Unas siete millones de personas transitaron lo que va de este año con salarios que se movieron muy por debajo de la evolución de los precios. Se trata del sector más vulnerable del mercado laboral: los trabajadores informales (sin descuento jubilatorio, en la clasificación en las estadísticas del INDEC).
Un universo que todavía permanece, en gran parte, por debajo del radar del Estado, que por definición tiene salarios mucho más desprotegidos contra la inflación y que, además, desde la mitad del año pasado representa ocho de cada diez nuevos puestos de empleo que se generan en el país e ingresos que se ubican en la mitad del promedio general.
Según dejaron saber a Infobae funcionarios del equipo económico, el indicador al que apuntará con principal atención el Poder Ejecutivo en las semanas que quedan de 2021 será equiparar la carrera entre los salarios y los precios.
El Gobierno de Alberto Fernández hizo repetidas veces la promesa de que este año los ingresos de los hogares deberían terminar el año por encima de la evolución inflacionaria. A semanas de que termine el 2021, eso podría ser cierto para una parte del mercado laboral, pero un segmento importante quedará fuera.
El último dato oficial de INDEC fue publicado al mismo tiempo que el IPC de octubre (3,5%), y marca la fragilidad de los sectores del mercado de trabajo que están desplazados del empleo registrado o público: en lo que va del año los salarios de los trabajadores informales están nada menos que 17% por debajo de la inflación. Es incluso una brecha mayor a la que ya tenían en septiembre, cuando ese sector estaba 12 puntos atrás del ritmo de precios.
No se trata de un sector menor de la sociedad. Según se desprende de datos oficiales, poco más del 37% del empleo es informal, lo que incluye a unos 7,1 millones de trabajadores. Por definición no tienen mecanismos de protección de su poder de compra como las negociaciones salariales sindicales, por lo que la única manera de tener actualizaciones en sus ingresos es la referencia que da el salario mínimo, que este año tuvo un incremento cercano al 54%.
Radiografía
El universo del mercado laboral no registrado está apenas alcanzado por el radar del Estado, a través de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Solo con cuentagotas las autoridades pudieron contar, con el experimento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante los primeros meses de pandemia de COVID-19, una aproximación a ese mundo.
Como referencia, el Gobierno proyectaba que esa asignación extraordinaria alcanzara a 3,6 millones de personas -entre ellos empleados en negro- pero la expectativa inicial se desbordó y terminó llegando a casi 9 millones de personas.
De esa base de datos el Estado detectó que más del 60% de los solicitantes o bien eran desempleados o tenían empleos no registrados. Después de la experiencia del IFE, el Ministerio de Desarrollo Social buscó a través de la creación de un registro especial poder “censar” cuántas personas forman parte del segmento más precario del mercado laboral, que llama la economía popular.
Según la definición de Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la economía popular no debería ser sinónimo de informalidad.
“La informalidad implica un trabajo bajo convenio en el cual el patrón no tiene a ese trabajador registrado. La economía popular es un grupo de actividades que implican una nueva relación social en la que los empleados se inventan su nuevo trabajo. Tiene un origen en la subsistencia básica y está más vinculado a buscarse una forma de vivir”, explicó.
“Sólo 5,2% de las trabajadores del Renatep se encuentran inscriptos de manera individual en alguna categoría tributaria. La mayor parte está adherida al Monotributo Social (4,65 puntos porcentuales) y el resto se distribuye entre las categorías A y D del régimen simplificado de impuestos, concentrándose especialmente en la primera”, mencionó un primer informe.
