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Para los abogados defensores, María Ovando debe seguir en libertad

11 marzo, 2021

Luego de que la Cámara de Apelaciones de la Provincia revocara el habeas corpus que había dado lugar el juez César Jiménez el pasado 23 de febrero y que determinara que María Ovando debería volver a prisión, la defensa recusó con causa a los jueces de este Tribunal.

Este jueves al mediodía se conoció que la Cámara de Apelaciones dio lugar a la apelación de la fiscal Correccional y de Menores 1 de Posadas, María Laura Álvarez, pero la defensa alegó que la revocación de la libertad no puede ser ejecutada hasta que sea revisada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Es más, para los abogados de Ovando constituye un caso grave institucionalmente de preopinión, por lo que presentó la recusación con causa.

“Habiendo tomado conocimiento por medios de comunicación de que vuestra Cámara habría revocado la resolución de Hábeas corpus (…) donde consta que a la hora aun no habrían notificado la supuesta resolución, tampoco siquiera la integración de la Cámara, lo que de ser verificada tal actitud, es un pristino caso de preopinión grave institucionalmente, en consecuencia se recusa con expresión de causa a los miembros de la Cámara Dilaccio y Venialgo en los términos de los art. 48 inc. a ley procesal provincial y la doctrina pretoriana constitucional citada”, expresaron.

La defensa también presentó un escrito advirtiendo que “en caso de que vuestra Cámara revoque la resolución del hábeas corpus, debe tenerse presente que tratándose de una revocación la misma no es ejecutoriable hasta tanto -por el principio de doble instancia y derecho a la revisión- no sea confirmada en el caso por el STJ”. 

El abogado defensor de María Ovando e integrante del Equipo Misionero de Derechos Humanos Justicia y Género, Eduardo Paredes, remarcó que “la resolución que haya sacado la Cámara –que hay que decir actuó de muy mala fe porque no fue comunicada por los canales formales que tiene el Poder Judicial– no es ejecutable porque cuando se revoca una libertad como en este caso tiene que haber una instancia de revisión para que sea ejecutable. Y contra esta resolución va ir el recurso de casación que van a tener que revisar obligatoriamente. Hasta tanto no quede firme la revisión en segunda instancia, no puede ser ejecutada. Ovando sigue en las condiciones en las que está”, destacó.

Juicio María Ovando
María Ovando acompañada de sus defensores Roxana Rivas y Eduardo Paredes. Foto de Archivo. Norte Misionero.

 

Antecedentes a favor de María Ovando

Paredes recordó que una de las salas de esta misma Cámara de Apelaciones ya había sostenido que el Hábeas Corpus es la vía procedente contra resoluciones judiciales.

“Esta es una Cámara que tiene dos Salas de dos miembros. La otra Sala, compuesta por José Alberto López y José Jacobo Mass en el caso Santa Cruz dijo que el Hábeas Corpus es la vía procedente cuando no hay otros medios de revisión”, recordó Paredes.

Y agregó: “El Superior Tribunal ya dijo en el 2000 en el caso Serenich que el Hábeas Corpus es procedente contra resoluciones judiciales. Y en ese caso fue contra la resolución judicial del Chaco contra la orden de detención de un médico de Posadas”, argumentó.

Además de estos precedentes de la propia Justicia misionera, Paredes destacó que existen sobrados fallos y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que respalda la vía del Hábeas Corpus para corregir graves arbitrariedades como la detención de María Ovando, con una sentencia recurrida y habiendo estado ella en libertad durante todo el proceso.

Tags: Cámara de ApelacionesDerechos HumanosHabeas corpusMaría OvandoPrisión
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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