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Denunciaron a la AFA y Conmebol por atentar contra los DDHH y la salud

19 mayo, 2021

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, fueron denunciados por dos abogados por el mal manejo de protocolos de salud en plena pandemia de coronavirus y por violación a los derechos humanos.

 

Contra “Chiqui” Tapia

La AFA y su presidente “Chiqui” Tapia, fueron denunciados por supuesto atentado contra la salud pública a raíz de incumplimiento de protocolos para la contención de la pandemia de coronavirus, ante “trascendidos” de contagios masivos en clubes de primera división. 

La presentación fue hecha por el abogado Juan Pablo Chiesa en su rol de “ciudadano” y quedó sorteada en el juzgado federal 10 en Comodoro Py 2002, a cargo del juez federal Julián Ercolini.

“Como es de público conocimiento, en este último tiempo se hicieron públicos masivos contagios en distintos clubes de primera división, siendo el caso más reciente y alarmante el del Club Atlético River Plate, que cuenta con al menos 22 jugadores del plantel con COVID-19 positivo”, refirió en la denuncia.

El abogado aludió al DNU 287 del Poder Ejecutivo “el cual se ha dictado en y por la pandemia, cuyo rebrote o denominada segunda ola está colapsando el servicio sanitario”.

“En el ámbito futbolístico parecieran no tomarse los recaudos necesarios para evitar la propagación de contagios”, advirtió.

“Deberá investigarse a toda la Asociación del Fútbol Argentino puesto que es evidente que hay un complot y se han puesto de acuerdo para contrariar una disposición nacional”, por lo cual pidió investigar a la AFA y a Tapia por “posible comisión de los delitos contra la salud pública y sedición”.

El juez Ercolini podrá citar al abogado para que ratifique la denuncia y luego dar vista a la fiscalía para determinar si corresponde o no impulsar una investigación.

 

Domínguez apuntado por su “actitud criminal y mafiosa”

Por otra parte, el titular de Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, fue denunciado por el abogado y activista Sergio Parodi, ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por violación a estos derechos.

La denuncia, según Parodi, es por obligar a clubes y al seleccionado argentino a competir en Colombia, donde hay un estallido social y una explosión de la pandemia de COVID-19.

Parodi argumentó su postura con las imágenes del partido de fútbol que River disputó en ese país latinoamericano contra Junior por Copa Libertadores, en donde se ve “como los jugadores lloraban por el efecto de los gases lacrimógenos fuera del estadio”. Y agregó: “El técnico de River (Marcelo Gallardo) públicamente manifestó que era imposible jugar al fútbol en un contexto de revolución y caos como el que vive Colombia hoy”.

De esta manera, consideró que Domínguez tiene una “actitud criminal y mafiosa”, ya que solo “le interesa el dinero” y requirió que se tomen una serie de medidas de manera urgente.

En primer lugar, pidió suspender la práctica del fútbol “hasta que en sede penal se aclaren los motivos por los cuales se obliga compulsivamente a jugar en Colombia a jugadores argentinos que arriesgaron sus vidas por complacer los intereses mafiosos de la Conmebol”, dijo a FM del Este.

También que se cite al plantel completo de River Plate para que declaren toda la verdad sobre lo que vivieron en Colombia. “No es casual que los contagios surgieran posteriormente y hoy afecten a 25 jugadores de este club argentino”, alegó.

 

https://www.primeraedicion.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/VID-20210518-WA0016.mp4

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Tags: #FútbolAFAAlejandro DomínguezChiqui TapiaConmebolcontagiosCopa LibertadoresCoronavirus Covid-19Polémica
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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