operaciones son viables o si las empresas que los están tomando ahora no abandonarán la concesión en unos años porque decidieron que no era tan rentable”, dijo a BNamericas Cecilia Polacow Herzog, profesora del departamento de Arquitectura y Urbanismo y coordinadora del posgrado en Paisajismo Ecológico de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Río de Janeiro.
“Mi desconfianza también es porque sabemos que la agenda ambiental no es necesariamente el fuerte del gobierno actual”, agregó. Es que la administración de Jair Bolsonaro ha sido criticada por el aumento de la deforestación en Brasil desde que asumió el cargo en 2019.
