Luego de la polémica desatada días atrás por la quema de 10 mil juguetes en Puerto Rico,secuestrados en 2017 en Corpus en dos operativos de la AFIP, y la carta abierta de Silvia Moreno, fundadora del Hospital de Juguetes, manifestando su repudio a la decisión de quemar miles de juguetes incautados, el juez federal Alejandro Galllandat explicó a laFM 89.3 Santa María de las Misiones porqué tomó tal decisión.
El magistrado comentó que tiene un “informe del 15 de junio de este año en el cual solicitan la destrucción de esta mercadería de origen extranjero porque no resulta apta para disponer su venta o donación atento a resultar tóxica la composición química de su material”.
En cuanto a la composición de los juguetes, Gallandat manifestó que según el informe de los especialistas de Aduana “son juguetes que tienen plomo y el plomo hace varios años está estrictamente prohibido en la Argentina porque los chicos, como todo el mundo lo sabe, se suelen llevar los juguetes a la boca y el plomo es uno de los contaminantes más peligrosos para la salud y no hay forma de que un juguete que tenga este tipo de toxicidad sea puesto en el mercado o distribuido a las personas que los pueden utilizar que son niños porque se estaría afectando su salud”.
“También ocurre lo mismo con otro tipo de mercadería como teléfonos celulares que pueden llegar a tener materiales tóxicos o cargadores electrónicos que no son para nuestro tipo de energía. Es lo que ocurre cuando ingresan mercadería ilegal de contrabando y que no pasa por los controles de calidad y aprobación de las distintas reparticiones públicas que controlan la posibilidad de que sean distribuidas para el consumo local”, agregó el magistrado.
Con respecto a cómo es el procedimiento en sí, Gallandat dijo que son los expertos de la Aduana-AFIP quienes dicen qué está en condiciones y qué no para ser distribuido en el país.
“Esta mercadería llevaba tres años en el depósito en la Comisaría de Corpus, y por la cantidad y el espacio que ocupaba era un problema para la propia comisaría además de un riesgo, con lo cual era un tema urgente y fue así que el 22 de junio dispuse que sea destruida cumpliendo con las normativas ambientales, medioambientales, y sanitarias en general que dispone la Aduana” que en definitiva es “quien tiene experiencia en este tipo de secuestros de mercaderías tóxicas o no aptas para los consumidores locales”.
Finalmente, al ser consultado acerca de si todos los productos incautados tienen que ser destruidos, el juez Gallandat aseguró que no, y agregó que “de hecho hay muchísimas donaciones que se realizan no sólo en mi juzgado sino en todos los juzgados del país. Se hacen donaciones a organizaciones y entidades de bien público o estatales todo el tiempo” y mencionó como ejemplo que “en hechos relacionados con las violaciones a la pandemia, vinculados con el artículo 205 del Código Penal, han debido pagar algún tipo de resarcimiento o multa que han sido destinados por ejemplo a la compra de insumos para justamente combatir la pandemia de COVID. También hay vehículos que son utilizados en depósito judicial para las fuerzas de seguridad u otros organismos, también maquinaria. Es constante la idea de destinar al beneficio común o público elementos que han sido secuestrados en la comisión de delitos, en ese sentido tanto la Fiscalía Federal como los juzgados federales están instruidos en que la idea es utilizar o darle un destino positivo a todo lo que pueda, la Aduana lo mismo”.
