El 23 de diciembre de 1986, el Congreso argentino sancionaba durante el gobierno de Raúl Alfonsín la Ley 23.492 de Punto Final, que ponía fin “a la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983” y que sería promulgada al día siguiente, el día de Nochebuena.
Pero no fue suficiente y los militares se amotinaron en 1987, en el primer levantamiento “carapintada” encabezado por el teniente coronel Aldo Rico en Campo de Mayo, y al año siguiente en el acuartelamiento del coronel Mohamed Alí Seineldín en Villa Martelli.
Luego de la primera de ellas, el Poder Ejecutivo propiciaría la sanción de la Ley 23.521 de Obediencia Debida, según la cual los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura no eran punibles, por haber actuado en “obediencia” a órdenes emanadas de sus superiores.
Ambas leyes provocaron fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas, así como de sectores internos del radicalismo, marcando un punto de inflexión en el gobierno de Alfonsín, que a partir de ese momento comenzó a sufrir una irreversible merma en sus niveles de popularidad.
En el año 2003, a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner, el Congreso acabó con este oprobio declarando la nulidad de las “leyes de la impunidad”.
