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Radiografía de la asistencia social en Argentina

31 julio, 2021
COLAS

COLAS

Imagen ilustrativa

La disputa por el manejo de los planes sociales quedó en evidencia por la fuerte pelea entre varios sectores del Gobierno para reemplazar a Daniel Arroyo en el ministerio de Desarrollo Social y a Victoria Tolosa Paz en el Consejo Federal de Políticas Sociales, un organismo que coordina las acciones de las distintas dependencias estatales en materia de desarrollo social y reparto de alimentos.

Finalmente, fue confirmado el intendente Juan Horacio “Juanchi” Zabaleta como encargado de conducir el Ministerio, una vez que Arroyo deje el cargo para dedicarse a su campaña para diputado.

En paralelo, la titular del PAMI, la camporista, Luana Volvonovich es una de las candidatas para reemplazar a Tolosa Paz, la primera candidata en la lista del Frente de Todos en Buenos Aires.

Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), hay 22 millones de habitantes del país que recibe un programa alimentario y también otros montos como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a 4 millones de madres y otorga la ANSeS.

La sorpresa es que el Estado tiene una página web ayudandonos.com/planes-sociales para explicar qué plan conviene tomar y cuántos planes se podría obtener por categoría. Igual que la simulación para obtener un crédito bancario. Así es la radiografía de los planes:

 

Cuántos hay

La información y el relevamiento de gran parte de los programas sociales vigentes de la Administración Pública Nacional (APN), clasificados por área ministerial son realizados de manera conjunta por dos organismos públicos: el SIEMPRO (Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales), y el CNCPS (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales), ambos organismos dependientes de la Jefatura de Gabinete a cargo de Santiago Cafiero.

En la Argentina hay un total de 141 planes y programas sociales que se distribuyen entres los diferentes Ministerios: 85 son de Desarrollo Social; 26 de Salud; 13 del Trabajo, 4 cada uno tienen Economía y Relaciones Exteriores y 3 tiene Turismo y Deporte; 2 tienen Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca y con 1 cada uno figuran Seguridad y Cultura.

 

MILLONES. El gráfico muestra cómo se reparten los planes o programas sociales según los diferentes ministerios.

 

Los más demandados

Entre los planes más demandados, figuran: Plan Potenciar Trabajo, Programa Argentina Hace, Programa Hogar, Programa Federal Incluir Salud, Programa Jóvenes más y mejor Trabajo, Programa Monotributo Social, Programa Plan Nacional de Primera Infancia, Programa Plan Nacional de Protección Social, Programa Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Becas PROGRESAR, Programa Seguro de capacitación y empleo Programa SUMAR Programa Tarifa social, Subsidio social para medicamentos PAMI.

También está la Tarjeta Alimentar, un millonario aporte de la desaparecida Mesa del Hambre y el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se suma el Plan Alimentos Especiales.

El experto Emilio Mondino explica que “a todos estos planes hay que sumarle los Programas Provinciales y Municipales, más los que dependen de ANSeS como la AUH, las Asignaciones Familiares y las Pensiones y Jubilaciones, que por su monto son más un plan asistencial que una justa retribución para los merecedores del retiro laboral”.

 

Los dueños de los fondos

En la estructura actual del Gobierno hay varios líderes de movimientos sociales, ex piqueteros, como Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, que manejan la mayoría de los planes a nivel nacional. Ambos son del Movimiento Evita.

Daniel Menéndez, segundo de Pérsico, es subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, dentro de Desarrollo Social.

Menéndez es el líder del Movimiento Somos Barrios de Pie, que se fusionó en los últimos días con el Movimiento Evita. En el mismo ministerio Rafael Klejzer conduce la Secretaría de Economía Social y lidera el Movimiento Popular La Dignidad.

Esteban “El Gringo” Castro, aecretario General de la UTEP, que forma parte del Consejo Económico Social del Gobierno, junto al diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), también forman parte del reparto.

Sin embargo, Juan Grabois, el fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quedó afuera del reparto de cargos.

 

Cómo se distribuyen

El plan social más importante de Desarrollo Social hoy es “Potenciar Trabajo”. Está destinado a brindar inclusión laboral, sobre todo a los trabajadores de la economía popular, y favorecer el acceso al crédito no bancario. Entre enero 2020 y enero de 2021, el Gobierno destinó más de $80.000 millones al sector.

El plan tiene una meta en el Presupuesto 2021 de 870.000 beneficiarios y, según datos del Presupuesto Nacional, reservó para 2021 $101.000 millones ($276 millones diarios).

Entre enero 2020 y enero 2021, todos los meses recibieron el subsidio unos 824.303 titulares del plan que se inscribieron en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP), a cargo de Pérsico.

El último informe de “Estado de Situación” de Potenciar Trabajo indica que se presentaron en total 2.069.719 solicitudes de inscripción; de las cuales 1.152.577 ya poseen resolución favorable.

En 2020, el IFE sumó 8,9 millones y el pago de salarios al sector privado, ATP, benefició a 328.000 empresas que ingresaron en al menos una oportunidad, con alrededor de 3,07 millones de empleados y la Tarjeta Alimentar 1,5 millones de personas.

La principal conclusión del fracaso de estos planes sociales, que no han servido para reducir la indigencia y la pobreza, es que el Estado nacional no sabe a dónde se dirigen los recursos y peor que dejó de lado su rol de ordenador de las políticas públicas y sociales, otorgando ese rol a los movimientos sociales, que hoy son los que deciden de forma clientelar la distribución de esos recursos de todos.

 

Antecedentes

La historia de los planes sociales en la Argentina desde 1983 tiene como antecedente las llamadas Cajas PAN del gobierno de Raúl Alfonsín.

En el 2002, en plena crisis con Eduardo Duhalde como presidente, había un solo plan social: el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Este tenía como principales beneficiarias a las “manzaneras” bonaerenses que manejaba Hilda Chiche Duhalde y los pobres superaban el 50% de la población.

El total de esos planes llegaba a 2 millones de personas. En la actualidad, existen una gran variedad y tipos de planes.

Lo notable es que la cifra del 2002 se ha multiplicado por 10. Hoy, más de 20 millones de personas tienen alguno de esos planes que pagan el estado, algunas gobernaciones y municipios y la pobreza llega al 45%.

Fuente: iprofesional.com

Tags: ArgentinaasistenciaDesarrollo SocialPlanes sociales
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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