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El Grupo Z busca quedarse con el negocio de colectivos en Oberá

23 marzo, 2022
VIAJAR COMO GANADO. Es una de las causas que más críticas genera contra las empresas del holding local.

VIAJAR COMO GANADO. Es una de las causas que más críticas genera contra las empresas del holding local.

VIAJAR COMO GANADO. Es una de las causas que más críticas genera contra las empresas del holding local.

Dos empresas pertenecientes al Grupo Z compraron pliegos y pretenden participar en la licitación convocada por la Municipalidad de Oberá, para quedarse con el servicio de transporte urbano público de pasajeros. Oberá es la segunda ciudad más grande de Misiones, después de Posadas y en los últimos años ha tenido el servicio de Capital del Monte. Este año vence su contrato y el intendente Pablo Hassán quiere introducir otras.

Además de las dos pertenecientes al Grupo Z, otras cuatro empresas compraron pliegos: Capital del Monte (que buscará renovar), Nexo Cono Sur, JAH SRL y Kenia SA (de Eldorado). La última estaría vinculada al Grupo Horianski que también se dedica al transporte en la provincia.

Ninguna de las otras empresas estaría en condiciones de competir con las del Grupo Z, que viene siendo beneficiada con miles de millones de pesos en subsidios, creciendo en varias provincias y países, y trabajando cómodamente hace mucho en la capital misionera donde se encuentra el mayor flujo de pasajeros. Claramente hay una competencia desigual entre las interesadas.

El proceso continuará el próximo viernes 25/3 con una ronda de consultas con las distintas firmas, que luego deberán decidir si presentan una oferta con detalles del servicio y costos. Recién ahí las empresas expresan su voluntad de competir. La apertura de sobres se realizará el 24 de mayo a las 12 horas, luego la evaluación y posterior adjudicación del servicio.

 

Ampliar el monopolio

El Grupo Z, mediante tres empresas, domina el 85% del transporte en Posadas desde hace varias décadas, pese a las reiteradas y permanentes críticas de los usuarios por deficiencias del servicio.

En los últimos años ha crecido de tal manera, económicamente, que parte de sus integrantes han comprado una flota de colectivos para prestar servicios en Buenos Aires y Capital Federal; y también ha realizado una inversión millonaria en Santiago de Chile para quedarse con una importante tajada del negocio del transporte en esa capital.

Su desarrollo demuestra que ha tenido una rentabilidad muy importante pero, a pesar de ello, sigue teniendo graves y repetidas falencias en el servicio debido a la falta de inversión y empatía con los usuarios de los colectivos.

A la prestación deficiente se suma un tema muy discutido en el aspecto económico del Grupo: la transparencia. A pesar de ser un servicio público, que debería tener los números abiertos a cualquier ciudadano, sus finanzas son un secreto escondido bajo siete llaves.

El aspecto más turbio está relacionado a la cantidad de boletos que vende, la millonaria catarata de subsidios que recibe y la ecuación polinómica que se aplica para determinar el monto del boleto que le cobra diariamente a los pasajeros.

Es que las empresas del Grupo se han negado sistemáticamente durante los últimos ocho años a implementar la tarjeta SUBE nacional, que tiene un sistema de control transparente y les otorga numerosos beneficios a los usuarios.

Si utilizara este sistema, el Gobierno nacional tendría una medición exacta de los kilómetros recorridos por cada unidad, los boletos vendidos y haría un cálculo más exacto de cuánto debería costar el boleto y cuánto dinero alcanzaría a la empresa para brindar el servicio sin castigar a los usuarios con el precio del boleto. Pero eso no ocurre.

En cambio, el Grupo tiene su propia “SUBE misionera” con la cual se controla los números y presenta informes a la provincia mediante declaraciones juradas escritas. Es decir que la Provincia ni la Nación controlan que efectivamente los números sean los que declara.

Hubo numerosos intentos de sectores políticos y usuarios que, dudando de los números declarados, pidieron que se abran los balances y se corra el velo de lo que significa un mega negocio millonario a costa de los sectores más populares de la población misionera. No hubo caso.

 

Las quejas y falencias permanentes sobre el servicio

• Falta de refugios en las paradas: los usuarios deben esperar en la lluvia o el sol en muchos barrios.
• Falta de frecuencia: los feriados, fines de semana y horarios pico la gente viaja amontonada como ganado y muchos pierden los colectivos debido a que cruzan cargados al tope y no pueden subir más pasajeros. Eso causa demoras, incomodidades y problemas.
• Ampliación de recorridos: los barrios más alejados y los nuevos parecen permanentemente la indiferencia al pedido de sumar nuevas líneas. Nemesio Parma, Itaembé Guazú, la zona Sur del Autódromo y los municipios de Garupá y Candelaria tienen permanentes problemas de este tipo que no son escuchados por la empresa.
• El precio de la SUBE: este año el Grupo está cobrando mil pesos, cuando la tarjeta nacional tiene un costo de entre 90 y 200 pesos como máximo.
• Descuentos: la SUBE nacional otorga descuentos cuando se utiliza con mayor frecuencia, buscando que el pasajero que viaja seguido sienta un alivio en su bolsillo.
• Pérdida de subsidios: Nación otorga subsidios a provincias por dos vías: una para equilibrar costos y otra para beneficiar a los usuarios, pero Misiones recibe solo el primer concepto y pierde millones del segundo, que solo llega a las ciudades con SUBE nacional.

Tags: #Oberá#PosadasGrupo ZMisionesTransporte
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Fúnebres del Miércoles 23 de Marzo de 2022

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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