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Argentina utilizará los dólares del FMI para pagar los vencimientos de deuda

27 julio, 2021
Argentina utilizará los dólares del FMI para pagar los vencimientos de deuda

El ministro de Economía argentino Martín Guzmán y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en una imagen de archivo

Argentina utilizará los dólares del FMI para pagar los vencimientos de deuda

El Gobierno decidió utilizar el respaldo de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que dispondrá el FMI en agosto próximo, para pagar con reservas vencimientos de deuda con el organismo por unos US$ 3.600 millones entre septiembre y diciembre próximos.

En tanto, el lunes próximo prevé afrontar los US$ 230 millones al Club de París prometidos a cambio de una postergación hasta el año próximo de vencimientos que superan los US$ 2.000 millones.

La decisión trascendió de fuentes oficiales luego de que el oficialismo concluyó la discusión sobre el armado de las listas de candidatos para las legislativas de noviembre próximo.

El Gobierno utilizará parte de los US$ 4.350 millones en DEG del FMI -un asiento contable en las reservas que se concretará en los últimos días de agosto-, para cumplir con el pago al organismo que vence el 30 de septiembre próximo.

Si el acuerdo que el Gobierno está negociando con el FMI no se concreta antes, también utilizará ese respaldo para pagar otros US$ 1.800 millones que vencerán el 30 de diciembre próximo.

Ambos vencimientos corresponden al segundo pago comprometido al FMI por los intereses del “Stand By” firmado por Mauricio Macri en 2018.

El Gobierno espera que para marzo próximo, cuando tenga que pagar el primer vencimiento de capital del Stand By por unos US$ 4.050 millones, ya se tenga un acuerdo con el organismo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, espera renovar el acuerdo que otorgue un diferimiento de pagos al FMI.

La confirmación de la utilización de los DEG para pagar el compromiso con el FMI trascendió durante el acto de presentación de los candidatos del Frente de Todos para las próximas elecciones legislativas.

En principio el kirchnerismo pretendía usar esos fondos -en realidad un asiento contable- para financiar gastos por la pandemia, pero se terminó confirmando que ese intento no era viable.

La confirmación de que se le pagará al FMI tiene la intención de tranquilizar a los mercados, preocupados por diferencias que asoman en la alianza gobernante, sobre todo entre el ala “albertista” y sectores de La Cámpora.

Al Gobierno le quedan ahora más de siete meses para terminar de acordar con el FMI, antes de los abultados vencimientos que arrancan en marzo de 2022.

El grueso de los pagos con el Fondo Monetario se concentra en 2022 (US$ 17.346 millones) y 2023 (US$ 18.395 millones).

A los pagos de capital por US$ 44.128 millones entre 2021 y 2024, habría que añadir vencimientos de intereses en ese período por US$ 3.800 millones, que se buscan bajar.

 

Se veía venir

Cristina Kirchner había descartado el sábado la utilización de los DEG, una iniciativa impulsada por el sector más cercano a la vicepresidenta, en particular mediante un proyecto de ley de Oscar Parrilli.

Mientras las cotizaciones alternativas de la divisa se recalientan y el blue se acerca a sus máximos del año, Cristina desairó la opción que enarbolaban sus colaboradores más estrechos: los USD4.350 millones que ingresarán el país en agosto, se irán de vuelta para Washington con el correr de los meses para enfrentar los vencimientos de capital con el organismo de crédito multilateral.

“No vamos a poder destinar los USD4.300 millones que recibiremos del FMI a recuperar la economía”, se había lamentado la vicepresidenta, tras lo cual lo justificó en el hecho de que “en 2018 se tomó una deuda de USD45.000 millones” que actualmente se está renegociando.

 

Cada uno en su lugar

No hay por el momento mayores definiciones de cara a la campaña para el equipo económico. Las fuentes oficiales consultadas por BAE Negocios señalaron que las principales espadas de Alberto Fernández continuarán enfocados cada una en su rol: Kulfas desde el Ministerio de Producción marcando el contraste de las cifras con el macrismo para la industria, al tiempo que su par de Economía, Martín Guzmán, podría retomar sus recorridas por provincias o fábricas que suele complementar con charlas, aunque desde su entorno insinuaron que eventualmente esa decisión se tomará desde la Rosada.

No casualmente, el acto de presentación de candidatos se realizó desde una fábrica en Garín, con la premisa de “mirar hacia adelante” y de que “estamos empezando a salir”, como planteó Victoria Tolosa Paz, que encabezará la boleta oficialista de diputados bonaerense.

En ese sentido, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, aseguró que “estamos a metros de la puerta de salida y vemos un horizonte bueno para todo nuestro país”.

Tags: Alberto FernándezDerechos Especiales de Giro (DEG)Deuda argentinaFMI
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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