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PBI: asalariados recibieron apenas 40%, 10 puntos menos que hace un año

24 octubre, 2021

La crisis sanitaria y la ausencia de un plan económico sustentable que permita volver a los mercados internacionales de deuda, recrear el crédito privado, e incentive la inversión productiva, provocaron que el INDEC registrara al cabo del segundo trimestre 2021 la peor contribución al PBI por parte del conjunto de los asalariados (en blanco y en negro), con apenas 40% del total.

“En el segundo trimestre de 2021, la remuneración al trabajo asalariado (RTA) aumentó 55,1% respecto al mismo período de 2020. En términos del valor agregado bruto (VAB) medido a precios básicos, representó el 40%, registrando un descenso de 9,79 puntos porcentuales (p.p.) respecto del segundo trimestre del año anterior”, informó el organismo oficial de estadística.

Semejante pérdida de participación de los asalariados en el PBI, pese a que el ingreso agregado de esa franja superó en más de 5 p.p. a la tasa de inflación, se explica porque en ese período el “valor agregado bruto a precios de básicos” -PBI- aumentó nominalmente 93%, desde niveles singularmente deprimidos que había provocado la virtual parálisis de la economía en su conjunto con el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).

 

Efecto covid

Pero también, porque en el mercado laboral el INDEC estimó que los puestos de trabajo asalariados se recuperaron en 11,1% (casi 1,3 millones de posiciones, a 15 millones), pero con apenas un aumento del 1,6% en el segmento registrado que percibe una remuneración promedio que más que duplica a la que reciben los que trabajan en negro, que tuvo un repunte del empleo neto del 42%, al habilitarse y haberse flexibilizado de modo generalizado el uso de los medios públicos de transporte para quienes se desempeñaban en actividades que habían sido decretadas no esenciales.

Semejante desarticulación del mercado laboral asalariado, donde la franja más expansiva a la salida de la pandemia de COVID-19 fue la que no sólo se diferencia por ser la de menor generación de ingreso, sino también la de más baja productividad, determinó el fenómeno inédito de caída en un año de casi 10 puntos porcentuales en su participación en el PBI, al peor nivel relativo en 13 años (40%), en línea con la disminución del valor agregado por habitante en pesos constantes (comparables).

 

Cambios

A comienzos del corriente siglo, con la crisis de fines de 2001, principios de 2002, el INDEC había registrado una pérdida de participación de los asalariados en el PBI de 6,7 puntos porcentuales, desde 37,9% a 31,2%, y promedió 30,8% el año siguiente, la peor proporción en una década (40,2% en 1993).

Lamentablemente, la medición de las cuentas nacionales registra varios episodios de “apagón estadístico”, que impiden hacer comparaciones más finas, y asociarlas a las políticas económicas de cada tiempo. La más extensa es la que tuvo lugar entre 1974 y 1992; y la más recientemente, entre 2015 y 2016. Y a lo largo de los últimos 70 años se introdujeron cambios metodológicos que obligan a hacer empalmes para poder construir una serie de tiempo comparable.

 

La inflación es nuestro objetivo más importante. La contracara es buscar una recuperación del salario real, que continúe en los años por venir”

Martín Guzmán, ministro de Economía

 

De ahí surge que la mayor participación de los trabajadores asalariados en el PBI, con poco más de la mitad del total se estimó, primero en 1954 con 50,8%, pero no logró sostenerse, y cayó a menos de 45% en la primera mitad de los ‘60, luego de un mínimo de 37,7% en 1959; se recupera y se sostiene en la zona de 44% a 47% entre 1966 y 1973. Y cuando el INDEC retoma la estimación en 1993, con la estabilidad macroeconómica de la convertibilidad fija de 1 a 1 entre peso y dólar, descendió a 40,2% y declina hasta 33,4% en 1997, último año previo al inicio de una nueva faz recesiva.

 

De mejor a peor

Luego de la crisis de la convertibilidad, y a partir ciclo favorable de los precios internacionales de las materias primas, se inicia una tendencia creciente hasta alcanzar un máximo histórico de 54,6% en 2013, con un salto de poco más de 7 p.p. en los dos primeros años con cepo cambiario y control de importaciones por mérito exclusivo de la intervención de hecho del INDEC por parte del entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, porque sobreestimó la mejora del salario real, al comparar con una tasa de inflación oficial que se movía a menos de la mitad de la que medían las consultoras privadas.

Después del “apagón estadístico” por dos años que dispuso la llegada al gobierno de Cambiemos (2015), la participación de los asalariados en el PBI baja a 51,9% en el primer bienio, y con el ingreso a una nueva faz contractiva cae hasta 46,2% en 2019, se recupera un poco en 2020, pero vuelve a derrumbarse en el primer semestre del corriente año.

A partir de ahí, los economistas coinciden en destacar que para recuperar un ciclo virtuoso de mayor participación de los asalariados en el PBI se requerirá de la conjunción de la baja de la inflación y aumento de la productividad, dos requisitos sólo esperables en un escenario de incentivos a la inversión productiva y apertura al comercio exterior, con un plan económico sustentable que recree la confianza en el país por parte del crédito internacional.

Fuente: Infobae

Tags: CrisisINDECPBISalarios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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