Luego de varios meses de presiones de las provincias, la administración de Alberto Fernández creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que tendrá la misión de administrar, cobrar, mantener con obras de dragado y balizamiento y concesionar la Hidrovía Paraguay-Paraná para mejorar y garantizar la navegabilidad, permitiendo incrementar el negocio del transporte de cargas fluvial.
Lamentablemente para Misiones, el tramo del río Paraná que se administrará no alcanza a la costa misionera y solamente se extiende desde el km 1.238 (confluencia de los ríos Paraná y Paraguay) entre Corrientes y Barranqueras (Chaco) hasta el Río de la Plata. Todo el tramo del Paraná que limita con Paraguay no fue incluido.
Misiones, al igual que las demás provincias que tienen puertos y limitan con la vía navegable, esperaba participar de la administración y obtener regalías de las ganancias económicas pero el decreto 556/21 publicado ayer en el boletín oficial de la Nación no lo permite. El Puerto de Posadas fue puesto en funciones hace pocas semanas y se esperaba que llegue el dragado para tener mejor funcionalidad.
Luego del veto a la Zona Aduanera Especial, esta medida se convierte en otra cachetada política del gobierno de Alberto Fernández a los misioneros. Se espera un contundente y enérgico reclamo del gobierno de Misiones a la Nación.
El tramo que será dragado (limpieza y ahondamiento para mejorar la navegabilidad de barcos de gran porte y carga) sólo comprende la parte 100% Argentina y no tiene límite internacional. El tramo de Misiones limita con Paraguay y eso pudo haber sido un causante.
Más allá de eso, es innegable que Misiones tiene vínculos culturales, económicos y comerciales con el río Paraná desde hace décadas por lo que debió haber estado en el dragado y ser administradora.
No está claro si las regalías beneficiarán a Misiones. Se estima que no. Lo único claro es que las obras de dragado y balizamiento no llegarán a la Tierra Colorada.
El Ente administrador
El Ente creado actuará como organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera en el ámbito del Ministerio de Transporte, con personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
El Ente, que tendrá sede en Rosario, fiscalizará el cumplimiento de los reglamentos y los marcos contractuales y regulatorios mediante auditoría, control, inspección, regulación y seguimiento de las materias administrativas, ambientales primarias, económico-financieras, legales, determinación y modificación de traza, tarifarias y técnicas de los contratos de concesión de obra pública.
“A través del ente se obtendrá una mayor participación de las provincias y del Estado nacional en la formulación de políticas para la vía navegable”, señaló un comunicado del Ministerio de Transporte.
Fundamentos
“En atención a la finalización del contrato de concesión sobre la vía navegable troncal, y en función del inicio de los trámites inherentes al llamado y adjudicación de la nueva Licitación Pública Nacional e Internacional (…) para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable, resulta imprescindible crear un organismo técnico, plural y especializado para la aprobación de la documentación licitatoria, efectuar los actos preparatorios, su adjudicación y posterior control”, se indicó.
Luego de un cuarto de siglo de concesión (la tarea quedó a cargo de Hidrovía SA en 1995), nunca se creó un organismo de control específico. El kirchnerismo prorrogó la concesión en 2011.
La medida sale a días de que venzan los plazos para lanzar una nueva licitación internacional para concesionar al menos una parte de los trabajos (los más complejos de dragado), crear un ente de control y gestión específico que debería trabajar para “asegurar la ejecución de las obras, modernizaciones y ampliaciones que atiendan las necesidades del tráfico fluvial actual y su posible incremento y el adecuado mantenimiento y conservación de los canales fluviales existentes”.
En el Gobierno nacional reconocen que la Auditoría General de la Nación (AGN) “ha observado reiteradamente la falta de creación de un órgano de control especializado para el contralor de la concesión de obra en la vía navegable troncal concesionada”.
