El DNU que evita el desalojo de inquilinos que no pueden pagar por el inmueble en el que viven vence este miércoles y entre quienes alquilan reina el desconcierto de lo que pasará en las próximas semanas, mientras ven que la única alternativa “es la extensión de la vigencia” de la medida instrumentada el año pasado en el contexto de pandemia.
El presidente de la Asociación en Defensa de Inquilinos, José Luis Griselli, lamentó en diálogo con NA el vencimiento del decreto que prohibió lo desalojos de inquilinos que tienen deudas y señaló que la única alternativa posible de emergencia para evitar que familias queden en la calle es una medida similar mientras se busca una solución de fondo.
Desde la Federación de Inquilinos Nacional señalaron a esta agencia que la situación “es desesperante” para las familias que no pudieron seguir con el pago de su alquiler porque que se quedaron sin empleo e ingresos suficientes durante el 2020 debido a la recesión por la pandemia de COVID-19.
En la Federación estimaron que alrededor del 50% de los inquilinos del país, unas cuatro millones de familias, tuvo inconvenientes para pagar el alquiler aunque sea en un momento del año en 2020 por la crisis económica e indicaron que en muchos casos se decidió tomar un préstamos personal para no queda en la calle.
El presidente Alberto Fernández había firmado el año pasado el decreto 320/2020 para congelar los alquileres e impedir los desalojos; esto se fue prorrogando y las medidas ya no estarán vigentes a partir de mañana, 1 de abril.
Tanto desde la Federación como desde la Asociación en Defensa de Inquilinos dijeron a NA que la única posibilidad para evitar que se efectivicen los desalojos que ya tienen sentencia es una cuarta extensión de la vigencia del decreto, lo cual ya fue descartado por el Gobierno.
¿Una alternativa posible?
El 26 marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, ordenó a su equipo de trabajo elaborar y aprobar el “protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales”.
La decisión, oficializada a través de la Resolución 88/2021 que fue publicada en el Boletín Oficial, ordenó avanzar con el protocolo a la secretaría de Desarrollo Territorial que conduce el abogado y escribano Luciano Scatolini.
Para Griselli, esa iniciativa va en un buen sentido, pero “llegó un poco tarde”, porque ni siquiera se sabe cuándo comenzará el sondeo de las causas activas por procesos de desalojo mientras que las familias “necesitan una respuesta urgente porque el problema es inminente”.
“El sondeo tiene como propósito saber con exactitud cuáles son las familias que quedan en situación de desalojo inmediato. Y cuales son las que está en un proceso. Es una buena medida porque no había información al respecto que pueda demarcar la dimensión del problema con precisión”, dijo Griselli a NA.
Tampoco dijo el Gobierno, indicó Griselli, cuál será la solución que se le dará a las familias una vez que el gobierno tenga armado el protocolo de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar.
“Hoy no sabemos cómo lo van a implementar. Pero la solución tiene que ser inmediata y es un nuevo decreto, no hay otra alternativa. Si la familia no se reubicó por si sola va a quedar al amparo de un subsidio de, por ejemplo, los que se pagan en la Ciudad de Buenos Aires que es un monto bajo para acceder a un hotel familiar por un tiempo”, dijo Griselli.
En ese sentido, señaló que no todas las jurisdicciones de la Argentina tienen previsto un mecanismo de auxilio para los inquilinos desalojados, por lo que muchas familias terminarán viviendo en las calles.
Fuente: Noticias Argentinas
