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Tras fallar estrepitosamente, el Gobierno ahora apela al “Plan C”

2 mayo, 2021

Desde su retorno de la gira por Europa, Martín Guzmán está concentrado en dos cuestiones centrales. Una, la expansión de la pandemia. La segunda ola de contagios, más furiosa que la primera, hizo sonar todas las alarmas en el Ministerio de Economía. El ministro no tiene responsabilidades sobre la pandemia pero sí debe tomar decisiones en la ayuda que deberían recibir los sectores económicos golpeados, en caso de que el Gobierno vaya a restricciones más estrictas.

La segunda cuestión que absorbe a Guzmán se vincula con la dinámica inflacionaria. El titular de Hacienda sabe que la recuperación de la actividad económica depende tanto del coronavirus como de que los salarios puedan, por fin, ganarle a la inflación.

Al día de hoy, esos dos temas centrales para una economía que busca despegar después de tres años consecutivos de recesión juegan en contra. Guzmán -está claro- no tiene mucho para hacer contra la ola de contagios. Pero sí es la autoridad en referencia a la inflación.

Y la verdad es que, ya transcurrido un tercio de 2021, los resultados son malos. La inflación se ha instalado por encima del 4% mensual, y más allá de que este mes baje algunas décimas, está claro que Guzmán no le encuentra la vuelta a la cuestión. Ninguno de los botones que pulsó tuvieron efecto. Ni el “Plan A” ni tampoco el “Plan B”.

En primera instancia, el titular de Economía dio el aval para que, ya con la pandemia lanzada, Comercio Interior dispusiera de “Precios Máximos”, un congelamiento de precios de alimentos y productos de higiene y limpieza. En total 100.000 artículos, que conviviría con el tradicional “Precios Cuidados”, con menos productos pero de primeras marcas.

A los controles de precios, en ese “Plan A” se sumó el congelamiento de las tarifas de los servicios, que aún continúan tanto para la luz como para las boletas de gas.

Hace un par de meses, Guzmán inauguró el “Plan B”. No muy audaz, por cierto. Pero al que el ministro le apostaba algo más de éxito inmediato. Se trata del “ancla cambiaria”. O, mejor dicho, de ponerle un límite a las subas diarias del dólar “oficial”, que dejó de acompañar a la inflación para moverse por detrás del índice.

El “Plan B” tampoco tuvo el resultado esperado. Está a la vista: la inflación acumulada del primer trimestre fue del 13%, a lo que habrá que agregar el 3,5% ó 4% de abril, de acuerdo a las estimaciones de las consultoras que siguen la evolución semanal de los precios.

Lo malo de estas fallas, además, es que cada plan que se pone en marcha y termina sin los resultados esperados tienen costos que se acumulan, y en algunos casos se potencian, de cara al futuro.

Por ejemplo: el Gobierno acaba de anunciar que el mes que viene se terminará el programa de “Precios Máximos”, para evitar males mayores como un desabastecimiento de alimentos generalizado. Pero esa salida del programa seguramente conllevará subas en los precios de la comida, adicionales a los que ya se vio.

Un informe de la consultora M&S puso en números la diferencia en el comportamiento de los precios “libres” (carnes, verduras, frutas, medicamentos, lácteos, indumentaria, electrodomésticos) con respecto a los precios “controlados” (productos de almacén en Precios Máximos, las tarifas y la medicina prepaga).

Los precios “libres” registraron, en el último año, una inflación del 55%. Por su parte, la inflación de los precios “controlados” fue del 27% en los últimos 12 meses. Los combustibles, uno de los ítem en este grupo, registraron alzas mensuales (dejaron de estar congelados) desde agosto del año pasado.

La pregunta, inevitable, refiere a si los precios que hasta ahora subieron la mitad que el resto (controlados versus libres) no intentarán alinearse con el 55% de los “libres”.

Dicho de otra manera, y yendo a lo puntual: ¿las empresas alimenticias no tratarán de acomodar los precios de los productos apenas los liberen, aún cuando Comercio Interior ponga controles? Respuesta: el mercado dirá.

Además, todavía queda un camino hacia el descongelamiento de las tarifas. Claramente en un contexto nocivo para hacerlo. En medio de la segunda ola de coronavirus, ¿podría una PyME o un comercio chico empezar a pagar más por la luz y el gas?

Esos son los riesgos de demorar medidas. O de prolongar congelamientos. De ahí, el riesgo que toma ahora Guzmán cuando intenta planchar el tipo de cambio. Claro está: pueden hacerlo, pero será clave la magnitud de ese aplanamiento. Por lo visto este mes, la decisión de aplacar la inflación con el dólar va a fondo.

 

La apuesta del Gobierno

Sin respuestas satisfactorias con el Plan A y con el Plan B, Guzmán va por el Plan C. Tal vez pensando que -saturado el A- y con los riesgos del B, acaso sea el momento de probar algunas medidas heterodoxas.

¿De qué se trata? Básicamente de intervenciones en mercados sensibles, como las exportaciones de carnes. O incluso la suba de retenciones, como ya advirtió Paula Español.

La secretaria de Comercio es una de las voces más potentes del gabinete económico. Y aunque la posible alza de retenciones fue relativizada por otros funcionarios del área, lo cierto es que la posibilidad está a la mano.

Sin ningún permiso especial, el Gobierno podría elevar de 33% a 35% las retenciones a la soja, en un momento en que el precio del poroto rozó ayer lunes los u$s565 por tonelada. Un número inimaginado hace un semestre, cuando el precio apenas superaba los u$s340.

Lo mismo para el trigo o el maíz, que del 12% podrían saltar al 15% por un simple decreto presidencial.

En el caso de las carnes, el Gobierno ya anunció un monitoreo más de cerca, con el objetivo de impedir mayores saltos en los precios internos. La posibilidad de imponer cupos a las ventas al exterior está latente, menciona una fuente de Economía.

La idea es copiar lo que ya sucede con otros productos sensibles, como el maíz, cuyas exportaciones también se manejan con cupos, de manera de asegurar el abastecimiento interno.

Las próximas semanas serán decisivas para medidas adicionales a las ya tomadas. Tras la sorpresa con la inflación de marzo, el Gobierno quiere demostrar que el tema de los precios se encamina. Se vienen paritarias muy importantes y Guzmán, quien pondera el alineamiento y compromiso sindical con el oficialismo, no quiere que las expectativas estallen por los aires.

Fuente: iprofesional.com

Tags: #economíaInflaciónMartín GuzmánPandemia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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