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Alumnas y docentes mujeres no pudieron regresar a los secundarios afganos

18 septiembre, 2021
Los talibanes intentaron tranquilizar a la comunidad asegurando que los derechos de las mujeres serían respetados. Foto: AFP

Los talibanes intentaron tranquilizar a la comunidad asegurando que los derechos de las mujeres serían respetados. Foto: AFP

Los talibanes intentaron tranquilizar a la comunidad asegurando que los derechos de las mujeres serían respetados. Foto: AFP

Las escuelas secundarias reabrieron este sábado sus puertas en Afganistán, pero no había ni alumnas ni profesoras ya que los talibanes solo permitieron el acceso de los varones, decisión que la Unesco denunció como “una grave violación del derecho fundamental a la educación”.

El Ministerio de Educación anunció el viernes que “todos los hombres, profesores y alumnos” de secundaria podían regresar a clase, sin hacer ninguna referencia a las maestras o alumnas. La decisión incumbe a estudiantes de entre 13 y 18 años.

Las mujeres conservan el derecho a estudiar en la universidad, pero deben cubrirse con una abaya, una túnica hasta los pies, y un hiyab o velo, y los cursos se realizan en la medida de lo posible sin mezclar hombres con mujeres, consignó la agencia de noticias AFP.

Las niñas también acuden a la escuela primaria separadas de los niños y algunas maestras siguen ejerciendo.

Desde su retorno al poder el 15 de agosto, los talibanes intentaron tranquilizar a los afganos y a la comunidad internacional asegurando que los derechos de las mujeres serían respetados.

Pero estas afirmaciones no se reflejan en las decisiones del nuevo Ejecutivo, en el que no hay ninguna mujer y se teme que ocurra la misma situación que cuando los islamistas gobernaron, entre 1996 y 2001.

En ese momento, el movimiento islamista radical llevó a cabo una política especialmente represora frente a las mujeres, a las que prohibió trabajar, estudiar, hacer deporte o andar solas en la calle.

En ese marco, la agencia de la ONU para la educación y la cultura, la Unesco, exigió este sábado la reapertura de los colegios para las niñas en Afganistán y advirtió que el cierre tiene “consecuencias irreversibles” para la mitad de la población del país.

“Si se mantuviera esta prohibición (para las chicas), constituiría una grave violación del derecho fundamental a la educación de las niñas y de las mujeres”, denunció Unesco en un comunicado.

La agencia pide que las autoridades “aclaren la situación y reabran los colegios para todos los alumnos, niños y niñas”.

La directora de la organización, Audrey Azoulay, consideró que “el futuro de Afganistán depende de la educación de las niñas y de los niños” y que “es igualmente importante que todas las profesoras puedan regresar al colegio para enseñar, proporcionando así un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo”.

“Concretamente, si se retrasa la vuelta de las niñas en la educación secundaria se corre el riesgo de marginarlas en la educación y, con el tiempo, en la vida. Esto aumenta el riesgo de abandono total de su educación y las expone a mecanismos de adaptación negativos como el matrimonio precoz”, añadió.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: #EducaciónAfganistánMujeresNIñas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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