El concejal Luis “Pato” Silva (Juntos por el Cambio) presentó una denuncia en el Tribunal de Cuentas por “irregularidades” en la presentación del balance 2020 contra el intendente renovador de Santa Ana, Pablo Castro, a la vez que solicitó se le inicie un juicio de responsabilidad administrativa y una inspección o auditoría de las cuentas públicas.
Es el mismo concejal que fue sancionado la semana pasada por la mayoría renovadora del Concejo Deliberante que responde al intendente con una multa de $6.000 supuestamente por ejercer hechos de “violencia institucional”.
Entre junio y julio, Silva presentó tres pedidos escritos de acceso a la información del balance municipal 2020, que fueron negados sistemáticamente por el Intendente. Luego concurrió al municipio con un grupo de diputados provinciales opositores para reclamar la información, sin embargo, en lugar de recibir información fueron echados a empujones por funcionarios y seguidores de Castro. Hubo videos que se viralizaron y mostraron los hechos.
El intendente y los concejales lo acusaron de organizar los desmanes y por eso lo sancionaron. Por su parte, Silva aseguró que lo quieren “disciplinar” y amedrentar para que no exija información de cómo se gastaron los dineros públicos. También dijo estar preocupado por la posibilidad de que quieran expulsarlo del HCD en represalia por exigir transparencia.
Denuncia y pedidos
Mediante una presentación efectuada el viernes 6 de agosto en el Tribunal de Cuentas, Silva denunció “hechos, actos y omisiones que violan la normativa vigente en relación a la rendición de cuentas del municipio de Santa Ana”. Sostuvo que los concejales renovadores aprobaron el balance sin revisar (a libro cerrado) y que el intendente se negó a brindar información de algunos gastos sospechosos.
Incluso en la sesión donde se votó la aprobación, se requirió la presencia del intendente para consultar algunas cuestiones dudosas, pero se negó a concurrir. Según el edil, no se cumplieron los marcos normativos procedimentales para el examen de las cuentas de la administración pública, establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y el reglamento de contabilidad y normas para la administración de las municipalidades, motivo por el cual solicitó se declare la nulidad del instrumento que aprobó el examen de las cuentas públicas del período 2020.
También solicitó saber si el intendente cumplió con el envío de los balances trimestrales de 2020 y los dos primeros trimestres de 2021 y en caso de que no lo haya hecho, pidió al Tribunal que le informe si aplicó alguna sanción por ese incumplimiento.
En este punto, Silva sostiene que el Intendente no ha cumplido desde 2016 con la obligación de difundir los balances trimestrales en las oficinas públicas o medios de comunicación local para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos.
Otro de los pedidos al Tribunal es que proceda al inicio de un “juicio de cuenta” y un “juicio de responsabilidad administrativa”. El primero por “la flagrante irregularidad en relación a la violación del marco procedimental de la rendición de cuentas del ejercicio 2020” y el segundo por “hechos y omisiones susceptibles de producir un perjuicio a la hacienda pública”.
Silva también pide que se realice una auditoría o inspección en la Municipalidad de Santa Ana y se revise la información referida a la cuenta “transferencias corrientes, subsidios, subvenciones y ayudas económicas” que figuran en los balances de 2019 y 2020, donde cree que puede haber irregularidades. Pide los comprobantes y recibos de cada beneficiario, con datos personales de cada uno.
