El salario mínimo, vital y móvil se define en la Ley Nacional de Empleo (Ley Nº 24.013) como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
La misma Ley establece que “todo trabajador mayor de dieciocho (18) años, tendrá derecho a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo, vital y móvil que se establezca, conforme a la ley y por los organismos respectivos”.
En la actualidad el salario mínimo es una referencia para unas seis millones de personas en todo el país. Es clave porque se utiliza como parámetro para determinar, por ejemplo, subsidios.
Sin embargo y más allá de la rigurosidad de la norma que lo contempla y que lejos está de abarcarse dado su ínfimo poder de fuego, comienza a ser desesperante su volumen frente a la crisis.
Por ejemplo, una familia tipo con dos ingresos mínimos vitales y móviles no podría superar la línea de la pobreza, lo que vuelve a dejar en evidencia la distorsión de la estructura económica argentina.
