Los controles de precios como mecanismo para contener a la inflación, datan en Argentina desde hace ya varias décadas, siendo uno de los primeros que se utilizó en 1973, en la presidencia de Juan Domingo Perón, terminando éste con el ya conocido “Rodrigazo”, que sirvió para estabilizar los desajustes; si nos remontamos al 2011, nuevamente se impuso este tipo de programas. Si hacemos el cálculo hasta hoy obtenemos como resultado una inflación acumulada del 2006%, señaló Damián Di Pace.
Para el titular de la consultora Focus Market, “la cuestión es siempre la misma: seguir atacando la causa o la consecuencia; o, en términos más técnicos, aceptar que la inflación es un fenómeno monetario o insistir en su multicausalidad”.
Para el analista la respuesta es evidente, “se continúa diagnosticándola como un mal que tiene más que ver con los formadores de precios, falta de regulaciones, la especulación en las cadenas de redistribución de los bienes y servicios, y la favorita de todos: la falta de dólares”.
Como consecuencia de esto, hasta el momento hay 18 programas para contener a la inflación: Precios Cuidados, Canasta Ahorro en Ferias Populares, Súper Cerca: Canasta Precios Congelados 180 días, Acuerdo Precios Lácteos en Precios Cuidados, Acuerdo para mantener precios insumos petroquímica en la industria hasta fin de año, Acuerdo de Precios con Fabricantes de Electrónica hasta el 31 de octubre, Precios Máximos, Canasta Cortes Carnes Económicos, Mercado Federal Ambulante, “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE) para “detectar desequilibrios de precios entre los eslabones de una cadena de valor”, Creación del Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE), Ley de Góndolas con exhibición especial de Precios Mínimos, Precios Máximos Industria Farmacéutica, Acuerdo con empresas de la Construcción para garantizar provisión de Materiales, Multas y Sanciones a Empresas, Ley de Alquileres, Retraso de tarifas, Retraso del tipo de cambio oficial frente a la inflación general.
El impacto de estas medidas se ven en los cuadros Programas Precios Cuidados y Precios sin regulaciones donde se comparan los principales productos dentro del programa regulador en dos momentos determinados, enero/agosto de 2021.
Focus Market cruzó los mismos productos y presentación con los precios de mercado en otros tipos de establecimientos comerciales (autoservicios nacionales, orientales, almacenes, pequeñas despensas, entre otros) donde no están los acuerdos entre grandes cadenas de supermercados, empresas proveedoras y la Secretaria de Comercio Interior.
“La variación de precios de los mismos productos es de hasta 18% dentro de Precios Cuidados y hasta el 55% sin ningún acuerdo”, analizó la consultora.
Por ejemplo, el arroz con precios cuidados vale $101 y por fuera de este programa se puede encontrar a $176,2.
“Este modelo de disparidad de los precios que el Gobierno controla y fiscaliza genera una fuerte distorsión de más de un 70%”.
Ante esta realidad, la diputada nacional (FdT) Cecilia Moreau opinó que “no puede haber precios fuera de los que deberían tener” y “si siguen especulando habrá que clausurar sucursales”.
Al respecto, Di Pace dijo: “Parecería ser que quien especula de acá a noviembre es el Gobierno emitiendo mucho más dinero de lo que la economía demanda, elevando el nivel de inflación. Sin embargo, no se propone clausurar las máquinas de imprimir billetes del Banco Central ni la devoción de la política por generar mejor humor de bolsillo en el corto plazo, con mayor impacto en la inflación en forma posterior”.
Precios Cuidados en el Imperio romano
En el pasado, ideas como la de la diputada Moreau ya se probaron, dice Di Pace y recuerda el famoso “Edicto sobre Precios Máximos” que en el año 301 DC instauró un listado de precios máximos a una canasta con 1.300 productos, en su mayoría alimentos, que fue decida por el Emperador Romano Diocleciano ante la alta probabilidad de desabastecimiento. La medida radical también incluía la ejecución para aquellos que operaban en el mercado negro (mercaderes usureros), además de la prohibición de la exportación de productos en los que se pudieran vender a precios más altos.
“Este edicto terminó en un fracaso debido que el dinero tenia menor poder adquisitivo, dado que los precios no reflejaban los costos reales”, dijo el economista y agregó: “fue así que la economía romana se hundió en una profunda crisis y el Imperio acabó en una guerra civil”.
“En nuestro país -dice Di pace- el costo político de ajustar el verdadero problema de la inflación, es realmente alto, es por ello que cada gobernante de turno no ataca ni el problema ni mucho menos busca solucionarlo, tan solo insiste en culpar a supermercados, proveedores de materia prima, cadenas de redistribución y demás; porque por supuesto insistimos en su multicausalidad y no en la unicausalidad”.
Fuente: iProfesional.