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Una encuesta suma dudas y quejas por la impericia del Gobierno ante la pandemia

30 mayo, 2021
Argentina un año después del coronavirus

El 77% de los argentinos duda sobre el efecto de las últimas medidas restrictivas impulsadas por el Poder Ejecutivo para hacerle frente a la ola de contagios de coronavirus y el 60% considera que la falta de vacunas es, al menos, una impericia por parte de las autoridades nacionales de acuerdo a una encuesta privada a la que accedió el diario El Cronista.

De acuerdo a un estudio titulado Confinamiento, causas y resultados, el 77% de los argentinos expresó sus dudas a propósito de los resultados que acarreará el nuevo confinamiento impulsado por el Ejecutivo en el marco de la pandemia de coronavirus. El dato responde a una medición realizada por D’Alessio-IROL y Berensztein durante mayo a 1.164 encuestados mayores de 18 años de todo el país.

Asimismo, de acuerdo a ese mismo estudio, al ser consultados sobre los motivos por los que consideran que ha crecido principalmente la ola de contagios, el 55% apuntó a la responsabilidad a la población. Pero también, los encuestados apuntaron contra el Gobierno por la distribución poco eficiente o equitativa (12%) y la falta de vacunas (24%).

Sobre este punto, el estudio arroja que la falta de cuidado personal en el Gran Buenos Aires (40%) es más acusada como responsable del contagio que lo ocurrido Ciudad de Buenos Aires (26%).

En tanto, ante la pregunta: “¿Por qué cree que el Presidente decretó estos días de confinamiento en el país?”, los consultados se inclinaron a tres causantes: colapso sanitario, incertidumbre sobre la llegada de vacunas y la imposibilidad de controlar el contagio, en especial en el Gran Buenos Aires.

 

Descontrol en CABA

 

De acuerdo a lo señalado en el informe, sólo los votantes del Frente de Todos y los millennials (35%) mencionan el “descontrol” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que gobierna el referente del PRO Horacio Rodríguez Larreta.

Ahora bien, para los encuestados, el último DNU impulsado por el presidente Alberto Fernández respondería tanto a una real preocupación del Gobierno por los contagios y al colapso del sistema sanitario como a su reconocimiento del fracaso en tener fecha cierta para la llegada de las vacunas. Además, entre los encuestados, suponen que el decreto será más acatado por los residentes en la Ciudad de Buenos Aires (38%) y, menos, en el extremo opuesto, por quienes viven en el GBA (16%).

Por último, el 60% de los consultados indicó que la falta de vacunas es, al menos, una impericia por parte de las autoridades nacionales.

Sobre las respuestas obtenidas, desde la consultora concluyeron que “tanto en la responsabilidad de la situación actual, como en el resultado del DNU lo que impacta es la ideología”.

 

El asterisco en el DNU de Alberto

Para evitar un golpe anímico en la opinión pública, el comité de expertos que asesora a Alberto Fernández en la pandemia ya le había advertido que las nuevas medidas debían tener “principio y final”, para dejar atrás el concepto de “cuarentena eterna”, que instaló con éxito la oposición en 2020.

El último consejo de los expertos, además, fue que era necesario un confinamiento de 21 días. El Presidente lo decretó nueve, hasta el 30 de mayo.

Con la economía en mente, en un débil equilibrio entre la obligada reactivación y la falta de caja para ayudas sociales, el mandatario acortó el período reclamado, a sabiendas que el impacto de la menor circulación, con la ansiada disminución de casos, recién se reflejará después en las estadísticas.

Hay un asterisco en el DNU: el siguiente fin de semana, el 5 y 6 de junio, se volverá a una virtual Fase 1 en las zonas declaradas en alerta epidemiológica. Para avanzar, Fernández apuesta al respaldo del Congreso a través de la bautizada “ley de Pandemia”.

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Tags: Alberto FernándezCoronavirus Covid-19críticas al GobiernoPandemia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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