El resultado de la investigación determinó el fin del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, que habían gobernado la península desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. A estas dos agrupaciones tradicionales se sumó también el Partido Comunista, disuelto en 1991 y transformado en el Partido Democrático de la Izquierda.
La investigación, realizada por unos 70 fiscales, se inició cuando la Guardia de Finanzas sorprendió a Mario Chiesa, director de un hospicio de Milán y miembro del Partido Socialista, de centro izquierda, guardando 3.500 dólares en un cajón de su oficina, informó la agencia de noticias italiana ANSA.
Las confesiones de Chiesa desnudaron una serie de pagos ilegales a los partidos políticos, lo que llevó al exprimer ministro y secretario del Partido Socialista Bettino Craxi a huir de la Justicia, refugiándose en su villa de Túnez hasta su muerte en 2000.
Craxi, al igual que su amigo, el exprimer ministro Silvio Berlusconi, denunció que las investigaciones eran un complot urdido por los jueces comunistas, llamados “togas rojas”.
En la Italia de los 90 el término usado para definir la corrupción era “tangentópolis” o “ciudad soborno”, según el cual los políticos recibían importantes pagos a cambio de proporcionar contratos, obras, subvenciones con dinero público, entre otros casos.
En apenas dos años fueron condenadas un total de 1.200 personas, acusadas de corrupción y extorsión, según informes de prensa.
Sin embargo, la esperanza de reemplazar las estructuras de la vieja política se desvanecieron rápidamente cuando en 1994 llegó al poder una nueva elite liderada por el multimillonario Berlusconi, cuando se incrementaron los casos de corrupción en la península.
El imperio mediático de Berlusconi, conocido como Mediaset, controlaba en aquellos días la televisión privada y la estatal radiotelevisora RAI.
La investigación de “Mani pulite” fue coordinada por el Ministerio Público, a cargo del fallecido Francesco Saverio Borrelli y por el adjunto Gerardo D’Ambrosio, tras ser asignada en primera instancia a los fiscales Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo y Gherardo Colombo.
Los fiscales investigaron también a los grandes grupos empresarios como Fiat, ENI, Montedison, Enel, Olivetti y el grupo Fininvest de Berlusconi.
Sin embargo, la investigación desató una polémica sobre el papel de los jueces, acusados de “invasión indebida y uso desvirtuados del poder que se les ha conferido”.
Para muchos analistas italianos, el exfiscal Di Pietro, de 71 años, quizás sea la figura estelar del recordado proceso judicial, tras liderar entre 1992 y 1994 un equipo de fiscales que en Milán barrió a la clase política e inició los juicios contra Berlusconi.
Sin embargo, Di Pietro debió renunciar para defenderse de una serie de acusaciones ante la Justicia, entre ellas la de abuso de poder.
A fines de junio de 1995, el Senado italiano votó a favor de limitar la capacidad de los investigadores para mantener a los sospechosos en prisión, lo que constituyó una derrota para los magistrados, que fueron abandonados por sus tradicionales aliados de izquierda.
Por aquellos días se debatía el tema de la “custodia preventiva”, una herramienta que también utilizaban los fiscales antimafia en Sicilia, ya que muchos argumentaban que ese sistema se ponía del lado de los investigadores, según The New York Times.
“Me acusaron de ser agente de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) porque nadie se explicaba cómo conseguía tantas pruebas”, dijo Di Pietro al diario La Capital de Rosario, cuando visitó la Argentina a mediados de noviembre de 1994.
Recordó que llegó a sumar 420 imputaciones en su contra, lo que lo forzó a renunciar al cargo de fiscal en 1994, para dedicarse a defenderse de esas acusaciones, que consideró “falaces”.
También opinó que “Mani Pulite no se detuvo con nadie, ya que fue mucho más allá de Berlusconi” y señaló que la investigación judicial fue “como un tren que se llevó todo por delante”.
Dos años después, el exfiscal se convirtió en ministro de Obras Públicas del Gobierno de Romano Prodi (1996-1998), pero debió renunciar luego de que se abriera una nueva investigación judicial por supuesta corrupción.
Según el diario español El País, Di Pietro abandonó su cargo en medio de una ola de rumores que señalaban que “durante su etapa de fiscal cobró de los procesados que querían obtener un trato favorable de la justicia”.
En declaraciones al sitio web L7.I di Martedi, el exjuez Piercamilo Davigo reconoció a mediados de noviembre de 2021 que “Mani pulite” fue “una ocasión perdida para hacer de Italia un país mejor”.
Fuente: Agencia de Noticias Télam (publicado originalmente el 17 de febrero de 2022)
