Tras permanecer varios días en una celda donde se registraron casos de COVID positivo entre los presos, finalmente se contagió de dicha enfermedad el único imputado por el crimen de Marcelo Antúnez Sequeira (33), según fuentes del caso.
Esta situación de salud obligó a la Justicia a otorgarle en las últimas horas la prisión domiciliaria al sospechoso, un agricultor de 72 años.
La causa se inició desde el mismo día en que la víctima desapareció, el lunes 4 de enero de este año. La policía de San Vicente lo encontró 40 días después dentro de un pozo de agua de 30 metros, con signos de haber sido asesinado a golpes. Por el hecho fue detenido su empleador, con quien no tenía una buena relación.
Tras abstenerse de declarar ante el juez de Instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Casco, el acusado fue imputado por “homicidio simple”. Ya en la audiencia su abogado, David Mousquere, argumentó que además de su edad, el hombre padecía problemas coronarios y que figura dentro del denominado grupo de riesgo en el marco de la pandemia por COVID-19, por lo cual solicitó que no tuviera que volver al calabozo. Tras el rechazo de la fiscalía y del mencionado magistrado siguió preso. Hubo otros dos pedidos, uno reiterativo por salud y otro extraordinario.
Ahora se supo el agricultor dio positivo para coronavirus. Si bien no se conoció el fundamento preciso por el cual le otorgaron la prisión domiciliaria, trascendió que habría sido la última solicitud de su defensa, sumado al positivo para dicha enfermedad.
Ahora para gozar de dicho beneficio y mientras sigue el proceso judicial deberá constituir un lugar de residencia, donde aguardará a que se resuelva su situación procesal.
Según los familiares de la víctima, el día en que éste desapareció fue el ahora imputado quien lo fue a buscar para que le hiciera un “trabajito” en la chacra de su yerno. Pero el hecho que fuera quien lo llamó para realizar labores rurales justo el día en el que desapareció lo puso en la mira de los investigadores. Los parientes agregaron que entre Antúnez Sequeira y el hombre habían ocurrido roces en varias oportunidades.
La víctima trabajó al menos durante cinco años para quien ahora es el principal sospechoso. La relación comenzó a resquebrajarse cuando el patrón comenzó a acusarlo porque se le habían desaparecido garrafas y una cortadora de pasto. Pero cuando una supuesta demanda laboral de parte del trabajador rural llegó a manos de su empleador ahí empeoró todo.
Tras la denuncia por su desaparición la policía realizó rastrillajes, que dieron resultado el sábado 13 de febrero pasado. Ese día los efectivos se dirigieron a una chacra de picada El Progreso, a 30 kilómetros de San Vicente, justo en el lugar en el que habían citado a Antúnez Sequeira para que trabaje.
Entre plantaciones de pino, maíz y eucaliptos los pesquisas hallaron un pozo de agua que había en esa chacra. Debajo de ramas y piedras encontraron el cuerpo. Si bien estaba en avanzado estado de descomposición, la familia lo reconoció por características particulares.
La autopsia determinó que lo mataron a golpes ya que presentaba “traumatismo severo de cráneo y de tórax” y que luego lo arrojaron a la citada excavación. La data de muerte coincidió con el día que lo vieron por última vez.
