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Suba de retenciones: “Es un tiro en el pie”

16 marzo, 2022

Con el objetivo de bajar la inflación en un contexto de mayor presión por la suba de precios de los commodities a nivel internacional –disparados por la invasión rusa a Ucrania- y de hacerse de divisas en el marco de escasez existente por parte del Banco Central, el Gobierno nacional vuelve a desafiar y a pararse en la vereda de enfrente del sector agroexportador de la Argentina.

El domingo se dio a conocer la decisión de suspender el Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para las exportaciones de harina y aceite de soja, entre otras posiciones arancelarias de la oleaginosa y, aumenta la posibilidad de aumentar las retenciones de esos derivados en 2 puntos porcentuales, del 31 al 33%, algo que se espera por estas horas.

En este contexto, el Gobierno podría enfrentar un nuevo conflicto con el campo que ya manifestó su predisposición a movilizarse en contra de esa y otras políticas destinadas al sector, que según los productores reducen la previsibilidad para desarrollar su negocio.

 

“El Gobierno no conoce el mercado”

“La suba de estas retenciones genera un gran aporte a la confusión general. En verdad, lo que se iría a recaudar por este medio serían 400 millones de dólares. Con esta medida se genera ruido con toda la exportación y va a suceder lo que sucedió: la exportación se retira del mercado cambiario y cuando pasa eso se desploma todas las cotizaciones”, dijo a Infobae el economista Salvador Distefano.

“El productor piensa que si los exportadores van a tener un aumento de las retenciones, éstos van a trasladar ese mayor costo y la cotización de la soja va a disminuir. Y en consecuencia, no quieren liquidar”, remarcó.

Para el especialista, “el Gobierno se tiró un tiro en el pie” con esta estrategia dado que genera que el exportador se corra y no participe del mercado. En ese sentido, aseguró que “el Gobierno desconoce al sector agropecuario”.

“Los precios de la soja y el maíz han subido muchísimo. Si trazás en una serie de tiempo los precios de estas commodities y ves los precios futuros al valor de marzo y de noviembre para la soja, hay un inverso de casi u$s80. Hoy vale u$s630 la soja y a noviembre cotiza a u$s550 tal vez. ¿Qué significa? Que hoy tiene un alto valor porque hay un premio que el mercado paga por todos los conflictos que hay, entre ellos la sequía y la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Para Distéfano no tiene sentido salir a generar un aumento de retenciones hoy cuando se sabe que el precio tiene como componente una prima de riesgo que mañana puede desaparecer. “El Gobierno no conoce el mercado de la materia prima internacional y el comportamiento del exportador y el productor”, aseguró.

 

Impacto fiscal

Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una suba de las retenciones al aceite y harina de soja de 2 puntos porcentuales tendría un impacto menor desde lo fiscal. A partir de las declaraciones juradas de ventas al exterior que ya han sido emitidas, se podría aumentar la recaudación en u$s425 millones, un 5% adicional a la recaudación total por este tributo por las cadenas de cultivos estimada en u$s9.000 millones para 2022.

Del total que se recaudaría de manera extra, u$s265 millones serían de harina y los u$s160 millones restantes de aceite. De acuerdo a la entidad, el avance de este tipo de medidas se produce a pesar de que en el último mes la recaudación esperada por derechos de exportación se incrementó en u$s1.200 millones producto de los precios impulsados por la sequía y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que disparó el precio de las commodities.

“Un incremento en el impuesto a la exportación de aceite y harina desalienta el procesamiento local, ya afectado por la menor disponibilidad de poroto local e importado producto de la sequía. Este efecto se vuelca, además, al sector primario, debido a que se afecta su capacidad de pago”, destacó la Bolsa de Cereales.

Asimismo, expresó que de un análisis legal de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) surge que “la medida de cierre de registro no estaría justificada”, y además advirtieron que una nueva modificación de las alícuotas de retenciones queda imposibilitada sin una ley del Congreso, conforme a la Constitución Nacional y a la confirmación de diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“El humor del sector es malo”

Por otro lado, hubo un rechazo a la política agropecuaria que lleva adelante el Gobierno con la aplicación de restricciones a las exportaciones, retenciones y a la casi nula presencia de otras políticas de subsidios y apoyos de relevancia.

En ese contexto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, dijo que “el humor del sector es malo”. En tal sentido, el campo se prepara para movilizarse una vez más en contra de la política agropecuaria del Gobierno.

Desde diferentes sectores de las bases de productores ya se están organizando asambleas. El sector agropecuario ya empieza a vaticinar un escenario similar al de 2008, cuando el campo protestó en contra del proyecto de retenciones móviles que promovió el Gobierno de Cristina Kirchner.

 

“Camionetazo a Casa Rosada”

En un breve comunicado de prensa, la Mesa de Enlace rechazó el lunes la decisión del Gobierno de cerrar las exportaciones de aceite y harina de soja, y reclamaron a las fuerzas legislativas en el Congreso, “poner un orden institucional sobre la legislación en materia de impuestos a la exportación”.

El Vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, propuso desde su cuenta de Twitter un “camionetazo a Casa Rosada, urgente”.

Al respecto, el dirigente cordobés sostuvo, que “la idea es manifestar la disconformidad que hay en todo el ambiente productivo, y como una forma de contener y canalizar un poco a los productores. La idea de ir a manifestarnos a donde se toman o donde uno cree que se toman las decisiones económicas”.

 

La posición del Gobierno

El presidente Alberto Fernández se reunió el lunes con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; con quien también había mantenido un encuentro durante el fin de semana, además de otros ministros del área económica, entre ellos el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el secretario de Comercio, Roberto Feletti.

Allí analizaron un paquete antiinflacionario que se podría lanzar en los próximos días, que podría incluir la ampliación de los programas Precios Cuidados por sectores para garantizar la producción; Precios Máximos para productos de primera necesidad, como la harina; y modificar el decreto del subsidio manufacturado de la exportación del aceite y harina de soja del 31 al 33%, para ampliar el fideicomiso de alrededor de u$s450 millones para el trigo, en un eventual acuerdo con los industriales del sector para mantener un precio sostén.

De este modo, el Poder Ejecutivo dio un primer paso que reaviva el conflicto con el sector agropecuario argentino en un contexto de plena escasez de divisas y en el marco de la dura renegociación del acuerdo stand by con el Fondo Monetario por u$s44.000 millones.

En tanto, el campo mostró su descontento y advirtió que presentará batalla si el Gobierno avanza con la suba de las retenciones.

 

“Se busca cuidar el costo de la canasta alimentaria”

El ministro de Economía Martín Guzmán defendió el lunes durante cinco horas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado y descartó, ante repetidas consultas de los legisladores un aumento de retenciones a las exportaciones de granos.

Consultado respecto a la posibilidad de aumentar los derechos de exportación, Guzmán respondió: “No hay ningún compromiso asumido en el contexto del programa con el FMI sobre impuestos o retenciones. El programa establece un conjunto de compromisos y metas pero es la responsabilidad del Gobierno el diseño y la ejecución de un número de aspectos grande para cumplir con los compromisos”, apuntó.

Tras una consulta del senador y productor agropecuario Alfredo De Angeli, el ministro de Economía dijo sobre la posibilidad de aumentar retenciones que “es de una dureza la situación (internacional), que hay que tomar plena conciencia de lo que conlleva para la Argentina”, mencionó.

“El impacto en los precios de los alimentos es significativo y que se ve con claridad en las últimas tres semanas. No hacer nada implica una situación en la que este shock termina siendo regresivo”, continuó Guzmán.

El Estado tiene instrumentos limitados y siempre se busca llegar a acuerdos primero para que este shock no resulte una presión en el precio de los alimentos que dañe a millones de argentinos”, agregó el funcionario.

“Venimos trabajando con fideicomisos para lograr una brecha entre el precio internacional y el interno, esa ha sido la línea de trabajo, la línea preferida”, dijo, pero contrapuso que en la actualidad “enfrentamos un shock de una magnitud que es difícil encontrar precedente, la decisión tiene que ver con la naturaleza de lo que vivimos”, continuó.

Por último, descartó que haya un aumento de retenciones para granos como maíz o trigo.

En tanto, el Gobierno nacional descartó la posibilidad de instrumentar incrementos en las retenciones a las exportaciones de granos, al tiempo que aclaró que sí buscará “evitar un efecto desestabilizante en el costo de la canasta alimentaria” a causa de la fuerte suba de los precios de las commodities por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que “se están estudiando una cantidad de medidas”, tras lo cual aclaró que “ninguna de esas medidas es la suba de la retención a la producción de maíz, la soja o el trigo”. No hizo ninguna referencia a la harina y el aceite de soja.

 

Nunca alcanza

La sospecha de los economistas es que una suba de las retenciones ahora es una medida errónea. Puede mejorar el ingreso fiscal, sí, aunque es difícil que el rubro de retenciones a la exportación, que ya el año pasado representó un 9% del ingreso de la AFIP, pueda impactar mucho más. En términos de PBI, las retenciones ya equivalen -después de un excelente año para el agro- dos puntos y medio.

Si bien los precios agrícolas están en un nivel récord, impactados por la guerra en Ucrania, eso no implica que Argentina tenga una mejora explosiva en su ingreso de divisas, porque el mayor precio se “netea” con una caída en la producción, por las sequías que afectaron a las regiones agrícolas.

Los expertos esperan que la exportación del agro este año será unos u$s1.000 millones superior a la del año pasado. Y los primeros cálculos indican que una suba de las retenciones implicaría una mayor recaudación de dólares en el orden de los u$s400 millones. Esto, claro, siempre que los precios se sostengan en sus niveles actuales y que no haya una reacción díscola de los productores que quieren retener los granos.

Fuente: infobae.com

Tags: #economíaArgentinaCampoRetenciones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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