Con la media sanción lograda en el Senado de la Nación para prorrogar la Ley de Emergencia Territorial Indígena, todo hace pensar que seguirá vigente el proyecto que busca extender la vigencia de la normativa que -a la vez que prohíbe los desalojos-, regula las tierras de las comunidades originarias.
La ley tiene fecha de vencimiento para el 22 de este mes y su extensión sería, de contar con la aprobación, hasta noviembre de 2025.
“Aquí el problema es hoy, por parte de la provincia de Misiones, fiscalizar efectivamente que las apetencias sobre el territorio indígena no continúen durante la prórroga y que el poder Judicial decida aplicar la Ley en cuanto a la prohibición absoluta de los desalojos”, dijo a PRIMERA EDICIÓN Ana María Gorosito Kramer, antropóloga, investigadora y profesora emérita de la UNaM, experta en la situación de las comunidades de Misiones.
“Hay por lo menos dos razones fundamentales para que los diputados no sólo de Misiones, sino del país, deberían apoyar esta prórroga y sin ninguna clase de condicionamiento”, añadió.
“En primer lugar porque la Ley 26.160 viene a poner en claro y como acción definitiva algo que los misioneros acompañaron con la reforma Constitucional de 1994, es decir votaron esto en el artículo 75, inciso 17: un compromiso asumido por ellos y en este momento tiene que ser reafirmado a través del voto de los diputados: reconocer la existencia de los pueblos originarios y garantizarles la propiedad de tierras aptas y suficientes para que se sigan desarrollando como pueblo”, pidió.
La ley a ser prorrogada se sancionó en el 2006 y le quedan unos pocos días de vigencia; tuvo una primera etapa de desarrollo importante donde se pudieron cubrir muchos conflictos que en aquellos años afectaron a miles de familias indígenas, quienes en su mayoría contaban con la posesión ancestral, pero sin que se les reconociera derechos hasta la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
“Esperamos también que esta prórroga sea la última y aquí quiero hacer la salvedad de que el problema de las extensiones de los plazos en la ley no ha sido la falta de fondos: cuando se estaba redactando la Ley en 2006 distintas delegaciones concurrimos invitados por la Cámara de Diputados para exponer la situación con acompañantes indígenas”, apuntó Gorosito Kramer.
“Sin embargo, cuando finalmente se reglamenta la Ley, se crean los Equipos Técnicos Operativos (ETO) que estaban compuestos por funcionarios provinciales, representantes indígenas y por las universidades nacionales, pero, en nuestro caso de Misiones no se aceptó a los representantes indígenas y se impuso a otros, de modo que ese equipo quedó dividido”, reseñó Gorosito Kramer sobre los hechos que frenaron los relevamientos tras la aprobación de la norma.
Señaló la experta: “Otra cosa que ocurrió, que fue más general en el país, es que cada provincia decidió ralear a las universidades nacionales de la participación necesaria que iba a ser neutral en caso de la definición de las tierras”.
Y agregó: “Las universidades terminaron renunciando por las presiones sufridas de parte de los grupos de interés que actuaban sobre los organismos provinciales, para no resignar tierra y además estaba apeteciendo aquellas todavía fiscales que podía haber sido territorio indígena, entonces la culpa no es del INAI ni del Estado nacional sino que las distintas provincias intervinieron en los intereses espurios boicoteando la ley”.
“Desde el comienzo y en sus prórrogas planteaba que estaban prohibidos los desalojos de tierra mientras duraran los operativos de reconocimiento, y sin embargo los hubo y en todos lados. En Misiones fue aterrador”, finalizó.
El bloque parlamentario de Tierra, Techo y Trabajo, en la Cámara de Representantes de Misiones también se pronunció sobre la situación a través del diputado Jorge Páez, quien la semana pasada presentó un proyecto que fue aprobado por unanimidad, para solicitar que se extiendan los plazos de la prórroga.
“Se tiene que dotar de recursos para continuar con el relevamiento, porque sino es como la trampa política formulada durante el gobierno de Mauricio Macri, donde quizá por la presión social que había en ese momento, también prorrogaron la normativa, sin embargo no se puso ni un sólo peso de financiamiento y por ese motivo el relevamiento no avanzó”, señaló Páez quien también habló con este Diario al respecto
