Por Ana Di Pangracio
Directora ejecutiva adjunta de FARN.
Abogada (UBA) especializada en Derecho Ambiental (UCA).
Desde 2010 trabaja en FARN a cargo del área de Biodiversidad // Publicado en Perfil
En Argentina, la demanda por una Ley de Humedales que proteja a estos ecosistemas data ya de hace más de diez años y es una deuda que todavía no ha sido saldada. En los últimos dos años se renovaron las iniciativas legislativas por una ley nacional de presupuestos mínimos para su conservación.
Sin embargo, en paralelo, se multiplicaron las amenazas y las afectaciones a la biodiversidad, comunidades y pueblos que los habitan y dependen de ellos para su subsistencia.
¿Por qué son esenciales los humedales? Estos ecosistemas poseen un enorme valor biológico, social, cultural y económico. Actúan como grandes reservorios de agua dulce; amortiguan los impactos de las lluvias; controlan la erosión; son destacados sumideros de carbono, incluso más que los bosques; son espacios de recreación, investigación y educación; proveen materiales, medicinas, alimentos; y constituyen refugios naturales para la fauna silvestre; entre muchos otros beneficios.
Asimismo, los humedales son claves para el funcionamiento de la naturaleza en su conjunto. Se encuentran entre los ecosistemas más productivos del planeta: se estima que el 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos.
En nuestro país ocupan no menos del 21,5% del territorio. La extensión y variación del territorio nacional determinan la existencia de una importante variedad de humedales en zonas urbanas y rurales, los cuales albergan una gran biodiversidad y proveen beneficios ecosistémicos esenciales para la vida humana.
Que quede en claro: sin humedales, fuentes de vida, no hay producción posible. Cuanto más alteramos los ecosistemas, más peligro corremos, y ningún sector de la sociedad está exceptuado de ello.
Las prácticas productivas a contramano del sostenimiento de la integridad ecológica de los humedales es pan para hoy (para unos pocos) y hambre para mañana (para muchos). Conciliar el cuidado de los humedales con su uso, no solo es posible, sino que es imprescindible.
Pese a todo ello, los humedales sufren continuas amenazas e impactos justificados por el modelo de producción: la agricultura y ganadería industrial, el desarrollo inmobiliario y la mega-minería acrecientan día a día la degradación y pérdida de estos ambientes de la mano de incendios intencionales, terraplenes, canalizaciones, rellenos, vertimiento de residuos, etc.
Una ley para protegerlos es necesaria para conservarlos y planificar de manera responsable y participativa a lo largo del país un tipo y escala de producción que respete su valor intrínseco, su integridad ecológica y así, la continuidad de los beneficios que otorgan, claves para atender y revertir la actual crisis ecológica y climática que no tiene precedentes.
El proyecto de Ley de Humedales ha caído nuevamente en el 2021. Ya había sido presentado en dos oportunidades, en 2013 y en 2016, pero en ambos casos, pese a tener media sanción del Senado, no prosperó en la Cámara de Diputados.
Lamentablemente la falta de interés y compromiso político con el tema y los efectos de los lobbies extractivistas siguen haciendo mella, y, una vez más, esta norma fundamental se ve postergada.
En este escenario, miles de personas y cientos de organizaciones socioambientales de todo el país se han movilizado y desplegado un abanico de acciones legales, políticas, institucionales y sociales para exigir la urgente sanción de una Ley de Humedales.
Estas iniciativas se extendieron no sólo en ámbitos públicos de modo presencial, sino también en espacios virtuales, a través de la visibilización del reclamo en redes sociales.
Mediante el impulso de petitorios se reunieron a la fecha casi 700.000 firmas que se unen a la demanda, y que también se han involucrado a través de la habilitación y uso de plataformas digitales como “Activá el Congreso” para exigir a la Cámara de Diputados el tratamiento de la Ley.
Es hora de que el Congreso Nacional se haga eco de este reclamo ciudadano y que se impulsen y construyan los consensos políticos necesarios entre bloques parlamentarios, y con el acompañamiento del Poder Ejecutivo, para proteger el bien común y sancionar una #LeyDeHumedalesYa.
