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Aceleran la creación de una criptomoneda “misionerista”

7 marzo, 2021
ACTIVO DIGITAL. “Hoy el Bitcoin es privado y emite criptomonedas ¿Por qué el Estado provincial no puede?, señalaron.

El Gobierno de Misiones avanza en varias líneas de trabajo para crear una criptomoneda provincial, sustentada en bonos verdes o bonos de carbono, que sea un activo financiero virtual y genere ingresos al Estado y los ciudadanos.

En el mundo hay más de 5.000 criptomonedas, en su mayoría impulsadas por empresas privadas. En los últimos tiempos, países como China e India buscan desarrollar estos activos para conquistar nuevos mercados. En Argentina hay provincias como Córdoba que han gravado sus operaciones y municipios como Marcos Paz (Buenos Aires), que ya elaboraron una criptomoneda de circulación local para impulsar el consumo.

Sin ir más lejos, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, contó que apostó al Bitcoin (la criptomoneda más famosa) en julio 2013 cuando su valor bajó de US$266 a US$50. Para octubre de ese año trepó a US$140. Si Galperin compró al menos una unidad a US$50 y todavía conserva su inversión, obtuvo una ganancia de casi mil por ciento porque -en la primera semana de marzo del 2021- esta criptomoneda se disparó a casi US$49.000.

Se llama criptomoneda porque no opera sólo como una nueva moneda virtual. Básicamente es un activo digital que puede ser enviada a través del uso de Internet. Existen varios tipos, como el Bitcoin y todas derivan de esta, con algunas diferencias.

Cuenta con reglas tanto para la emisión del activo, que es un número fijo finito (comparable con el oro) y presenta un novedoso sistema que mantiene el historial de transferencias o posesión de la moneda llamado en inglés Blockchain.

 

La criptomoneda misionerista

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, por un lado, coordina un equipo interdisciplinario (también integrado por el diputado Lucas Romero Spinelli; el titular del Fondo de Crédito Horacio Simes, el gerente Gustavo Turkienic; el titular de ATM Rodrigo Vivar; el funcionario de la exDGR Francisco Arizaga; Rodrigo Aranda y Alicia Penayo), que busca las mejores opciones tecnológicas para instrumentar la criptomoneda.

Por otro lado, el titular de la Legislatura, Carlos Rovira, presentó a finales de 2020 un proyecto de ley para crear el Programa Misionero de Innovación Financiera con Tecnología Blockchain y Criptomoneda. Tiene como objetivo “adaptar las nuevas tecnologías como herramientas para potenciar el desarrollo social y económico de la Provincia, como así también otorgar valor a sus recursos naturales”.

Según explicó Safrán, el equipo trabaja en tres líneas: conocer y familiarizarse con la tecnología Blockchain, que permite la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una manera completamente segura. Sería como el libro de asientos contables de una empresa.

En este caso sería un libro de acontecimientos digitales. La información no se pierde, queda guardada en el registro de cada usuario y no hay forma de modificarla sin dejar rastros. Con esta tecnología se está trabajando en un portal “Ciudadano Digital” que estará a cargo de la Agencia Tributaria.

La segunda línea es “tokenizar” bonos de carbono, a partir de las toneladas de oxigeno que emite la selva misionera. La tokenización es una forma de pago virtual, rápida y sencilla que vincula una cuenta con los servicios de pago digitales que se utilicen, administrando y protegiendo los datos personales.

Se pretende que los aportantes voluntarios o las empresas privadas (por Responsabilidad Social Empresaria o por multas a la contaminación ambiental) tengan la opción de comprar bonos de carbono de la selva misionera.

“Para este caso se exige una certificación confiable y de alguna empresa reconocida. Estamos trabajando en un Registro de Certificadores para tener la mejor opción”, explicó Adolfo Safrán a PRIMERA EDICIÓN.

La tercera línea tiene que ver con “generar una criptomoneda sustentada o respaldada por otro activo que puede ser dinerario o financiero”. La idea es que sea más estable en el tiempo y el valor que el Bitcoin.

 

La ley para darle marco

Rovira con su proyecto también pretende “promover políticas ambientales activas y transformadoras de cuidado del ambiente, creando conciencia acerca de los desafíos del cambio climático” y “abordar a través de diferentes proyectos la digitalización integral, la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos a través de herramientas inteligentes de Gobierno, estandarizando los procesos y contribuyendo a la despapelización en los organismos del estado”.

Con la amplia mayoría que posee el Frente Renovador en la Legislatura, se estima que el proyecto será aprobado cuando se tome la decisión política.

Mediante este programa se quiere “implementar una cadena de bloques para llevar adelante la construcción de un soporte digital para el registro de transacciones que se realizan; implementar el uso de activos digitales como medio digital de intercambio para transacciones; implementar smart contracts por medio de la creación del sistema de digitalización”.

Entre las definiciones legales que se impulsaron en la Cámara de Representantes “se entiende por Certificado Verde al documento que avala los beneficios tangibles e intangibles generados por los servicios ecosistémicos, producto del límite a la explotación económica del suelo misionero en términos de la preservación de la biodiversidad”.

De aprobarse, “la validación del Certificado Verde se realiza mediante tecnología blockchain garantizando la trazabilidad, seguridad y transparencia de los procesos y controles”.

En los fundamentos el autor indica que “detrás del bitcoin se encuentra la tecnología que le da soporte y le imprime una característica fundamental a la confiabilidad que el sistema mercantil exige para ser atractivo en términos de inversión y seguridad, nos referimos al blockchain (en español equivale a decir cadena de bloques)”.

El proyecto señaló que la tecnología blockchain comenzó a ganar mayor terreno en el mundo de las contrataciones dentro del elenco de modalidades electrónicas, con lo cual se empezó a tomar cuenta de la necesidad de otorgarle encuadramiento jurídico como desarrollista de las potencialidades económicas que proporcionaba.

A medida que se crean nuevos registros, estos son primeramente verificados y validados por los nodos de la red y luego añadidos a un nuevo bloque que se enlaza a la cadena.

Al ser una tecnología distribuida, donde cada nodo de la red almacena una copia exacta de la cadena, se garantiza la disponibilidad de la información en todo momento.

Por último, dado que cada bloque está matemáticamente vinculado al bloque siguiente, una vez que se añade uno nuevo a la cadena, el mismo se vuelve inalterable. Si un bloque se modifica su relación con la cadena se rompe.

 

¿Son legales? ¿Están reguladas?

Según el ministro Adolfo Safrán, no están reguladas las criptomonedas en ninguna parte del mundo y va a ser muy difícil que sean reguladas porque son intangibles. “Es como ponerle corrales a las nubes”, ejemplificó.

“Se podrán regular cuestiones de control de lavado de dinero, que los emisores sean agentes de información de operaciones sospechosas, pero nada más”, dijo.

Al respecto de la prohibición que establece la Constitución Argentina a los Estados provinciales de acuñar monedas propias, el ministro misionero sostuvo que “no es una moneda, es un activo digital, por eso no le cabe esa prohibición”.

“Hoy el Bitcoin es privado y emite criptomonedas ¿Porque el Estado provincial no puede? Si un privado puede emitir un activo virtual, un Estado también. Al no ser una moneda sino un activo digital queda afuera del marco de la prohibición de emitir moneda”, sentenció.

Tags: CriptomonedaInversionesMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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